Ya con los nombramientos formales de la nuestra estructura jerárquica y operativa del Poder Judicial ha quedado conformada la cadena de mando funcional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, es decir, los mandos reales que mueven todo el engranaje de esa nueva maquinaria que ideó AMLO para someter a los juzgadores a los designios de la presidenta de la República.

Los nombres de Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, y de Ernestina Godoy, consejera Jurídica del Ejecutivo Federal,  saltan a la vista y no solo como los ideólogos de la elección judicial, sino de que el nuevo Frankenstein judicial opere de manera y al gusto de la Titular del Ejecutivo Federal.

Para ello no bastaba contar con nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modo, sino de un organismo interno que ejerza la plena vigilancia de los juzgadores tanto en  su actuación, como en la evolución de su patrimonio personal, si bien el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) no será la Inquisición del Poder Judicial, si será ese ente vigilante con ojos en todas partes para impedir que algún juez, magistrado e incluso ministro, se vaya a pasar de listo, tanto en sus atribuciones legales, como en la conformación de un patrimonio por encima de sus emolumentos personales y legales.

“No se debe tolerar que haya conductas inadecuadas o indolentes en la administración de justicia; no es admisible la impunidad de los malos juzgadores; es inaceptable el retardo de la resolución de asuntos”, dijo la magistrada Celia Maya, presidenta del TDJ.

En tanto, el magistrado Rufino Tamayo advirtió que el TDJ implementará un sistema de control y supervisión integral en todas las instancias de este órgano interno, mediante mecanismos de capacitación y programas preventivos de conductas irregulares.

“Queremos justicia para todos, pero principalmente para las personas que menos oportunidades tienen, queremos respeto a los derechos humanos y aplicación de la ley por encima de privilegios; daremos cárcel a los jueces corruptos y sanciones severas a quienes retarden o resuelvan injustamente”, apuntó el magistrado Tamayo,  uno de los cinco integrantes del TDJ, los otros son, además de la presidenta Celia Maya, Bernardo Bátiz, Indira Isabel García y Eva Verónica de Gyvés.

Los cinco cuentan con la experiencia y prestigio suficiente para llevar a cabo la encomienda más relevante dentro del nuevo Poder Judicial, electo por voto popular.

Así que por un lado tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comandada por el ministro Hugo Aguilar y por otro, el Tribunal de Disciplina Judicial que complementan y conforman al Poder Judicial que estará alineado a la presidencia de la República en donde despachan Arturo Zaldívar y Ernestina Godoy.

Este diseño organizacional permitirá a la presidenta Sheinbaum mantener un control permanente sobre el Poder Judicial y que nada se mueva sin su conocimiento, tal como alguna vez aseverara López Obrador en relación a que todos los asuntos relevantes de la política son del conocimiento del presidente de la República.

Veremos que tanto funciona el aparato judicial con estas líneas de mando, ya que de no hacerlo de inmediato se procederá a cambiar los fusibles fundidos para reemplazarlos por otros.

Por lo pronto, el primer paso que dieron los nueve integrantes de la Suprema Corte fue erróneo ya que no solo se violó el Estado laico con arrodillarse ante Quetzalcóatl, en un símil como si lo hubiera hecho ante otros dioses o ante otra comunidad religiosa.

El baño de pueblo con la transmisión del bastón de mando de algunos pueblos originarios, levantó el cejo de los juristas que piensan que el único ordenamiento al que deben plegarse los ministros es a la Constitución.

El artículo 40 de la Carta Magna apunta que “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal”.

El desliz de los ministros responde más a una instrucción que a voluntad propia, salvo que haya sido una ocurrencia del presidente Hugo Aguilar, quien se cree la reencarnación del prócer oaxaqueño.

La chamanización del máximo Tribunal representa la total ignorancia del estado de derecho que subyace en el Poder Judicial y atentó contra la laicidad.

Los acordeones que acompañaron en su periplo a los nuevos juzgadores y la sobre representación en el Congreso de Morena y rémoras, le quitaron legitimización a la nueva SCJN que nace con una dudosa reputación y poca credibilidad.

Todo el poder en manos de una persona para encaminar a México a nuevos derroteros que esperemos sea para el bien de la Nación, en particular de los que menos tienen y que, por desgracia son la gran mayoría de la población.