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Desde San Lázaro. Encuesta mundial sobre entorno empresarial. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

05 Sep 2025
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Desde San Lázaro. Encuesta mundial sobre entorno empresarial. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/

Las perturbaciones comerciales, la inflación y las tensiones geopolíticas están frenando las perspectivas empresariales mundiales, según los resultados de una nueva encuesta realizada por la International Chamber of Commerce a organizaciones empresariales locales en más de 100 países. Las conclusiones de la Encuesta Económica Mundial 2025 de la Federación Mundial de Cámaras (WCF) de la ICC ofrecen un resumen de las perspectivas empresariales sobre cuestiones económicas clave en todas las economías que, en conjunto, representan el 90% del PIB mundial.

Al analizar el lanzamiento de los resultados de la encuesta en Melbourne, el Secretario General de la ICC, John W.H. Denton AO, dijo: "Esta encuesta proporciona un resumen en tiempo real del panorama empresarial global, destacando la creciente incertidumbre como el principal desafío para las empresas. La encuesta muestra la importancia de la red ICC a la hora de proporcionar información crítica sobre la economía real en un momento de grandes cambios globales. Esperamos que estos hallazgos sirvan como un catalizador para las decisiones políticas capaces de generar prosperidad a las empresas, los trabajadores y a los consumidores".

Si bien el 89% de las cámaras califican el entorno empresarial como aceptable, las brechas regionales son amplias. Las tensiones geopolíticas, la inflación y los aranceles encabezan la lista de obstáculos globales para las empresas, pero los desafíos varían significativamente según la región.

Los encuestados en América del Norte tienen más dificultades con los aranceles (100%), en Oriente Medio y África del Norte con las tensiones geopolíticas (62%), en el sur de Asia con los impuestos (82%) y en América Latina y el Caribe con la inseguridad (70%). La escasez de mano de obra es más aguda en América del Norte (83%), Europa y Asia Central (70%) y Asia Oriental y el Pacífico (54%). La inflación sigue siendo una preocupación importante, con aumentos de precios reportados en más del 90% de los países.

Para más de la mitad de las cámaras encuestadas, el entorno comercial actual es un obstáculo importante para las empresas. La incertidumbre supera a los cambios arancelarios como el principal desafío comercial con el 74% de las cámaras citándolo como un obstáculo significativo.

Las preocupaciones sobre el aumento del proteccionismo son particularmente pronunciadas en Asia Oriental y el Pacífico y América Latina y el Caribe, mientras que las cámaras en Oriente Medio y África del Norte son más optimistas, con un 60% de expectativa de que las condiciones comerciales se estabilicen.

Ante la incertidumbre, las empresas están optando por diversificar sus mercados (67%) y optimizar la gestión de costos (51%), en lugar de relocalizar sus operaciones (25%). El desarrollo del comercio regional está ganando terreno en Asia y Europa, mientras que las empresas norteamericanas están reconsiderando sus cadenas de suministro.

A pesar de los desafíos, las cámaras siguen siendo generalmente optimistas (50%) sobre las condiciones comerciales futuras. Oriente Medio y África del Norte lideran con las perspectivas más positivas, mientras que América Latina y el Caribe, Asia Oriental y el Pacífico, informan de un creciente pesimismo, especialmente en medio de las presiones inflacionarias.

Los resultados de la encuesta también demuestran que el uso de la inteligencia artificial (IA) está ganando terreno en el mundo empresarial, con un 22 % de los encuestados que afirma utilizarla, frente al 16 % en 2024. Asia lidera tanto la adopción como la preparación, pero la falta de experiencia, las preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la falta de preparación de la información empresarial se aluden como obstáculos para el progreso en otros lugares.

BALBINA FERNÁNDEZ GARZA; PANISTA DEUDORA DE NUEVO LEÓN

Ahora que ya está en funciones el Tribunal de Disciplina Judicial a cargo de la presidenta magistrada, Celia Maya, veremos que, por arte de magia, los asuntos “torcidos” que se encuentran en los juzgados detenidos por largo tiempo o que les dan la razón a los infractores de las leyes, comenzarán a tomar un curso apegado totalmente al orden constitucional.

Tenemos a la vista el caso de una recurrente morosa de Nuevo León que se ha pasado defraudando a quien se cruce en el camino sin que juez alguno la meta en cintura. Hablamos  de Balbina Margarita Fernández Garza, militante panista desde 1988,  que vuelve a reaparecer en tribunales (según los quejosos) con un lastre que incomoda: por una deuda monetaria donde presuntamente enfrentó un juicio ejecutivo civil (1366/2022) en los Juzgados de Monterrey; que derivó en una orden ejecutoria de embargo de sus activos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); sin embargo, se amparó bajo el número de expediente   2388/2022 y luego de forma por demás misteriosa para evitar  ser embargada logró un supuesto desistimiento de la  parte acusadora del juicio ejecutivo civil, cuando en realidad nunca ocurrió.   El quid del asunto es que, en marzo de 2025, el Consejo de la Judicatura Federal en un acuerdo que se desconoce su contenido, se pronuncia en favor de la demandada, cuando todas las pruebas indican que es una contumaz morosa y defraudadora.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.