El resquebrajamiento del sector de salud pública con la desaparición del Seguro Popular para dar paso al Insabi y luego “aniquilarlo” por inoperante, burocrático y por tratarse de un monumento a la corrupción y la opacidad, es tan solo un reflejo de lo que ocurre en el IMSS y en ISSSTE, que han sido rebasadas ambas instituciones por la demanda y escasez de presupuesto, además, como un mal endémico, la campeante corrupción que, como cascada, se da de arriba hacia abajo.
La desatención, negligencia y/o encubrimiento de parte del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pedro Zenteno Santaella, han hecho que diversos problemas en la red de hospitales de dicha dependencia se agraven y eso se demuestra con el aumento de quejas del personal de las batas blancas y las cofias, quienes al no encontrar respuesta o ni siquiera ser escuchados por sus autoridades, han trasladado sus demandas a las oficinas de Palacio Nacional en busca de sanciones y acciones correctivas ante anomalías denunciadas con oportunidad, como las que suceden en el otrora prestigiado nosocomio “20 de Noviembre”.
Las quejas en el Centro Médico Nacional referido no son de ahora, ya que existen una serie de oficios diversos, de los cuales tenemos copia, que dan cuenta de una serie de irregularidades y faltas administrativas cometidas durante la gestión de la actual directora, Martha Alvarado Ibarra, quien incluso antes de ser ratificada en el cargo a principios del año en curso, mucho antes y con carácter de encargada, fue denunciada ante el “Comandante Z”, como gusta que le llamen a Zenteno Santaella, sin que éste tomara cartas en el asunto, poniendo oídos sordos a reclamos que nada tuvieran que ver con sus múltiples ocupaciones e intereses de tipo político que en su momento aspiraba al buscar un cargo en el reciente proceso electoral del Estado de México.
En una de las denuncias, dirigidas al presidente Andrés Manuel López Obrador, piden su intervención “para solucionar los problemas derivados de la mala gestión por parte de la Dra. Martha Alvarado Ibarra, directora del CMN 20 de Noviembre del ISSSTE y del Dr. Carlos Alberto Delgado Quintana, encargado de la Coordinación de Medicina” y, entre algunas de la anomalías cometidas, exponen que los funcionarios en cuestión han hecho uso de los recursos públicos para sus intereses o beneficio personal, y han cometido “abuso de su jerarquía y funciones en perjuicio de los derechohabientes de la institución, daño patrimonial, abandono de sus funciones, actos fraudulentos, usurpación de funciones al aparentar cargos inexistentes; además de que ambos atienden a sus parientes que no están afiliados al ISSSTE y a pacientes particulares que tampoco les corresponde este tipo de servicios, mientras que rechazan atender a la población derechohabiente”.
Son tantas denuncias por malos manejos administrativos al interior del CMN “20 de Noviembre”, que a menos de un año de que concluya la presente administración del Gobierno Federal, el personal médico y la derechohabiencia no entienden de donde viene el manto protector en el ISSSTE, en donde no se ha cumplido con el mandato presidencial de eficientar y elevar la calidad de los servicios y menos han garantizado la transparencia en el manejo de sus recursos y la rendición de cuentas.
Son tan graves los ilícitos cometidos con la anuencia de los médicos Alvarado Ibarra y Delgado Quintana, que llama la atención el silencio de las autoridades que en su momento tuvieron a la vista las denuncias correspondientes, como por ejemplo el hecho de que una sobrina y un hermano de directora en comento fueran atendidos con atenciones de privilegio, sin ser derechohabientes, y en situaciones administrativas sospechosas al grado de omitir sus registros como pacientes y sin abrir expedientes clínicos para esconder los nexos familiares, así como los protocolos médicos practicados, siendo el caso de que uno de esos pacientes tuvo un traslado en helicóptero y a la fecha se desconocen los gastos erogados al respecto o de qué manera se comprobaron los recursos materiales utilizados, que, para efectos legales, se podría configurar el delito de desvío de recursos públicos.
Insistimos todo está documentado y tan solo basta con que alguien haga su chamba para descubrir el “hilo negro” y con ello sancionar a los servidores públicos en cuestión.
A poco más de 10 meses de que termine la actual administración, están dejando un cochinero en el ISSSTE que será difícil limpiar en la víspera de que tomen posesión los funcionarios que acompañarán a la próxima presidenta de México.
