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Conferencia tras banderas. Del TLC al T-MEC, de la integración a la competencia. Por: Pepe Rocello. Destacado

14 Ene 2020
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Cuando se planteó la negociación de los acuerdos comerciales con el resto del mundo para nuestro país se inició una nueva etapa, que en ese momento se creía que era una decisión de Estado y no de Gobierno, y que dejaba atrás la visión proteccionista del modelo de desarrollo que se basaba en la industrialización doméstica, instrumentando una política de sustitución de importaciones y con base en ello, propiciar el desarrollo endógeno.

Este periodo se enmarca en el periodo de entreguerras mundiales y se inicia con Ávila Camacho en los 40´s, la cual consistía en sustituir los artículos manufacturados de procedencia extranjera que hasta ese momento habían satisfecho el consumo local, por artículos de la misma naturaleza fabricados por la industria nacional y de consumo generalizado, soportado por los excedentes de la agricultura y que permitió industrializar a nuestro país sujetándonos a la calidad y a los precios que se acordaban por política de control de los mismos de carácter nacional.

Esta etapa, que se conoció como de industrialización ligera, es decir, se importaba tecnología y bienes de capital para producir bienes de consumo medio duraderos y duraderos, principalmente electrodomésticos y se empezaron a armar automóviles, en sustitución de la comercialización que se hacía de vehículos anteriormente, desde 1925 a 1960 en donde se instalaron las principales armadoras de Estados Unidos. En 1965 llega la VW y las armadoras asiáticas, principalmente japonesas con la NISSAN.

Esta segunda etapa, a partir del primer decreto automotriz, se impulsan acciones de componente nacional y sustitución de importaciones en el sector.

Agotada esta etapa, se planteó la siguiente fase de sustitución de bienes de capital y tecnología, la cual nunca se concretó de manera generalizada y se empezó con el desarrollo especializado en aéreas de ventajas relativas soportado por el desarrollo científico tecnológico del IPN y algunas universidades públicas y principalmente privadas que generaron los cuadros para este mercado naciente y en proceso de consolidación a la fecha, no en todas las áreas, solamente en donde tenemos ventajas competitivas adquiridas.

Al inicio de los ochentas con el arribo de la tecnocracia con Miguel de la Madrid, en sustitución del conservadurismo nacionalista del priismo de los cuarentas o post cardenista, hoy en MORENA liderado por AMLO, se inicia la etapa de apertura comercial, con la inclusión de México al GAAT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio que concluye con la conformación de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Con el impulso del TLC con Salinas de Gortari, se inició las negociaciones en 1988, la firma en 1992 y entra en vigor en 1994, inician formalmente los esfuerzos de integración del mayor mercado del mundo, Estados Unidos, México y Canadá, basados en un análisis estructural y comercial, definiendo y reconociendo nuestra desventaja, principalmente tecnológica, laboral y de regulación y en la complementariedad de las economías, principalmente comparativas entre las tres naciones y en ventajas para la inversión regional, sustituyendo el concepto de nación más favorecida y con ello adaptar y adoptar criterios para un buen gobierno, lo que se conoce como la agenda liberal del Consenso de Washington, lo que la oposición conoce como modelo neoliberal.

Este esfuerzo fue, en un inicio comercial, reconociendo que nuestro comercio internacional de manera ordinaria se realiza en un 88% con estos dos países, y que las posteriores revisiones se harían para ir cerrando las brechas en materia de regulación normativa, energética y laboral para avanzar en una integración amplia de nuestros mercados y en una última etapa, evaluar la posibilidad de un esquema similar al mercado común europeo.

Esta ruta se acaba de romper con la revisión que se está haciendo actualmente en el Senado de los EU del TLC 2.0 o T-MEC, y que hoy se sustituye el principio de complementariedad de las economías, que favoreció el comercio de las tres naciones, por una visión proteccionista y competitiva de las tres economías de la región, principalmente porque en nuestro país permitimos la entrada de inversiones que no eran de la región, principalmente, asiáticas y europeas, que utilizaron a nuestro país como trampolín para entrar al mercado de los Estados Unidos de Norte América, que rompió con la ruta de nación más favorecida.

Actualmente, en la negociación se establece el principio de competencia, por ello las acciones y amenazas compensatorias, arancelarias o de cuotas de importación por parte del gobierno de Trump, en donde nuestras ventajas adquiridas, competitivas y absolutas para el mercado norteamericano, no se ven como potencial para la integración, se ven como amenaza para el crecimiento de Estados Unidos.

Hoy se sepulta la visión de la integración del mercado más grande del mundo y se inicia una etapa competitiva de las tres naciones por el mercado de Norteamérica, supeditados a lo que el mercado gringo necesite o que esté dispuesto a comprarnos y no intentar producir en su territorio y negarnos la posibilidad de especializarnos en vista de lo que nuestras capacidades nos dan ventaja frente a las otras dos naciones.

Curiosamente, en ello, el Comandante Supremo de la “Cuatroté” y el equipo negociador de la anterior administración, no han tenido ni siquiera el derecho de réplica en esta revisión forzada del TLC, que impulsa criterios proteccionistas y de desarrollo endógeno de las economías y principalmente de los Estados Unidos y el carácter supletorio temporal de las otras dos economías, es decir Trump impone visiones proteccionistas de los años cuarentas en donde la presente administración de AMLO se ha mostrado como ultraconservador de los principios nacionalistas constitucionales, sin meter las manos la visión del desarrollo endógeno impulsada por la CEPAL, se tendrá que considerar como una alternativa real, aunque sea de manera temporal, independiente de la reelección de Trump o el arribo de los ultraconservadores demócratas al poder.
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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.