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Desde San Lázaro. Se queda sola Gordillo. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

14 Ene 2020
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Elba Esther Gordillo tenía picaporte, derecho a entrar al despacho presidencial, en Palacio Nacional al inicio del actual sexenio, empero, la relación con el presidente López Obrador, Esteban Moctezuma, titular de la SEP y Olga Sánchez Cordero, de Segob, se ha ido desgastando a lo largo de los últimos meses, a grado tal de cerrarse ella misma la puerta para recuperar al Snte, se habla que se concentró mejor en su aspiración de tener bajo su égida un partido político, por ello,  con su yerno, Fernando González y su nieto, René Fujwara, pretende convertir  a la agrupación Redes Sociales Progresistas en un instituto político.

El periplo en esta aventura rumbo al registro oficial, todavía enfrentará varios escollos, entre ellos que muchos de sus adeptos han dado su aval a otras organizaciones que pretenden lo mismo, por lo que la nulidad de esos apoyos será un hecho.

Después de salir de prisión, rumiando su venganza y el deseo de recuperar  lo que ella considera como suyo, Elba Esther decidió recobrar el control del Snte a toda costa, merced a  que, por un  lado, contaba con el beneplácito desde las alturas y por otro, que no había ninguna identificación o comunión de propósitos del nuevo gobierno con Alfonso Cepeda Salas, líder del sindicato de maestros, sin embargo, el tiempo, el apoyo del magisterio a la 4T y los múltiples acercamientos entre el presidente y la dirigencia sindical abonaron para que se revertiera esa percepción.

En el ADN de la maestra está el capricho porque prevalezca su voluntad, por encima de los intereses del actual régimen y de la misma gobernabilidad al pretender trastocar la unidad y la operación del sindicato que más agremiados tiene en América Latina.

Legalmente no existe ninguna posibilidad de que ella conquiste la presidencia del SNTE y ninguna otra posición en virtud de que no cumple con los requisitos que señalan los estatutos, vamos, ni siquiera pagó en tiempo y forma sus cuotas sindicales.

Además, de acuerdo al Reglamento para la Elección de Directivas Seccionales, acorde a la nueva legislación laboral, los procesos de renovación de los dirigentes del gremio magisterial, deben realizarse mediante voto secreto, personal e intransferible entre sus miembros

El magisterio le dio un portazo en pleno rostro a la otrora poderosa lideresa,  al reiterar que a partir del próximo mes iniciarán la renovación de ocho secciones sindicales con la autorización del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y en este año se renovarán 30 secciones sindicales más, rumbo al 2024, en donde Alfonso Cepeda dejará el cargo como secretario General.

De los tiempos en que Gordillo manejaba a su antojo al sindicato de maestros, no queda nadie de sus esbirros en puestos de dirección y los nuevos cuadros de líderes seccionales definitivamente no comulgan con la idea de que retornen los cacicazgos.

Se quedó sola la maestra y los pocos aliados que tenía, se han ido alejando de ella por tres factores; la obnubilación por la venganza y el poder; por caprichosa y autoritaria y porque las “estrellas ya no iluminan su firmamento”.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.