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Desde San Lázaro. La educación pública en entredicho. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

13 Nov 2025
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Desde San Lázaro. La educación pública en entredicho. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/SEP_mx

En la comparecencia de Mario Delgado, secretario de Seguridad Pública, ante el Pleno del Senado con motivo del Primer Informe de Gobierno, volvió el relucir los temas sobre deserción escolar, carencia de recursos presupuestales para las escuelas, la prueba PISA, evaluación de los maestros y hasta las ligas que tuvo este funcionario cuando fue dirigente nacional de Morena con personajes señalados en diversas investigaciones sobre el huachicoleo fiscal.

De hecho, los mismos legisladores del oficialismo carecen de información real y verídica de lo que ocurre en las áreas sensibles del gobierno y que decir de la oposición, ya que, por ejemplo, sobre el ejercicio del presupuesto y otros temas sensibles, se carecen de esos datos sensibles   en virtud de que aquellos organismos que eran contrapesos del Poder Ejecutivo, como el INAI, desaparecieron y las funciones que tenían las borraron de un plumazo.

Por ello, lo que logran rescatar de información de peso en las comparecencias de los miembros del gabinete, les permite actualizarse, aunque esa información es totalmente insuficiente para evaluar la gestión de la presidenta Sheinbaum.

Los servidores públicos que acuden al Congreso, esgrimen un montón de diatribas que habla de una gestión perfecta y, por tanto, la autocrítica está totalmente descartada.

Así ocurrió con la comparecencia de Mario Delgado que fue acuerpado por sus correligionarios y aliados para sortear el encuentro con los senadores.

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló que los objetivos en materia educativa del gobierno son muy claros: cumplir con los preceptos constitucionales para que la educación sea gratuita y de calidad; aumentar la cobertura e incrementar las becas en todos los niveles escolares, pues todos los niños, niñas y adolescentes “deben de estar en la escuela, no en las calles”.

Puros buenos deseos, pero en la realidad hay una gestión que hunde a la juventud mexicana en la ignorancia y el retraso tecnológico.

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, señaló que las evaluaciones educativas como PISA no deberían considerarse como una amenaza u obstáculo, y tampoco debería haber resistencia a estas pruebas, ya que esto sólo debilita el desempeño del sistema educativo y se renuncia a la responsabilidad pública al socavar la oportunidad de saber qué funciona y qué debe ser reemplazado, lo que impide que México compita con el resto del mundo a nivel educativo.

Rolando Rodrigo Zapata Bello, del PRI, refirió que la educación no se defiende con discursos sino con resultados verificables, y por eso es preciso decir que más de la mitad de las escuelas comunitarias no tienen agua, y una de cada tres no tienen electricidad, lo que hace que tomen clases en la calle, de ahí que es importante conocer cuál es la estrategia para reducir los planteles sin servicios básicos y evitar el rezago educativo.

La senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, afirmó que la educación pública atraviesa una de las etapas más complejas por las graves deficiencias en el aprendizaje que se reflejan en los bajos resultados de las muy pocas evaluaciones con las que se cuentan, además de que no se ha cumplido a los maestros con el compromiso que el gobierno hizo respecto a las nuevas reglas de ingreso, remoción y cambios de centros de trabajo.

Dijo Delgado que merced a las becas para los estudiantes se ha evitado la deserción escolar, sin embargo, las mismas cifras oficiales hablan de una tasa de abandono desde la pandemia de 11.6% de la matrícula.

El secretario refirió que se ha logrado beneficiar con la beca Rita Cetina a ocho millones 668 mil estudiantes, cuatro millones 64 mil con la beca Benito Juárez y 409 mil con Jóvenes Escribiendo el Futuro, y que el hecho de que se hayan aprobado en el Presupuesto de Egresos de 2026 más de 50 mil millones de pesos adicionales para becas permitirá que se beneficie a más de 20 millones de becarios.

Al tiempo de emitir otra promesa sobre que 2026 se erradicará el analfabetismo, fue cuestionado sobre si tiene alguna investigación abierta en Estados Unidos o si tiene vigente su visa, a lo que no emitió ninguna respuesta.

“No cabe duda que el cártel de Morena no para de barrer, pero con el dinero de los mexicanos”, acotó la senadora panista, Gina Campuzano, al tiempo de recordar las relaciones perniciosas de Delgado con Sergio Carmona, empresario asesinado y señalado en investigaciones sobre el huachicoleo fiscal.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.