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“VEO A UN MÉXICO CON HAMBRE Y SED DE JUSTICIA”, DISCURSO DE COLOSIO SIGUE VIGENTE A 23 AÑOS DE SU MUERTE

23 Mar 2017
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En medio de una reflexión y debate que en el país se da sobre la vigencia y  futuro del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el Partido Revolucionario Institucional rendirá homenaje a uno de sus dirigentes más populares a 23 años de que fue asesinado. 

El PRI recordará hoy a Luis Donaldo Colosio Murrieta, político nacido en Magdalena de Kino, Sonora, en un evento que se realizará a las 18:00 horas en la sede nacional del tricolor. La ceremonia será encabezada por el presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien estará acompañado por la Secretaria General de dicho instituto, Claudia Ruiz Massieu, y donde el secretario de Salud, José Narro, será el único orador.

Como recordamos, el sonorense fue candidato a la Presidencia de la República  y un día como hoy fue asesinado durante un recorrido por Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.

Era el año de 1994, el año en que entró en vigor el TLC, pero también el año del levantamiento armado en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual había iniciado el primer minuto de enero de ese año, y el movimiento guerrillero no sólo opacó el impacto mediático del tratado comercial sino que en lo político afectó la campaña presidencial que apenas arrancaba el sonorense.

El 6 de marzo de ese año, Luis Donaldo empezó formalmente su campaña en un magno evento realizado en la Ciudad de México, donde pronunció un discurso que prometía reformar a su partido y cambiar la vida política, social y económica del país.

Colosio Murrieta propuso democratizar la vida interna de su partido, lo que en ese tiempo consideraba no una opción sino una necesidad. Hoy a 23 años de la muerte de Colosio, y a 23 años de ese mensaje, los priistas recordarán el ideario del fallido candidato a la Presidencia de la República y seguramente lo harán en medio de reflexiones de lo que quieren para su partido y para los mexicanos.

“Vengo al encuentro con los míos”, habría dicho al inicio de su discurso en Lomas Turinas, fue el último que habría de pronunciar Luis Donaldo. Hoy la militancia tricolor asistirá al “encuentro con los ideales de Colosio”, lo recordarán y seguramente la remembranza los hará encontrar en su memoria las palabras del 6 de marzo de 1994: “Veo a un México con hambre y sed de justicia”.

En el pensamiento colosista había oposición a la pretensión de ubicar al PRI como principal obstáculo a la transformación democrática de México y su desarrollo económico y social, de ahí que Luis Donaldo se impusiera la tarea de poner en pie un partido en las propuestas y con ánimo trasformador.

No hay duda, en los tiempos actuales sigue vigente el ideario de Colosio, como también sigue vigente entre el priismo la idea de transformar a su partido, un partido que adquiera un mayor compromiso en la agenda social. Eso es lo que se recordará hoy, porque lo del TLC es una mera coyuntura.

Luis Donaldo Colosio fue dirigente nacional del PRI de diciembre de 1988 hasta abril de 1992, posteriormente fue secretario de Desarrollo Social entre abril de 1992  noviembre de 1993. Fue candidato a la Presidencia de la República de diciembre de 1993 al 23 de marzo de 1994, fecha en que fue asesinado.

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El apunte del director

  • Octubre 2026

    Una decapitación orquestada desde la 4T

    La decapitación de la estatua del expresidente Felipe Calderón en Los Pinos no puede reducirse a una anécdota de protesta sindical ni mucho menos justificarse como un simple acto simbólico contra quien decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Lo ocurrido es un acto de vandalismo dentro de un recinto administrado por el Estado y, por ello, plantea una pregunta elemental: ¿cómo fue posible que un grupo de manifestantes ingresara, destruyera una escultura y se paseara con su cabeza sin que la seguridad del lugar lo impidiera?

    Los hechos están documentados. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, azuzados por Jesús Ramírez Cuevas, asesor presidencial, ingresaron al Complejo Cultural Los Pinos después de manifestarse contra Calderón, quien participaba en el Foro América Libre 2026. Los inconformes encontraron la estatua en el suelo, donde permanecía desde que un árbol la derribó en 2025, y procedieron a golpearla hasta desprenderle la cabeza. Uno de los participantes incluso caminó con ella antes de arrojarla contra el piso.

    La primera responsabilidad del gobierno es por omisión. Durante más de un año permitió que una pieza perteneciente al acervo histórico de Los Pinos permaneciera abandonada en el suelo. En julio de 2025, la dirección del complejo había anunciado que sería restaurada y reinstalada; eso no ocurrió.

    La segunda responsabilidad es todavía más grave: la incapacidad o falta de voluntad de la seguridad del recinto para impedir su destrucción. Los reportes disponibles señalan que durante el vandalismo no hubo intervención policial ni del personal encargado de proteger el Centro Cultural.

    Y allí aparece el problema político.

    No existe hasta ahora evidencia pública que permita asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la agresión o que Jesús Ramírez instruyó al SME para destruir la estatua. Afirmarlo como hecho sin pruebas desviaría la atención de algo que sí puede exigirse al gobierno: explicar por qué permitió que ocurriera dentro de un inmueble bajo responsabilidad federal y por qué nadie protegió un bien que formaba parte del recinto.

    Porque el Estado de derecho también se defiende cuando el personaje agraviado es un adversario político.

    Felipe Calderón puede ser cuestionado por sus decisiones de gobierno; el SME tiene todo el derecho de repudiar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, protestar contra el expresidente y exigir justicia por lo que considere agravios históricos. Lo que nadie tiene derecho a hacer es sustituir la protesta por la destrucción de bienes dentro de instalaciones públicas.

    Un gobierno democrático no puede administrar la legalidad dependiendo de quién sea la víctima. Si mañana un grupo contrario a López Obrador destruyera una estatua suya dentro de un recinto federal mientras los guardias observan pasivamente, el oficialismo reclamaría —con razón— la aplicación de la ley.

    Ese mismo principio debe valer para Calderón.

    La escena de Los Pinos es particularmente desafortunada porque convierte la intolerancia política en espectáculo: una estatua decapitada, una cabeza paseada como trofeo y una autoridad aparentemente incapaz de detener la destrucción.

    La Presidencia y la Secretaría de Cultura deberían explicar qué ocurrió, quién tenía bajo su responsabilidad la seguridad del complejo, por qué no intervino y qué consecuencias habrá.

    No hacerlo significaría enviar un mensaje peligroso: que en México existen actos de vandalismo tolerables dependiendo de contra quién se cometan.

    Y cuando el poder comienza a seleccionar qué patrimonio merece protección y qué adversario merece el abandono, lo que termina decapitado no es solamente una estatua.

    Es el principio elemental de que la ley debe aplicarse a todos por igual.