Contáctanos: 5546 8746
Síguenos en:
Fecha:

EJÉRCITO EXIGE A AMLO PROBAR SUS DICHOS

22 Mar 2017
264 veces
  • La Sedena señala que son “injurias” y “ofensas”  las declaraciones de quienes “sin fundamento” acusan a militares de violar impunemente derechos humanos.
  • Retó a los “actores sociales” que tengan pruebas en contra de soldados que las presente para que sean investigadas: General Beltrán Benítez.

Aunque no se menciona directamente el nombre del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, el Ejército mexicano, en voz del general José Carlos Beltrán Benítez, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, fijó postura en torno a las declaraciones hechas hace una semanas en Nueva York por AMLO respecto al caso Ayotzinapa.

En conferencia de prensa la Sedena rechazó las declaraciones ‘‘sin fundamento’’ de quienes acusan a militares de violar impunemente derechos humanos y retó a los ‘‘actores sociales’’ que tengan pruebas en contra de soldados que hayan vulnerado las garantías fundamentales a que las presenten para que sean investigadas, porque son ‘‘injurias y ofensas’’.

Ello respecto al actuar de Andrés Manuel López Obrador, el pasado 14 de marzo, en su gira por Estados Unidos, donde al hacer frente a uno de los padres de los 43 normalistas quien lo increpó sobre su relación con José Luis Abarca y Ángel Aguirre Rivero -en el tiempo de la desaparición de los jóvenes el primero alcalde de Iguala, encarcelado como el autor intelectual y el segundo gobernador de la entidad-, y cuestionarlo sobre  dónde estaban los jóvenes, tras evadir la respuesta el Peje le contestó que el preguntará a Peña Nieto y al Ejército, lo que se suma a otras ocasiones en las que ha acusado a las fuerzas armadas de reprimir al pueblo.

El general José Carlos Beltrán Benítez indicó que se han mencionado supuestas responsabilidades sin la más mínima evidencia, por hechos investigados no sólo por autoridades judiciales nacionales, sino por grupos de expertos que han presentado conclusiones que desvinculan al personal militar de los hechos delictivos que fueron materia de su análisis.

‘‘Inclusive se ha difamado sobre hechos represivos que ofenden al instituto armado y también a la sociedad. Ante esto, se responde que hemos dado muestras de tolerancia y prudencia en un sinnúmero de ocasiones, desde agresiones físicas a instalaciones militares, a integrantes del Ejército y Fuerza Aérea, hasta injurias y ofensas provocadas’’.

Ante estas descalificaciones, aseveró Beltrán Benítez, la Secretaría de la Defensa Nacional rechaza ‘‘enfática y contundentemente estos señalamientos de diferentes orígenes’’.

El director general de Derechos Humanos de la Sedena reivindicó el compromiso de los militares en el respeto a todas las garantías y su compromiso con la legalidad. Cabe señalar que hace unos días tanto el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, criticaron abiertamente a López Obrador por ‘‘atacar sin fundamento a las fuerzas armadas’’.

El general Beltrán Benítez sostuvo que la dependencia no tolera ni encubre ninguna conducta de ningún elemento castrense que atente contra los derechos fundamentales de las personas, ‘‘facilitando la intervención de las autoridades competentes para la investigación y sanción en casos en los que proceda.

‘‘Si alguna persona considera contar con pruebas, que presente las supuestas quejas y acusaciones de las que se ha especulado ante los medios de comunicación; se le hace una atenta invitación para que las presente ante las autoridades competentes para que éstas procedan conforme a derecho en contra de quien o quienes puedan ser responsables.

‘‘Con todo respeto, reitero que la Secretaría de la Defensa Nacional rechaza enfáticamente los diversos señalamientos públicos que pretenden descalificar las acciones que diariamente realizamos con profundo orgullo los integrantes de las fuerzas armadas, al afirmar inclusive que pretendemos que existan disposiciones legales a modo para poder transgredir los derechos humanos, lo cual es total y absolutamente falso, generando opiniones totalmente contrarias a la naturaleza del servicio al pueblo de México.’’

El general fue interrogado en la sesión de preguntas y respuestas sobre quiénes son las personas que habían hecho ‘‘señalamientos públicos’’ sin pruebas, respondió sin dar ningún nombre. Dijo: como ustedes saben, en diversos medios de comunicación se han establecido diversas afirmaciones que de manera expresa, de manera categórica, agreden no solamente a la sociedad: agreden a las fuerzas armadas. Estas acusaciones no sólo carecen de elementos que lo demuestren, y consecuentemente son falsas hasta que una autoridad en el ejercicio de sus facultades nos demuestre que ocurrieron o que algún militar es responsable. (Con información de La Jornada)

Valora este artículo
(0 votos)

El apunte del director

  • Octubre 2026

    Una decapitación orquestada desde la 4T

    La decapitación de la estatua del expresidente Felipe Calderón en Los Pinos no puede reducirse a una anécdota de protesta sindical ni mucho menos justificarse como un simple acto simbólico contra quien decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Lo ocurrido es un acto de vandalismo dentro de un recinto administrado por el Estado y, por ello, plantea una pregunta elemental: ¿cómo fue posible que un grupo de manifestantes ingresara, destruyera una escultura y se paseara con su cabeza sin que la seguridad del lugar lo impidiera?

    Los hechos están documentados. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, azuzados por Jesús Ramírez Cuevas, asesor presidencial, ingresaron al Complejo Cultural Los Pinos después de manifestarse contra Calderón, quien participaba en el Foro América Libre 2026. Los inconformes encontraron la estatua en el suelo, donde permanecía desde que un árbol la derribó en 2025, y procedieron a golpearla hasta desprenderle la cabeza. Uno de los participantes incluso caminó con ella antes de arrojarla contra el piso.

    La primera responsabilidad del gobierno es por omisión. Durante más de un año permitió que una pieza perteneciente al acervo histórico de Los Pinos permaneciera abandonada en el suelo. En julio de 2025, la dirección del complejo había anunciado que sería restaurada y reinstalada; eso no ocurrió.

    La segunda responsabilidad es todavía más grave: la incapacidad o falta de voluntad de la seguridad del recinto para impedir su destrucción. Los reportes disponibles señalan que durante el vandalismo no hubo intervención policial ni del personal encargado de proteger el Centro Cultural.

    Y allí aparece el problema político.

    No existe hasta ahora evidencia pública que permita asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la agresión o que Jesús Ramírez instruyó al SME para destruir la estatua. Afirmarlo como hecho sin pruebas desviaría la atención de algo que sí puede exigirse al gobierno: explicar por qué permitió que ocurriera dentro de un inmueble bajo responsabilidad federal y por qué nadie protegió un bien que formaba parte del recinto.

    Porque el Estado de derecho también se defiende cuando el personaje agraviado es un adversario político.

    Felipe Calderón puede ser cuestionado por sus decisiones de gobierno; el SME tiene todo el derecho de repudiar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, protestar contra el expresidente y exigir justicia por lo que considere agravios históricos. Lo que nadie tiene derecho a hacer es sustituir la protesta por la destrucción de bienes dentro de instalaciones públicas.

    Un gobierno democrático no puede administrar la legalidad dependiendo de quién sea la víctima. Si mañana un grupo contrario a López Obrador destruyera una estatua suya dentro de un recinto federal mientras los guardias observan pasivamente, el oficialismo reclamaría —con razón— la aplicación de la ley.

    Ese mismo principio debe valer para Calderón.

    La escena de Los Pinos es particularmente desafortunada porque convierte la intolerancia política en espectáculo: una estatua decapitada, una cabeza paseada como trofeo y una autoridad aparentemente incapaz de detener la destrucción.

    La Presidencia y la Secretaría de Cultura deberían explicar qué ocurrió, quién tenía bajo su responsabilidad la seguridad del complejo, por qué no intervino y qué consecuencias habrá.

    No hacerlo significaría enviar un mensaje peligroso: que en México existen actos de vandalismo tolerables dependiendo de contra quién se cometan.

    Y cuando el poder comienza a seleccionar qué patrimonio merece protección y qué adversario merece el abandono, lo que termina decapitado no es solamente una estatua.

    Es el principio elemental de que la ley debe aplicarse a todos por igual.