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TEXCOCO CON ALTOS ÍNDICES DE FEMINICIDIO/POLITIZAN ALERTA DE GÉNERO EN EDOMEX/PANAL PROPONE CONGRESO UNICAMARAL

24 Mar 2017
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Más con ánimo de politizar el doloroso tema del feminicidio que el de contribuir a que el problema se atienda seriamente, el diputado Renato Josafat Molina Arias, del grupo parlamentario de Morena, señaló que las alertas de género no están funcionando en el país por lagunas jurídicas y por falta de voluntad política de las autoridades en sus tres niveles de gobierno.

En el marco de los posicionamientos para aprobar el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta semana en la Cámara de Diputados, el legislador dijo que el procedimiento de alerta de género sigue siendo muy largo e ineficiente, pues no responde a la urgencia que debería, por lo que aplaudió la propuesta de su partido de reformar el artículo 25 y adicionar el 25 Bis, que establece un procedimiento ágil y claro para emitir la declaratoria, en lugar del trámite tortuoso y burocrático que se ha seguido hasta el día de hoy

Hasta ahí todo bien, pero luego el diputado Molina Arias, al referirse al Estado de México como la entidad donde se ha acentuado el problema del feminicidio, acusó al gobernador Eruviel Ávila de falta de voluntad política para atender el asunto, lo cual está bien, pero luego sin venir al caso exaltó la labor de la diputada con licencia, Delfina Gómez, hoy candidata de Morena al gobierno mexiquense, cuando esta era presidenta municipal del municipio de Texcoco y presumió que el año pasado ella organizó un foro, que se denominó Estado de México feminicida.

Así, sin más, lejos de ayudar a su correligionaria en campaña, le dio un raspón de manera involuntaria, ya que no presentó resultados del foro referido y prácticamente dijo que es lo único que realizó en la materia, y en ese afán por querer llevar el feminicidio al terreno de la política habría que recordarle que de los 11 municipios que recibieron la declaratoria de alerta en el territorio mexiquense Texcoco fue uno de los de mayor incidencia.

Reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que en 2014 Texcoco presentó 25.2 delitos por cada mil habitantes, siendo el cuarto municipio con mayores niveles de violencia de género. Otros municipios con alta incidencia delictiva en materia de feminicidos en la entidad mexiquense son: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Netzahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán, Calle de Chalco Solidaridad.

Esa información no la presentó el diputado Renato Josafat, y no lo hizo porque su ex compañera de bancada está en campaña y hacerlo hubiera significado como una mordida de lengua. Qué pena que el tema sea llevado al terreno de la política en lugar de procurar que estos delitos no sucedan en el Estado de México, en ningún parte del país.

Por lo demás, si con algo nos quedamos de la intervención del diputado de Morena, es que en la más alta tribuna del país haya hecho señalamientos que deben ser atendidos de inmediato por todas las autoridades del país, y que con puntualidad haya dicho que el gobierno federal y las entidades federativas tienen una idea muy equivocada de lo que es la alerta de género. ”La alerta de género es una medida de protección colectiva que obliga a actuar a los tres ámbitos de gobierno para que de manera coordinada se enfrente, erradique y prevenga, de forma pronta y expedita sin dilaciones”, acotó el legislador.

CONGRESO UNICAMARAL

Nada descabellada es la propuesta que el coordinador de los diputados de Nueva Alianza, Alfredo Valles Mendoza, presentó en estos días en la Cámara Baja. Dijo que con la propuesta se busca fortalecer al Poder Legislativo a través de un sistema unicameral que permita la agilización de los trámites, además de erradicar la duplicidad de funciones y generar un ahorro en época de austeridad.

“Hablamos de comenzar de cero y crear un cuerpo legislativo único, con 500 integrantes electos por mayoría relativa y representación proporcional, donde todos y cada uno de los ciudadanos se sientan realmente representados”, señaló Valles Mendoza.

En su oportunidad,  Luis Castro Obregón, líder nacional del Panal, quien asistió al Palacio Legislativo de San Lázaro, con el propósito de respaldar la iniciativa, aseguró que ésta propone un mejor sistema de representación con el fin de acercar a los representantes populares con los representados, y fortalecer al Poder Legislativo en atribuciones y en imagen para contribuir al equilibrio de los tres poderes de la Unión, anhelado desde los fundadores de la República.

Con la propuesta presentada se habla de un ahorro de los recursos públicos de alrededor de 5 mil millones, pero más allá de esa cantidad en estos tiempos que se habla de austeridad, transparencia y eficiencia del servicio público, la ideas no parece ser mala. Ojalá que la propuesta no se eche en saco roto, porque las funciones del Congreso Mexicano están en etapa de revisión y reflexión, y el rumbo que más se acerca a su realidad es la reducción en número de integrantes; en gastos , en una mayor calidad y eficiencia en sus resultados. Es cuanto.

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El apunte del director

  • Octubre 2026

    Una decapitación orquestada desde la 4T

    La decapitación de la estatua del expresidente Felipe Calderón en Los Pinos no puede reducirse a una anécdota de protesta sindical ni mucho menos justificarse como un simple acto simbólico contra quien decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Lo ocurrido es un acto de vandalismo dentro de un recinto administrado por el Estado y, por ello, plantea una pregunta elemental: ¿cómo fue posible que un grupo de manifestantes ingresara, destruyera una escultura y se paseara con su cabeza sin que la seguridad del lugar lo impidiera?

    Los hechos están documentados. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, azuzados por Jesús Ramírez Cuevas, asesor presidencial, ingresaron al Complejo Cultural Los Pinos después de manifestarse contra Calderón, quien participaba en el Foro América Libre 2026. Los inconformes encontraron la estatua en el suelo, donde permanecía desde que un árbol la derribó en 2025, y procedieron a golpearla hasta desprenderle la cabeza. Uno de los participantes incluso caminó con ella antes de arrojarla contra el piso.

    La primera responsabilidad del gobierno es por omisión. Durante más de un año permitió que una pieza perteneciente al acervo histórico de Los Pinos permaneciera abandonada en el suelo. En julio de 2025, la dirección del complejo había anunciado que sería restaurada y reinstalada; eso no ocurrió.

    La segunda responsabilidad es todavía más grave: la incapacidad o falta de voluntad de la seguridad del recinto para impedir su destrucción. Los reportes disponibles señalan que durante el vandalismo no hubo intervención policial ni del personal encargado de proteger el Centro Cultural.

    Y allí aparece el problema político.

    No existe hasta ahora evidencia pública que permita asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la agresión o que Jesús Ramírez instruyó al SME para destruir la estatua. Afirmarlo como hecho sin pruebas desviaría la atención de algo que sí puede exigirse al gobierno: explicar por qué permitió que ocurriera dentro de un inmueble bajo responsabilidad federal y por qué nadie protegió un bien que formaba parte del recinto.

    Porque el Estado de derecho también se defiende cuando el personaje agraviado es un adversario político.

    Felipe Calderón puede ser cuestionado por sus decisiones de gobierno; el SME tiene todo el derecho de repudiar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, protestar contra el expresidente y exigir justicia por lo que considere agravios históricos. Lo que nadie tiene derecho a hacer es sustituir la protesta por la destrucción de bienes dentro de instalaciones públicas.

    Un gobierno democrático no puede administrar la legalidad dependiendo de quién sea la víctima. Si mañana un grupo contrario a López Obrador destruyera una estatua suya dentro de un recinto federal mientras los guardias observan pasivamente, el oficialismo reclamaría —con razón— la aplicación de la ley.

    Ese mismo principio debe valer para Calderón.

    La escena de Los Pinos es particularmente desafortunada porque convierte la intolerancia política en espectáculo: una estatua decapitada, una cabeza paseada como trofeo y una autoridad aparentemente incapaz de detener la destrucción.

    La Presidencia y la Secretaría de Cultura deberían explicar qué ocurrió, quién tenía bajo su responsabilidad la seguridad del complejo, por qué no intervino y qué consecuencias habrá.

    No hacerlo significaría enviar un mensaje peligroso: que en México existen actos de vandalismo tolerables dependiendo de contra quién se cometan.

    Y cuando el poder comienza a seleccionar qué patrimonio merece protección y qué adversario merece el abandono, lo que termina decapitado no es solamente una estatua.

    Es el principio elemental de que la ley debe aplicarse a todos por igual.