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NOMBRAN A ERNESTO NEMER COORDINADOR GENERAL DE CAMPAÑA EN EDOMEX

21 Mar 2017
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Tal vez porque sabe que la elección del 4 de junio será intensa y de pronósticos reservados, y que PRI tiene posibilidades de ganar, el precandidato electo del PRI al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, nombró a Ernesto Nemer Álvarez como coordinador general de su campaña y conforme se acerca el inicio de ésta, que será a partir del primer segundo del 3 de abril, el mexiquense hace los ajustes necesarios para llegar a su cita electoral con un equipo fuerte, sólido y con mucha experiencia en las lides políticas, del cual está seguro responderán en el reto electoral que tienen frente a sí.

En una especie de fotografía del momento, algunas encuestas señalan que el tricolor encabeza las preferencias electorales, y muy de cerca le siguen en el ánimo electoral las abanderadas del PAN y Morena, pero el representante priista no se confía, por lo que rumbo a su compromiso cuida y da seguimiento a todos los frentes de trabajo.

Desde ahora los analistas políticos, las casas encuestadoras y la ciudadanía en general opinan que la del Estado de México será una elección cerrada y en ese escenario Del Mazo Maza no descuida ni un solo detalle en las diversas etapas que tendrá su campaña, lo mismo revisa la estructura organizativa de su partido como el perfil de cada uno de los integrantes que coordinaran su campaña en los próximos días y se capacitan para defender jurídicamente los votos obtenidos después de los comicios.

En esos ajustes, el precandidato nombró al diputado federal, Jorge Carlos Ramírez Marín como delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para esta elección, y Erasto Martínez Rojas, se incorpora a su campaña como vicecoordinador general. Enrique Jacob Rocha, se incorporó como Jefe de la Oficina del candidato, quien en la precampaña le asistió como coordinador general al aspirante tricolor.

Con estos movimientos, prácticamente el Alfredo Del Maza se declara listo para la contienda electoral mexiquense, donde estarán en juego más de 11 millones de votos y de ahí el interés que este proceso tiene ante la opinión pública y ciudadanos en general, ya que esa cifra representa casi el 14% de la fuerza electoral del país.

Los que saben dicen en el grupo de hombres y mujeres que se han integrado al equipo de campaña no sólo son los mejores en cuanto a perfiles políticos, sino que todos ellos anticipan desde ahora el mejor equipo para gobernar la entidad.

Factor importante, también, es la buena imagen de la que gozan en el estado los mandatarios nacional, Enrique Peña Nieto, y estatal, Eruviel Ávila, quienes han hecho mancuerna en las tareas de gobierno y en la entidad hay mucho que presumir en materia de obra pública y programas de desarrollo social,  argumentos que sin duda se verán reflejados en el ánimo electoral de la sociedad. Hay un ambiente favorable para el PRI, así opinan los mexiquenses.

Es cierto, los partidos políticos todos encaminan sus esfuerzos a ganar la gubernatura en juego, pero está claro que en este proceso nadie quiere perder el bastión de votos que significa la entidad mexiquense, que en el mapa electoral está dividido en 45 distritos locales, y el ganador se pondría en un escenario con posibilidades de impulsar al candidato que vaya en pos de la silla presidencial, ese es el plus de la elección mexiquense.

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El apunte del director

  • Octubre 2026

    Una decapitación orquestada desde la 4T

    La decapitación de la estatua del expresidente Felipe Calderón en Los Pinos no puede reducirse a una anécdota de protesta sindical ni mucho menos justificarse como un simple acto simbólico contra quien decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Lo ocurrido es un acto de vandalismo dentro de un recinto administrado por el Estado y, por ello, plantea una pregunta elemental: ¿cómo fue posible que un grupo de manifestantes ingresara, destruyera una escultura y se paseara con su cabeza sin que la seguridad del lugar lo impidiera?

    Los hechos están documentados. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, azuzados por Jesús Ramírez Cuevas, asesor presidencial, ingresaron al Complejo Cultural Los Pinos después de manifestarse contra Calderón, quien participaba en el Foro América Libre 2026. Los inconformes encontraron la estatua en el suelo, donde permanecía desde que un árbol la derribó en 2025, y procedieron a golpearla hasta desprenderle la cabeza. Uno de los participantes incluso caminó con ella antes de arrojarla contra el piso.

    La primera responsabilidad del gobierno es por omisión. Durante más de un año permitió que una pieza perteneciente al acervo histórico de Los Pinos permaneciera abandonada en el suelo. En julio de 2025, la dirección del complejo había anunciado que sería restaurada y reinstalada; eso no ocurrió.

    La segunda responsabilidad es todavía más grave: la incapacidad o falta de voluntad de la seguridad del recinto para impedir su destrucción. Los reportes disponibles señalan que durante el vandalismo no hubo intervención policial ni del personal encargado de proteger el Centro Cultural.

    Y allí aparece el problema político.

    No existe hasta ahora evidencia pública que permita asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la agresión o que Jesús Ramírez instruyó al SME para destruir la estatua. Afirmarlo como hecho sin pruebas desviaría la atención de algo que sí puede exigirse al gobierno: explicar por qué permitió que ocurriera dentro de un inmueble bajo responsabilidad federal y por qué nadie protegió un bien que formaba parte del recinto.

    Porque el Estado de derecho también se defiende cuando el personaje agraviado es un adversario político.

    Felipe Calderón puede ser cuestionado por sus decisiones de gobierno; el SME tiene todo el derecho de repudiar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, protestar contra el expresidente y exigir justicia por lo que considere agravios históricos. Lo que nadie tiene derecho a hacer es sustituir la protesta por la destrucción de bienes dentro de instalaciones públicas.

    Un gobierno democrático no puede administrar la legalidad dependiendo de quién sea la víctima. Si mañana un grupo contrario a López Obrador destruyera una estatua suya dentro de un recinto federal mientras los guardias observan pasivamente, el oficialismo reclamaría —con razón— la aplicación de la ley.

    Ese mismo principio debe valer para Calderón.

    La escena de Los Pinos es particularmente desafortunada porque convierte la intolerancia política en espectáculo: una estatua decapitada, una cabeza paseada como trofeo y una autoridad aparentemente incapaz de detener la destrucción.

    La Presidencia y la Secretaría de Cultura deberían explicar qué ocurrió, quién tenía bajo su responsabilidad la seguridad del complejo, por qué no intervino y qué consecuencias habrá.

    No hacerlo significaría enviar un mensaje peligroso: que en México existen actos de vandalismo tolerables dependiendo de contra quién se cometan.

    Y cuando el poder comienza a seleccionar qué patrimonio merece protección y qué adversario merece el abandono, lo que termina decapitado no es solamente una estatua.

    Es el principio elemental de que la ley debe aplicarse a todos por igual.