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Información de los Estados: 23 de febrero de 2026

23 Feb 2026
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Información de los Estados: 23 de febrero de 2026 Imagen tomada de: https://x.com/conagua_clima

Sarampión se expande por centro y occidente
(23-02-2026) Milenio Diario

México acumula 10 mil 439 casos confirmados de sarampión, 27 mil 621 probables y 31 defunciones, de acuerdo con el informe diario de la Dirección General de Epidemiología. Chihuahua encabeza la lista con 4 mil 510 casos; Jalisco registra 3 mil 031; Chiapas, 621; Michoacán, 320; Ciudad de México, 308; Guerrero, 296; Sinaloa, 263; Sonora, 182; Estado de México, 123, y Colima, Durango y Puebla, 97 cada uno.

 

 

Otra vez sacan la cobija ante ola de frío
(23-02-2026) El Heraldo de México, pág. 21

El frente frío número 37 ha ingresado al país, provocando un cambio en las condiciones climáticas de la Ciudad de México. Después de varios días con temperaturas elevadas, se esperan bajas temperaturas y vientos fuertes en la capital desde ayer, 22, y hasta el 24 de febrero.

 

 

Sheinbaum promete trabajo en equipo para afrontar crisis de agua en Coahuila
(23-02-2026) La Crónica de Hoy, pág. 1, 9

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que esta misma semana estarán en el estado de Coahuila, equipos de diversas dependencias para atender varias situaciones en aquella entidad, como abasto de agua, problemas de drenaje, atención al campo y creación de empleos.

 

 

La caída del Mencho
(23-02-2026) El Heraldo de México

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG, tras una operación para capturarlo, sacudió ayer al país. Su impacto y consecuencias apenas podemos imaginarlas. Al operativo de las fuerzas de seguridad mexicanas, respaldadas, según reconoció la propia Secretaría de la Defensa, por los "trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con EU, [que] contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país", siguió un infierno. Pánico en el aeropuerto de Guadalajara, vuelos cancelados en el de Puerto Vallarta, gasolineras incendiadas, decenas de narcobloqueos y cientos de imágenes con vehículos robados en llamas viralizándose, docenas de sucursales del Banco del Bienestar ardiendo...

 

 

Encienden al País; bloqueos carreteros en 20 estados
(23-02-2026) El Norte

El Gabinete de Seguridad informó que en 20 entidades del país se registró un total de 252 bloqueos, de los cuales, a las 20:00 horas de ayer, 23 de ellos se encontraban activos. En una tarjeta informativa señaló que, en Jalisco, donde fue detenido Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se reportaron 65 bloqueos, principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas. "En Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas se registraron eventos focalizados y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata por las autoridades", detalló.

 

 

SEMARNAT retira denuncia penal contra grupo México por río Sonora
(23-02-2026) Contralínea

En los primeros días de enero de 2026, la Secretaría de Gobernación ordenó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales desistirse de la denuncia penal contra el Grupo México, relacionada con la contaminación del Río Sonora, como parte de los acuerdos alcanzados a fines de 2025 entre los secretarios Rosa Icela Rodríguez y Edgar Amador -de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- con altos directivos de la compañía minera. La decisión de desistirse de la denuncia penal se tomó el 22 de diciembre de 2025, como parte de los acuerdos de alto nivel alcanzados ese día entre la empresa del magnate Germán Larrea -y en la que también participa el fondo buitre BlackRocky el gobierno federal, durante las mesas de diálogo en las que también participaron la secretaria Alicia Bárcena -de Medio Ambiente-, directivos del IMSS y del IMSS-Bienestar, funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua.

 

 

Detienen a 15 generadores de violencia en Tapachula
(23-02-2026) La Crónica de Hoy, pág. 12

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que, en seguimiento de varias denuncias ciudadanas en Tapachula, Chiapas, fueron detenidos 15 generadores de violencia. Las acciones de seguridad fueron encabezadas por la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Chiapas, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Chiapas; Secretaría de la Defensa; Secretaría de Marina; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; y de la Fiscalía General de la República.

 

 

Falta protección a defensores de DDHH
(23-02-2026) Reporte Índigo

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" (Red TDT) contabilizó que, en 2025, 40 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas a nivel nacional. De ellas 12 fueron madres buscadoras, uno de los sectores más afectados y que corren mayor riesgo por la defensa de los Derechos Humanos. Las entidades de Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Michoacán concentran la mayor cantidad de estos crímenes.

 

 

Economía perfila crecimiento de 2.3% en enero
(23-02-2026) El Financiero, pág. 8

La actividad económica en México perfila un avance de 2.3 por ciento en enero de este año, el mayor desde marzo de 2024, ante un mayor dinamismo en la industria, de acuerdo con datos del INEGI. El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) anticipa que la industria creció 2.1 por ciento anual, el mayor dato desde noviembre de 2023, mientras que el sector servicios habría crecido 2.2 por ciento, un dato similar al mes previo.

 

Respalda 85% de los canadienses al T-MEC
(23-02-2026) El Financiero, pág. 7

En medio de las tensiones comerciales en Norteamérica y de la inminente revisión del T-MEC, el 85 por ciento de los canadienses considera que es importante preservar el tratado para la salud de la economía nacional, de acuerdo con una encuesta elaborada por Nanos Research para el Business Council of Canada. 

Información de los Estados: Reporte Índigo, Milenio Diario, Contralínea, El Heraldo de México, El Norte, La Crónica de Hoy, El Financiero.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.