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Información de los Estados: 19 de febrero de 2026

19 Feb 2026
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Información de los Estados: 19 de febrero de 2026 Imagen tomada de: https://x.com/conagua_clima

Hallan 980 puntos de ordeña de agua
(19-02-2026) Excélsior, pág. 1, 16

Tras la revisión de 536 mil expedientes realizada el año pasado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detectó 980 casos graves de extracción ilegal de líquido conocido como huachicoleo, además de 52 mil inconsistencias en títulos de concesión y aprovechamientos de aguas nacionales.

 

 

Falla sistema en Aduanas: desata caos
(19-02-2026) El Norte

La implementación de un programa piloto para migrar de sistema en las Aduanas del País propició ayer cierres intermitentes en sus operaciones, provocando filas kilométricas de vehículos de carga en cruces comerciales a Texas, como los de Nuevo Laredo, Colombia, Reynosa y Matamoros. De acuerdo con reportes, las primeras fallas ocurrieron alrededor de las 7:00 horas y, aunque el servicio se restableció, se registraron nuevas interrupciones, hasta que se normalizó poco antes del mediodía en algunos puntos, y más tarde en otros. La intermitencia en las operaciones provocó que se acumularan los vehículos de carga que buscaban cruzar a Estados Unidos, formándose filas de hasta unos 16 kilómetros, con tiempos de espera de varias horas que prevalecieron hasta por la tarde, cuando se había regularizado.

 

 

Exigen que Grupo México asuma responsabilidad por explosión en Pasta de Conchos
(19-02-2026) La Jornada, pág. 9

A 20 años de la explosión en la mina Pasta de Conchos y tras la recuperación de los restos de 25 trabajadores, sus esposas y familiares exigieron al gobierno federal conocer la verdad y que continúen las investigaciones, ya que a la fecha no hay ningún responsable detenido. En la tragedia murieron 65 mineros el 19 de febrero de 2006. Por otro lado, en Torreón, Coahuila, el diputado federal con licencia y dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, sostuvo que la tragedia fue resultado de “negligencia criminal” de Grupo México y afirmó que su iniciativa para tipificar el “homicidio industrial” busca que las empresas enfrenten responsabilidad penal cuando la muerte de trabajadores derive de omisiones graves en seguridad.

 

 

Topan rentas en CDMX: no más que la inflación
(19-02-2026) Reforma, pág. 1

La Suprema Corte declaró constitucional el tope impuesto de las rentas en la Ciudad de México, que no deberán subir más que la inflación del año anterior, que en 2025 fue de 3.69%, por lo que una renta de 10 mil pesos solo podrá incrementar 369 pesos.

 

 

Grecia quiere ser gobernadora, por eso denuncia: Leonel Godoy
(19-02-2026) Milenio Diario, pág. 1, 11

El diputado federal Leonel Godoy afirmó que la denuncia presentada en su contra por la alcaldesa de Uruapan, por su presunta participación en el homicidio de su esposo Carlos Manzo, solo tiene fines políticos y electorales, pues ella quiere ser gobernadora de Michoacán. El legislador se declaró dispuesto a comparecer ante el Ministerio Público, pero consideró inaceptable politizar el asesinato del edil en lugar de buscar justicia.

 

 

Pone la Fiscalía de Colima gasolina a vehículos fantasma
(19-02-2026) La Razón de México, pág. 13

De acuerdo con los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que los pagos de gasolina indebidos se realizaron a las empresas: Gasolinera Real Vista Hermosa ll S de RL de CV; Servicio Cortez de Colima, SA de CV, y Servicio La Iguana, SA de CV, mediante adjudicación directa.

 

 

Afecta a locomotoras diésel de mala calidad
(19-02-2026) Reforma, pág. 7

El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec FIT que opera el Tren Interoceánico reportó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que diésel de mala calidad comprado a un proveedor dañó dos de sus locomotoras en 2024. De acuerdo con la auditoría 119 practicada por el órgano fiscalizador y remitida el martes a la Cámara de Diputados, el FIT presentó una denuncia ante la Fisca lía General de la República (FGR) que a la fecha no ha sido resuelta.

 

 

SLP sin observaciones en Auditoría a su Cuenta Pública 2024
(19-02-2026) El Economista, pág. 12

Con políticas administrativas eficientes impulsadas por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno del Estado no presentó ninguna observación en las 18 revisiones que la Auditoría Superior de la Federación aplicó a la cuenta pública estatal 2024.

 

 

Islas Marías, destino turístico que no prospera
(19-02-2026) La Jornada, Pág. 15

Las Islas Marías, centro vacacional operado por la Secretaría de Marina e impulsado en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pierde ingresos y visitantes. El informe de la cuenta pública de 2024 elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detalla que los ingresos en ese año fueron de 22 millones 406 mil pesos, 40.3 por ciento menos que los 37 millones 531 mil pesos de 2023.

 

 

Cae el huachicol más de 10% en México, pero crece 300% en Tabasco
(19-02-2026) La Razón de México, pág. 1, 3

Aunque en el último año a nivel nacional se ha observado una reducción de 10.2 por ciento en el número de tomas clandestinas detectadas para el robo de hidrocarburos, este delito creció en 10 entidades federativas, Tabasco entre ellas, donde se reportó uno de los incrementos más marcados en el país, luego de que las autoridades consiguieran casi extinguir esta práctica criminal ahí.

 

 

Falta comprobar mil mdp en Cuajimalpa
(19-02-2026) El Economista, pág. 38

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), que dirige David Colmenares, informó que en el último año al frente de la alcaldía Cuajimalpa, Adrián Rubalcava no comprobó el destino de mil 88 millones de pesos que la Federación transfirió a su demarcación. La ASF, en la tercera entrega de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, explicó que el gobierno de Rubalcava incurrió en un probable daño a la Hacienda Pública por 222.1 millones de pesos, derivado de la falta de registros contables y presupuestales.

 

 

Hallan posible quebranto de mil 518 mdp en filial de Pemex
(19-02-2026) La Jornada, Pág. CP, 14

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó un probable daño o perjuicio por mil 518 millones 677 mil 369.53 pesos en la filial Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos (Pemex), causado por pagos excesivos a contratistas por trabajos de perforación y mantenimiento. Se detectaron discrepancias entre las actividades facturadas y las registradas en los sistemas de control operativo. La observación de más alto valor, mil 232 millones de pesos, corresponde a un proyecto en el que participó Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim Helú, el hombre más acaudalado del país.

 

 

Opacidad en municipios: 59.1% de las observaciones del gasto federalizado durante el 2024
(19-02-2026) El Economista, pág. 34

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que los municipios son el nivel de gobierno con mayores deficiencias en la comprobación de los recursos federales durante el ejercicio fiscal 2024, de acuerdo con el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2024 publicado el pasado 17 de febrero del 2026.

 

 

Se traban negociaciones entre Morena, PT y PVEM
(19-02-2026) El Independiente, pág. 10

Los Legisladores plurinominales en la Reforma Electoral y el dinero a los partidos divide a los aliados de Morena, PT y PVEM y eso ya trabó las negociaciones con el Gobierno federal. “Ha sido un debate intenso este tema, pareciera haberse superado ya hace unos días, pero no hubo avances”, comentó el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal.

 

 

Estados Unidos invertirá 40 millones de dólares en un centro mexicano de innovación del maíz y el trigo
(19-02-2026) El País

Estados Unidos invertirá 40 millones de dólares en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), ubicado en el Estado de México, según ha compartido este miércoles el embajador estadounidense en el país, Ronald Johnson. “Proteger las cadenas de suministro y avanzar en la innovación en ciencia de cultivos son prioridades nacionales centrales bajo el liderazgo del presidente Donald Trump.

Con información de: El Independiente, El Norte, La Jornada, El Economista, Reforma, La Razón de México, Milenio Diario, Excélsior.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.