Fundada preocupación existe en Palacio Nacional ante las señales ominosas que están ocurriendo en la capital del país por la violencia que ocurre en el bachillerato, en particular en los CCH y Preparatorias y por supuesto en el nivel superior de la UNAM, además de que el IPN vive en su dinámica social muy particular un caldo de cultivo para generar violencia.

Las llamadas anónimas sobre la existencia de artefactos explosivos en diversos campus de la Casa Magna de Estudios y los grupos violentos que mancharon la marcha conmemorativa del 2 de octubre, ante la pasividad y complacencia de Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CMDX, son alertas que  vislumbran la gestación de una eventual estrategia de desestabilización con miras al mundial de futbol a celebrarse el próximo año en tres países, México, Estados Unidos y Canadá, en donde la inauguración será en la Ciudad de México, además de la celebración de otros cuatro partidos de ese deporte.

El gobierno de la presidenta Sheinbaum no solo debe estar preocupada y ocupada ante la incapacidad de Clara Brugada por gobernar la metrópoli, sino, por esos atisbos de violencia que se dejan ver en varios campus universitarios y de bachillerato que parecieran ser hechos aislados, pero que en realidad son actos   articulados por alguien que actúa bajo la consigna del terrorismo para la desestabilización social.

Las áreas de inteligencia del gobierno deben tener en estos momentos información  suficiente sobre la mano que mece la cuna en torno a estos últimos sucesos que han ocurrido en la capital del país, como por ejemplo, la infiltración del bloque negro en la manifestación que ocurrió el martes en apoyo a Palestina, en donde pretendían replicar la violencia del 2 de octubre, sin embargo, la policía capitalina los puso en orden y ello no significó que el gobierno fuera represivo, sino tan solo garante de la seguridad y el respeto al estado de derecho.

El gobierno federal como el de la capital, deben estar muy atentos para medir el pulso social que prevalece entre los mexicanos, por lo que la presidenta Sheinbaum debe evitar seguir incendiando la pradera con discursos de odio que fomentan la polarización entre los mexicanos.

Más allá de las expresiones psicológicas y de exclusión que permean en la juventud que da pie a manifestaciones sociales de pertenencia a determinado grupo con rasgos de personalidad muy parecidos como los “Incels”, diremos que las autoridades de la UNAM y del gobierno capitalino enfrentan altos  niveles de violencia entre los estudiantes   que de no atenderse con prontitud y atingencia, podría ser justo el caldo de cultivo para escalar el conflicto a niveles insospechados y que se tienen muy presente con el movimiento del 1968.

Como mera especulación surge la interrogante, ¿quién podría estar interesado en desestabilizar a México? y cuya respuesta en automático podría ser el mismo crimen organizado, quien, afectado en sus intereses, aplica una contra ofensiva contra la estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum y operada por Omar García Harfuch.

Mientras no se deslinden responsabilidades y se esclarezca el móvil y los autores intelectuales de los asesinatos de los dos colaborados más cercanos de Clara Brugada, se tejen todo tipo de especulaciones.

Las autoridades universitarias y capitalinas están rebasadas ante el fenómeno de la violencia, por lo que deben aplicarse para atender esta problemática que ya causó pérdidas humanas y que, de seguir así, estaríamos lamentando otras tantas.

La niñez y la Juventud está expuestas ante toda clase de peligros y más ahora con la irrupción de drogas sintéticas muy adictivas y a la mano de todos y si a ello le agregamos el ambiente violento que se vive en la calle y en las escuelas, además de la presencia del crimen organizado y otros grupos de enorme poder económico que los acechan, pues en menudo lio está el país.    

El gobierno capitalino enfrenta un problema de autoridad ante los actos violentos registrados en marchas y manifestaciones, al tiempo de que se normalizan las agresiones contra la policía.

Los hechos violentos ocurridos en la Ciudad de México han puesto en evidencia la escasa preparación que tuvieron las fuerzas del orden para preservar la seguridad al carecer de órdenes claras de operación, esquemas de maniobra definidos y equipos especializados para extraer a quienes generen violencia durante las protestas.

Los protocolos de actuación de la policía y de las autoridades capitalinas como Cesar Cravioto, secretario general de gobierno, encueraron la incapacidad para atender la violencia y los actos vandálicos que se dan en este tipo de movilizaciones al amparo y cobijo del cúmulo de participantes.