La reciente comparecencia de Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, ante diversas comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados, con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno de la presidenta de la República, develó el grave problema que tiene esa dependencia para cubrir sus objetivos básicos por carecer de los recursos presupuestarios para revertir el daño ambiental que se recrudece año con año en México.

No obstante, los compromisos emitidos por la 4T en torno a la defensa del medio ambiente, la realidad es que, si no se acompañan de los recursos presupuestales etiquetados, pues suena a pura demagogia

Los cuestionamientos de los diputados de oposición en torno a la problemática ambiental pusieron el dedo en la llaga particularmente en temas como acciones climáticas, estrés hídrico, transición de combustibles fósiles a energías limpias, cuidado de los ecosistemas, economía circular, daños ecológicos y presupuesto.

El diputado Víctor Samuel Palma César (PRI) mencionó que no basta con reconocer los daños ecológicos tras varios años, e indicó que, en abril del 2025, el Gobierno Federal admitió públicamente los impactos y prometió planes de restauración y reforestación, pero “hasta ahora no existen fechas, presupuesto ni responsables claros”.

Por el mismo grupo parlamentario, el diputado Noel Chávez Velázquez aseguró que quienes son los primeros respondientes en las entidades federativas son las delegaciones de Semarnat, pero lamentó que “están muriendo de inanición, ya que apenas el presupuesto les alcanza para pagar la renta del edificio donde están”. Por ello, cuestionó por qué las delegaciones de esta institución en los estados no cuentan con los recursos suficientes para su adecuada operación. 

El diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera (MC) lamentó que el presupuesto para la Semarnat haya sufrido una reducción de más del 36 por ciento entre 2024 y 2025, y “con una reducción más para 2026 no se puede tener una agenda ambiciosa, ya que los recursos se recortan año con año”. México necesita instituciones fuertes, con presupuesto suficiente, con políticas basadas en ciencia y con derecho a un medio ambiente sano que sea palpable para los ciudadanos.

Estamos ante una de las peores crisis ambientales de la historia, pero con gobiernos que no les importa.

Para el diputado Fidel Daniel Chimal García (PAN) México enfrenta una crisis ambiental silenciosa pero profunda, ya que en los últimos años este sector y sus instituciones se han debilitado por recortes presupuestales. Lamentó “que se presuma liderazgo ambiental ante la ONU y aquí adentro se reducen los recursos para proteger los ecosistemas.

Para no ir tan lejos, en el pasado sexenio todas las ocurrencias de AMLO relativas a la construcción de mega obras, carecieron de los estudios de impacto ambiental como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas y ello provocó gran daño ecológico en el sureste del país.

La misma Alicia Bárcena reconoció que el Tren Maya tiene siete tramos de vía férrea con 28 obras asociadas, en donde se han supervisado los permisos y, en su caso, regularla para tener condicionantes que ayuden a cuantificar las zonas de reforestación que se debe hacer para compensar este proyecto. “Estamos conscientes que en el tramo cinco hay una afectación a las ocho cavernas y cenotes que ahí se encuentran. Hemos trabajado para que se hagan los trabajos de limpieza y retiro del concreto”.

La declaración es valiosa sobre todo cuando AMLO repetía hasta el cansancio que la construcción del Tren Maya no se derribaría ni un solo árbol, empero, en la realidad este elefante blanco devastó todo a su paso.

Ahora, con Claudia Sheinbaum y su proyecto de trenes, existe el compromiso de que serán eléctricos.

Las reformas a la Ley de Amparo que se cocinan en la Cámara Baja si se aprueba la retroactividad y algunos puntos que lesionan a los colectivos de la sociedad que han tramitado diversos amparos para proteger el medio ambiente, sería un grave retroceso e impactaría precisamente en preservar la justicia ambiental.

La titular de Semarnat recordó que México signó el acuerdo de Escazú que es el único a nivel internacional que protege a los defensores ambientales; por lo tanto, al preguntarle sobre el “interés legítimo” y si se dará o no curso a los “intereses difusos”, respondió que en el fondo el medio ambiente forma parte de intereses difusos.