Como un reflejo de lo que ocurre en varias entidades gobernadas por Morena, avanza en el Congreso Federal, la Ley Censura que será aprobada esta semana en periodo extraordinario de sesiones que se está llevando a cabo esta semana y en la que se espera, no incorporar las propuestas y las inquietudes que vertieron los expertos en el conversatorio exprofeso, lo que significa que, tanto en redes sociales como en los medios electrónicos, estará atento el ojo visor de la Santa Inquisición representada en la nueva Agencia Digital, para sancionar a aquellos que osen criticar al gobierno.
Dos de las características más sustanciales de la dictadura son la censura y represión. Expresiones autoritarias de las que ya se contagió el gobierno de la presidenta Sheinbaum.
La libertad de expresión se debilita con este gobierno, ya que, en los hechos, la 4T se caracteriza por censurar a sus enemigos políticos y perseguir a los críticos del régimen, mediante la persecución judicial y otras expresiones de represión como la aplicación de la guadaña fiscal.
Entre la violencia política de género y las calumnias personales, se basan las demandas de algunos gobernadores y personajes de la 4T contra periodistas o influencers y, no dude estimado lector que ya instalado el nuevo Poder Judicial conformado por jueces afines al gobierno, las demandas contra críticos de la clase gobernante, aumentarán de forma escandalosa.
Las nuevas reglas de las mañaneras que han impuesto en la oficina de la presidenta, para evitar las preguntas incomodas o más, aún que haya contrarréplicas, se corporificaron en el reglamento de la censura de Palacio Nacional, para que ninguno de los verdaderos periodistas que se logren colar a la conferencia matutina, pongan en aprietos a la mandataria y pregunten a título personal o escribir de forma negativa contra los posicionamientos vertidos por el oficialismo.
Tienen todo el poder, pero eso los hizo más sensibles ante las críticas y por ello refuerzan los mecanismos de censura y afinan todo el aparato represor del gobierno.
A diario saltan a la luz casos de represión y censura por parte de varios gobernadores como Alejandro Armenta, de Puebla o Layda Sansores, de Campeche.
A veces, creo que a la presidenta no le informan de la realidad y de los escandalosos gestos de dictadorzuelos bananeros que ya caracterizan a algunos mandatarios morenistas que hacen de la censura y la represión su principal instrumento de gobernanza; porque ella tiene otros datos que buscan desviar la atención de la ciudadanía o de presentarse como gobernantes impolutos que son ajenos, incluso a dirigir la orquesta de acordeones que tocaron el 1 de junio durante la jornada electoral judicial.
Hablando del fraude que significaron los comicios para elegir jueces, magistrados y ministros, continúan los juicios de inconformidad a fin de impugnar los comicios ante el INE, al considerar que se vulneraron principios fundamentales establecidos en la Constitución, afectando gravemente la legitimidad y legalidad del proceso comicial.
Desde su diseño y hasta su ejecución, el proceso electoral estuvo marcado por la falta de equidad y certeza y por la opacidad en la información.
Vamos, que se podía esperar, si ahora la presidenta de la República se burla de la oposición por no haber postulado candidatos en la elección judicial, cuando Morena y sus aliados lo hicieron, lo que significa que la misma mandataria no sabe que la injerencia partidista en el proceso está severamente penada por las leyes electorales que redactaron en el Congreso sus propios correligionarios.
En la impugnación en contra de la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, se argumenta que no se respetó el voto libre y se vulneró la autenticidad de la elección a partir de la elaboración y distribución de los acordeones con los que se buscó coaccionar el voto.
La división de la cartografía electoral no cumplió con el principio de representatividad democrática, además de el diseño de las boletas fue incorrecto y generó inequidad.
En ese sentido, se denuncia que hubo una indebida aplicación de las reglas de paridad que alteraron el sentido del voto. Asimismo, se evidencia una clara violación al principio de no regresividad, ya que en este proceso se impidió votar a las personas en prisión preventiva y a personas en el extranjero.
Frente a este contexto y ante irregularidades e incidencias en los cómputos, la falta de transparencia en las sesiones de cómputos distritales y la ausencia de representantes, Poder Ciudadano (colectivo de la sociedad civil) al amparo de la legitimidad que le reconoció previamente la Sala Superior para impugnar dentro de esta elección, pidió la nulidad de la elección y señaló que estas elecciones son ejemplo de lo que no se debe permitir en cualquier proceso democrático y participativo.