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Desde San Lázaro. Fraude electoral a la vista de todos. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

18 Jun 2025
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Desde San Lázaro. Fraude electoral a la vista de todos. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://www.ine.mx

Calificado como un asalto a la vista de todos,  fue considerada  la validez de las elecciones del Poder Judicial,  por parte  del INE,  en donde se configuraron  diversas causales de delitos electorales que se dieron en la jornada electoral, desde el manejo de recursos públicos para movilizar y comprar votos, hasta la inducción y coacción de los votantes, además del llenado de boletas introducidas a las urnas sin doblar y con la misma caligrafía y lo más alarmante es que, por “pura coincidencia”, se replicó exactamente en millones de votantes la uniformidad a favor de los candidatos del oficialismo  a la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral. Lo que supera el milagro de los panes y otros hechos asombrosos.

Como si la ciudadanía fuera tonta, la 4T se empeña en afirmar que la elección fue legal, cuando el fraude fue tan evidente que los mismos observadores de la OEA recomendaron no replicar el ejercicio en ningún país que forman parte de ese organismo; “Esta misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región”.

Además de todas estas agravantes, las autoridades electorales que, deberían ser garantes de vigilar los comicios, fueron omisos en señalar la enorme lista de irregularidades y con ello ser parte de la destrucción del régimen democrático para dar paso, evidentemente a la autocracia como en tiempos de la dictadura que ejerció el PRI en el siglo pasado.

El INE dejó de ser un órgano ciudadano para volverse un apéndice de la Secretaria de Gobernación y con ello tirar a la basura la lucha de cientos de mexicanos por construir un andamiaje electoral con instituciones independientes y autónomas que diera certeza a los mexicanos sobre la transparencia de los comicios.

La votación de 6 a 5 de los consejeros electorales para validar la elección habla justamente del atraco que se llevó a cabo el 1 de junio y de que los argumentos esgrimidos a favor son tan endebles que ni los mismos funcionarios electorales que los emitieron se los creyeron.

Los consejeros Claudia Zavala, Arturo Castillo, Jaime Rivera, Martín Faz y Dania Ravel votaron por no avalar la validez de los comicios y esperar a que se investiguen todas las irregularidades detectadas.

En contraparte, Guadalupe Taddei, Norma de la Cruz, Jorge Montaño, Rita Bell López, Uuc-kib Espadas y Carla Humphrey validaron el atraco a la Nación y el resquebrajamiento del Poder Judicial, la división de poderes y el régimen democrático.

Quedará para la historia la sesgada y tendenciosa participación de los consejeros proclives del oficialismo que, sin vergüenza alguna, votaron a favor de validar la elección como es el caso de Carla Humphrey, con vínculos con Morena, quien emitió el voto decisivo para aprobar la validez de la elección judicial.

El papel que jugó la esposa del funcionario federal de la 4T, Santiago Nieto, se suma a las determinaciones que han permitido validar el desmantelamiento del Poder Judicial. Desde los traidores Yunes, pasando por el ministro Alberto Pérez Dayán, los tres magistrados del TEPJF, Soto y los dos “Felipes” y ahora la consejera Humphrey.

Durante más de tres horas de debate, varios consejeros describieron las irregularidades del proceso como casillas con más votos que votantes, hasta boletas aparecidas marcadas sin haber pasado por las mesas de registro previo y bueno, el tema de la “orquesta de acordeones” que fue la mayor evidencia del fraude electoral.

La consejera del INE y que cobra como presidenta, Guadalupe Taddei, justifica que se invalidaron 818 casillas y con ello quedó zanjado el tema de los acordeones, cuando esta práctica fraudulenta   ocurrió en la mayoría de las 83 mil 956 casillas instaladas.

Desde luego, a los candidatos ganadores todavía les queda un periplo largo de sortear, aunque si hay algo fuera de la ley, las autoridades del INE se harán de la vista gorda para pasarlas por alto.

Así que, si alguien piensa que derivado de la fiscalización, es decir, de la comprobación de los egresos e ingresos de campañas y de la garantía de idoneidad de los perfiles, pudiera tirar a los candidatos aprobados en Palacio Nacional, pues es un iluso, por decirlo de manera elegante.

Avanza la imposición de la dictadura impuesta por el obradorato con la cooptación de las instituciones electorales, como el INE y el TEPJF, quien entrará en acción en los próximos días para validar la elección judicial y con ello, fortalecer  la contundente afirmación de que la mayoría de los magistrados que integran la Sala Superior se tiran al piso al piso al paso de la presidenta de la República.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.