Con 60 días de campaña por delante, los candidatos a ocupar una de las 881 plazas de juzgadores, salen a las plazas públicas para convencer a los votantes de, primero, participar en elección y dos,  motivar a que voten por ellos, lo que se antoja una misión casi imposible para todos, en particular  para  el electorado que no tiene los mínimos conocimientos sobre esta elección judicial que nos convirtió por decreto presidencial  en la “democracia más avanzada del mundo”, tal como sucedió con aquella mentira de AMLO en torno a que “tendremos el mejor sistema de salud del orbe”.

Sin Programa de Resultados Electorales Preliminares, sin conteos rápidos, sin participación ni representación de partidos políticos, sin que los ciudadanos cuenten los votos en la casilla, sin cancelación individual de boletas y otras limitantes, se anticipa que los márgenes de abstencionismo estarán entre el 80 y 90% de la lista nominal, lo que evidentemente será el mayor fracaso electoral de la vida democrática del país.

En momentos en que el presidente  Donald Trump nos pone su bota en el cuello con la imposición de aranceles y otras medidas proteccionistas a sus productos, lo que ahuyenta la inversión en México, se les ocurrió a la dupla AMLO-Sheinbaum, impulsar una reforma judicial que tiene como resultado garantizado contar con juzgadores subalternos alineados a los intereses del gobierno y no en hacer respetar el orden constitucional.

La farsa que le costará a México más de seis mil millones de pesos y que trastocará todo el sistema judicial, al tiempo de atentar contra los derechos humanos de la población y aniquilar la división de poderes que es la piedra angular de un régimen democrático, entra a su etapa más complicada en donde los candidatos a ser juzgadores tienen 60 días para convencer a un apático electorado de que alguno de los 4097 candidatos  representan la mejor opción para ocupar una de las 881 plazas federales  que estarán en juego y lo harán con sus propios recursos económicos y sin derecho contratar pautas publicitarias para viralizar sus mensajes

Esto es a nivel federal, porque a nivel local habrá elecciones judiciales en 19 entidades, así que habrá sumarle en eso estados otro montón de candidatos.

Por cierto, en esa enorme lista de aspirantes, hay de todo, desde personajes de dudosa reputación, hasta miembros de iglesias y uno que otro malandro que busca colarse por la puerta de atrás del edificio de la justicia para proteger a sus cómplices.

Las plazas de juzgadores  que estarán en disputa son 9 cargos a ministras y ministros de la SCJN (5 mujeres y 4 hombres); 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral (1 mujer y 1 hombre); 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF (10 mujeres y 5 hombres); 5 cargos de magistraturas de Disciplina Judicial (3 mujeres y 2 hombres); 464 cargos de magistraturas de Circuito y 386 cargos de juzgadores de Distrito.

Está claro que, al final, se conformará una lista definitiva con la venia de la Jefa del Poder Ejecutivo Federal, sobre todo para conformar la nueva Suprema Corte, para evitar sorpresas y colados, lo que significa que la aplanadora electoral de Morena, PVEM y PT, retacarán las urnas con votos a favor de los candidatos del oficialismo, aunque esté prohibido hacerlo, pero eso que importa si al fin y al cabo, el Tribunal Electoral y el INE están subordinados a los designios de la presidenta de la República.

La farsa es que el absolutismo se concrete con tener un Poder Judicial a modo, al igual que ocurre con el Poder Legislativo.

Si algún candidato independiente se logra colar para ocupar una de estas 881 plazas, debe tener cuidado para evitar ser sancionado por el INE o el TEPJF y con ello perder lo que ganó en las urnas, al evitar a toda costa recibir dinero público o aceptar aportaciones de simpatizantes;  y debe eludir realizar acciones  que tienen que ver precisamente con el marketing político con compras de pautas publicitarias en medios de comunicación o publicidad itinerante, entre otras.

Lo único que pueden hacer son tres tareas; acudir a foros y debates; entregar volantes impresos en papel biodegradable;  en plazas y vía pública  y utilizar sus redes sociales para emitir mensajes, sin pago de pauta.

Por su fuera poco, el INE prohibió al gobierno la promoción de la elección porque los mensajes que están ya al aire, no son imparciales y tienen, eso lo digo yo, una buena carga de inducción política, lo que fortalece el pronóstico que serán las elecciones  con el mayor fracaso electoral de la democracia mexicana, tanto por el grado de abstencionismo, como por el dispendio de recursos y todo en aras para nombrar a jueces, alineados a la 4T y ejecutar la venganza tabasqueña contra aquellos ministros y jueces que osaron aplicar la Constitución por arriba de lo que él quería.