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Desde San Lázaro. Corcholata vs candidato ciudadano. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

12 Jun 2023
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Desde San Lázaro. Corcholata vs candidato ciudadano. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://twitter.com/Claudiashein

Ante la pretensión de instaurar el Obradorato;  habrá una elección primaria, por primera vez en el país,  para definir a un candidato ciudadano que buscará la presidencia de la República, lo que representa un avance formidable en defensa de la democracia y del orden constitucional, al tiempo de marcarle la ruta a los partidos políticos de oposición, quienes por intereses mezquinos  intentan bloquear la posibilidad de elegir un candidato único que compita contra la corcholata del oficialismo, debido a que quieren que uno de los suyos, principalmente del PAN, aparezca en la boleta presidencial.

El proceso organizado por el Frente Cívico Nacional (FCN) se llevará a cabo el 27 de agosto y en el cual podrán participar cualquier ciudadano que se sienta con los méritos suficientes para abanderar a la oposición, incluso podrán hacerlo políticos, mientras no los nomine ninguna franquicia política.

La hoja de ruta llevará al vencedor a contender contra el abanderado que hayan nominado la alianza Va por México, conformada por el PAN, PRI, y PRD y de allí se desprenderá el candidato único de casi toda la  oposición, ya que Movimiento Ciudadano tendrá uno propio.

En momentos en que el bloque partidista opositor estaba pasmado ante la beligerante actividad de AMLO y sus corcholatas, el FCN da un paso al frente al anunciar la organización de la elección primaria mediante la instalación de 10 casillas en cada uno de los distritos electorales federales.

En breve se conocerá la convocatoria y las reglas para quienes aspiren alcanzar esta representación ciudadana y con esa camiseta irrumpir en la elección presidencial del 2024 con grandes posibilidades de ganar, más si el bloque oficialista se resquebraja por la inequidad en la contienda al tener los dados cargados en favor de alguna suspirante.

Así es, el presidente López Obrador pretende llevar a buen puerto el destape de su corcholata mediante la aplicación de encuestas que determine al ganador, empero, a pesar del acuerdo firmado por los precandidatos, gobernadores y hasta el propio mandatario federal, la bufalada en favor de Claudia Sheinbaum desborda cualquier intento de imparcialidad en el proceso de selección.

Desde luego, Marcelo Ebrard cuenta con el compromiso presidencial de que será a través de la encuesta, el método para ungir al elegido y por ello, con esa palabra empeñada adelantó su renuncia y no cesará en el empeño de ganarle Sheinbaum, asegurándose de que las casas encuestadoras que participarán ostenten un perfil profesional y de probada experiencia, al tiempo de incidir en el diseño del cuestionario que, incluso, podría solo contener una pregunta, además de abrir el proceso a toda la ciudadanía.

Ahora sí, como dicen en el boxeo, “hay tiro” y eso se debe a que están perfectamente definidos los rivales que se enfrentarán en una primera instancia en sus procesos internos para luego registrar su nombre en la boleta presidencial.

Por el lado de las corcholatas, hay que anotar a Marcelo Ebrard vs Claudia Sheinbaum;  y por los opositores, al  vencedor de las primarias organizadas por el FCN y al abanderado de la alianza Va por México.

En contra de todos los ordenamientos electorales y constitucionales que prohíben llevar a cabo actos anticipados de campaña, López Obrador, mandó a la lucha fratricida a sus corcholatas desde hace más de un año, sin importar la violación fragante a las leyes y menos poner en riesgo  la unidad partidista de Morena.

Vivimos tiempos de polarización, alentada todos los días desde Palacio Nacional, tanto entre los mexicanos como en el seno de los partidos políticos, principalmente en Morena, en donde el canibalismo está desatado principalmente entre las huestes de Claudia que le tiran a todo lo que lleva la marca de Adán Augusto López o de Marcelo Ebrard.

El riesgo de ruptura en el partido oficial es muy alto y solo los ilusos o los muy optimistas, descartan este escenario, sobre todo, luego de observar el agandalle de los grupos radicales ubicados en el primer círculo de colaboradores del presidente y algunos miembros de su familia al tratar de imponer a la Jefa del Gobierno capitalino como candidata presidencial.

En la cancha de la oposición, si bien es cierto que también están dándose hasta con la cubeta, la realidad es que, si no ocurre algo sorprendente, tendrán un candidato único avalado por los panistas, tricolores y amarillos para contender contra el candidato ciudadano.

Nombres como el de Lilly Téllez, Germán Martínez, Santiago Creel, Mauricio Vila, Miguel Ángel Gurría, Margarita Zavala o Enrique  de la Madrid, suenan con más fuerza para enfrentar a la corcholata de AMLO.

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El apunte del director

  • MAYO 2026
    **PACIFICACIÓN: SIN RENDICIÓN DE CUENTAS, NO HAY RUTA**

    La pacificación de México no admite atajos retóricos ni soluciones parciales. Es un objetivo legítimo, urgente y compartido, pero su cumplimiento exige algo más que despliegues operativos o ajustes discursivos: requiere reconstruir la confianza en las instituciones, cerrar espacios de impunidad y someter al escrutinio público a todos los niveles de gobierno.
    Durante años, la estrategia de seguridad ha oscilado entre la contención y la reacción. Se han fortalecido capacidades, sí, pero el fenómeno criminal ha demostrado una notable capacidad de adaptación. En ese contexto, la discusión de fondo no puede eludirse: ¿cómo garantizar que las autoridades —federales, estatales y municipales— actúen con integridad y sin interferencias indebidas?
    La respuesta pasa por un principio básico en cualquier Estado de derecho: rendición de cuentas efectiva. Esto implica investigaciones independientes, fiscalías con autonomía real, sistemas de inteligencia que funcionen y mecanismos de control que no dependan de la voluntad política del momento. No se trata de señalar sin pruebas, sino de construir condiciones para que cualquier sospecha fundada sea investigada con rigor y transparencia.
    El desafío es mayúsculo porque la percepción de impunidad sigue siendo uno de los principales factores que erosionan la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no se aplican de manera uniforme, que hay zonas grises o que ciertos actores están fuera del alcance de la ley, la confianza se diluye. Y sin confianza, cualquier política de seguridad está condenada a resultados limitados.
    En este punto, la coordinación entre niveles de gobierno es indispensable. La seguridad no es una competencia exclusiva de la federación ni puede resolverse desde un solo frente. Los estados y municipios juegan un papel central, tanto en la prevención como en la reacción. Sin embargo, esa coordinación debe ir acompañada de estándares claros y de la capacidad de intervenir cuando estos no se cumplen.
    La cooperación internacional también es un componente clave. México no enfrenta este problema en aislamiento. El tráfico de drogas, armas y dinero ilícito es transnacional por definición. De ahí que la colaboración con socios estratégicos deba centrarse en inteligencia, control de flujos financieros y combate a redes logísticas, más allá de discursos o tensiones coyunturales.
    Pero incluso con mejores herramientas y mayor coordinación, la pacificación no será posible si no se atienden las causas estructurales que alimentan la violencia. Desigualdad, falta de oportunidades, debilidad institucional y economías locales capturadas por el crimen forman parte del ecosistema que permite la reproducción del problema. Ignorarlos sería perpetuar el ciclo.
    El reto para el gobierno federal es doble. Por un lado, sostener una estrategia de seguridad eficaz y medible. Por otro, enviar señales claras de que no habrá tolerancia para conductas indebidas dentro del propio aparato estatal. Esto último es particularmente sensible, porque implica asumir costos políticos en aras de fortalecer el Estado de derecho.
    La narrativa importa, pero los resultados importan más. La pacificación no se decreta: se construye con instituciones que funcionen, con justicia que llegue a tiempo y con autoridades que rindan cuentas. En esa ecuación, el combate a la impunidad es el factor decisivo.
    El país no necesita más promesas grandilocuentes, sino una hoja de ruta clara, con metas verificables y mecanismos de seguimiento. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, no se conforma con diagnósticos. Exige soluciones.
    En síntesis, la pacificación de México pasa por un principio irrenunciable: nadie por encima de la ley y todos sujetos a escrutinio. Sin esa base, cualquier estrategia será, en el mejor de los casos, insuficiente. Con ella, se abre la posibilidad real de avanzar hacia un país más seguro y más justo.