El gabinete de seguridad pública  del presidente López Obrador vive en un mundo de fantasía en donde se habla de que el problema en esta materia no es grave y que la estrategia de connivencia con los criminales está dando resultados, cuando en la realidad basta observar todos los días los actos de barbarie y criminalidad que ocurren en territorio nacional en el cual  el narcoterrorismo y la complacencia de varios gobernadores de Morena y sus rémoras es una constante.

La comparecencia de los miembros del gabinete de seguridad ante la Comisión Bicameral del Congreso, dejó en claro varios temas: el primero es que la militarización llegó para quedarse, por lo menos para lo que resta del sexenio de López Obrador, es decir, el regreso de los militares a los cuarteles como lo prometió quedará en la lista interminable de promesas incumplidas por el tabasqueño.

La Guardia Nacional es un disfraz que cubre el rostro de miles de soldados que fueron entrenados en el ejército y que su entrenamiento es para matar ante cualquier amenaza y no para combatir la inseguridad pública y proteger a los ciudadanos. La violación sistemática a los derechos humanos de los mexicanos ha dejado un estigma a esta administración que será imposible borrarla en el futuro.

No basta con señalar que la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, sea civil y el jefe supremo de las fuerzas armadas también lo sea, si de lo que se trata es que la Guardia Nacional debe estar compuesta por civiles con formación profesional policiaca que les permita someter a los delincuentes y proteger a la población.

El mundo bizarro en el que viven estos funcionarios y que comparten su visión con la del presidente de la República, se pone en evidencia con las palabras del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al culpar al poder judicial del fracaso del poder Ejecutivo con una “limpieza urgente que ese poder requiere para poder funcionar correctamente”.

Estas irresponsables declaraciones hay que enmarcarlas en el contexto de la pugna que libra AMLO contra la SCJN y el poder judicial por no plegarse a sus designios.

Cierto, el problema de la inseguridad pública se ha recrudecido en este sexenio y efectivamente requiere la participación de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de La Unión, aunque el responsable directo del incremento exponencial de asesinatos, desapariciones,  desplazados y el control de vastas regiones del territorio nacional por parte de los grupos criminales, es el presidente López Obrador y el gabinete de seguridad que lo acompaña.

Los 156 mil homicidios dolosos que reportan las cifras oficiales del gobierno, ya superaron los que ocurrieron durante lo sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto y pensar que todavía le falta un año seis meses para que concluya el de AMLO, por lo que, sin duda será la administración que se ha pintado de  más sangre y muerte en la historia postrevolucionaria.

Las desapariciones o el levantamiento incluso de niños y jovencitas en todo el país, habla del fracaso del gobierno en la tarea de salvaguardar sus vidas y su integridad.

La estrategia, de “Abrazos, no balazos” ordenada por el presidente, inhibe la participación activa de los militares para repeler y combatir a los malos y por otro lado, se les empodera ante una ciudadanía indefensa.

La penetración de los narcos en las más altas esferas de poder es un hecho incontrovertible y ello, ya de suyo marca al gobierno de la autollamada de la 4T como cómplices o ineptos.

Ese es el legado que dejará AMLO

El encuentro de los senadores con los secretarios de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval, con el secretaria de Marina, Rafael Ojeda, además de los secretarios de Gobernación y la SSC, con la notable ausencia del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Gamero, es el primer ejercicio de este tipo que se lleva a cabo en este sexenio y tal como lo mandata la Constitución se deberá hacer periódicamente.

El primer informe semestral de la Fuerza Armada Permanente sobre tareas de seguridad pública al senado, evidenció que ambos poderes tienen dos visiones, dos realidades sobre el gravísimo problema de la inseguridad pública.

Sobre las inquietudes de los legisladores en torno a temas como el espionaje a través del sistema Pegasus, o la corrupción que ha salido a flote en el ejército, esas no  recibieron respuestas, faltaba más y menos se habló sobre el patrimonio del Secretario General de la Sedena

Si en varias entidades federativas del país, principalmente aquellas gobernadas por el PAN y el PRI, se ha avanzado en la profesionalización de las policías, a tal nivel que muestran resultados positivos en su lucha contra la delincuencia, incluso en esta lista podemos incorporar a la CDMX, por qué  no hacerlo en el resto de los Estados, sobre todos aquellos gobernados por Morena y sus rémoras.