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Una desproporción, calificar como delito el flujo migratorio: Marcela Guerra Castillo

21 Mar 2024
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Una desproporción, calificar como delito el flujo migratorio: Marcela Guerra Castillo Imagen tomada de: Comunicación Social de la Cámara de Diputados

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, calificó como muy desafortunada la entrada en vigor de la Ley SB4 en Texas, porque criminaliza la migración y es violatoria de derechos humanos.

 

“Es una desproporción calificar como delito el flujo de personas migrantes y cobijar expresiones de odio y discriminación racial”.

 

Es altamente preocupante que haya sido Texas donde entró en vigor esta medida, porque es uno de los estados en donde viven más mexicanoamericanos, cerca de 10 millones, y su aportación a la economía no es menor, dijo. 

 

“También llama la atención que Texas no aquilate su vecindad con los estados mexicanos Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, y pase por alto que es pasaje principal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Tenemos elementos de hermanamiento y convenios de colaboración con Texas que propician la prosperidad compartida”.

 

De acuerdo a Latinometrics, el intercambio de bienes y servicios México-Texas, en 2022, ascendió a 286 mil millones de dólares.

 

La diputada presidenta destacó que este tipo de acciones criminalizantes y violatorias de derechos deben contrarrestarse, porque deterioran las relaciones entre países y estados colindantes.

 

Reconocemos la posición del Gobierno del presidente Biden, al acudir ante el tribunal federal de apelaciones del quinto circuito en Nueva Orleans para frenar esta acción, orquestada por intereses electorales, al convertirse en eje de una campaña.

 

Con información de: Comunicación Social de la Cámara de Diputados

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El apunte del director

  • Marzo 2024
    EL AUTOGOLPE DE ESTADO DE AMLO.

    Durante 172 veces el presidente López Obrador se ha referido al golpe de Estado y la más reciente fue el 12 de este mes en donde advirtió que en el Poder Judicial se gestaba un golpe de Estado técnico que en la realidad oculta las aviesas intenciones presidenciales de anular las elecciones en caso de que su candidata presidencial pierda la elección.
    Las alarmas están prendidas en Palacio Nacional porque se comienza a esbozar la posibilidad real de que gane Xóchitl Gálvez la presidencia de la República y ante ello se busca pulsar todos los escenarios posibles para evitar entregar la banda presidencial, incluso con la declaración del Jefe del Ejecutivo Federal en el sentido de que se prepara un golpe de Estado.
    Lo que en realidad podría pasar es la declaración de un estado de excepción ante el nivel de violencia y polarización social que se desencadenaría ante un eventual conflicto post electoral y con ello, se buscaría cancelar la elección presidencial.
    De una cosa estamos seguros, López Obrador no entregará el poder aunque pierda en las urnas Claudia Sheinbaum, por ello, desde hace varios años se instrumenta toda una estrategia integral para cooptar los organismos electorales, la Fiscalía General de la República, las fuerzas armadas, la CNDH y al poder legislativo, para, eventualmente, y si el caso lo amerita, impedir por todas las vías que ocurra la alternancia en el poder.
    A este andamiaje electoral al servicio del totalitarismo le faltó engranar o someter al Poder Judicial y ello representa una gran barrera para instaurar el obradorato y por ello se enfilan todas las baterías contra ese poder. 
    El presidente cuestionó si sus adversarios están apostando a un fraude electoral o a un golpe de Estado técnico desde el Poder Judicial para lograr la nulidad de la elección.
    La perversidad abona el campo para acusar a los opositores sobre un posible conflicto post electoral, cuando en realidad desde el Estado se hará todo, absolutamente todo, para evitar a toda costa la alternancia en el poder.
    Si alguien se ha caracterizado a formar grupos de choque disruptivos que se infiltran en las marchas para desencadenar el caos y la violencia, es precisamente los que ahora están en Morena y en posiciones de poder que durante años hicieron de las manifestaciones su modus vivendi y no dude estimado lector, que esos grupos estén alistándose ante la posibilidad real de que sean llamados a la acción para justificar la declaración de estado de excepción.
    El artículo 29 de la Constitución Federal establece la suspensión o restricción del ejercicio de derechos y garantías en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.
    Faltan poco más de dos meses para que se lleven a cabo las elecciones más concurridas de la historia y en este lapso, seguirá el presidente fungiendo como jefe de campaña del oficialismo, sin importarle que con ello transgrede el orden constitucional.
    Desde la oposición alertan sobre el paroxismo presidencial que se evidencia al inventar la posibilidad de un fraude por parte de la oposición en las elecciones por la presidencia,
    Verónica Juárez Piña, candidata a Senadora por la Coalición Fuerza y Corazón por México advirtió que López Obrador está iracundo al ver que, a pesar de que está poniendo todo el peso y los recursos del Estado para favorecer a Sheinbaum, su candidatura no avanza. Más que un mensaje para la oposición, López Obrador está reprochando a la candidata morenista su incapacidad para sacarle provecho a esta ilegal campaña”
    “De hecho, el presidente está adelantando que, ante la posibilidad del triunfo de Xóchilt, no entregará el poder, pero se topará con pared ya que las y los ciudadanos abarrotarán las urnas y defenderán sus votos a nuestro favor”, aclaró.
    “Es una estrategia ya conocida de López Obrador. No admite derrotas. No respeta las instituciones y cuando pierde, arrebata. La cuestión es que ahora, con el enorme poder que le da el cargo, si no respeta la voluntad en las urnas de las y los mexicanos, atentaría contra la democracia y pondría en riesgo la gobernabilidad del país”.
    Diremos que las campañas políticas corren por dos vías; la institucional y por el plan B del presidente que implica necesariamente el desconocimiento total de los resultados en caso de que la candidata de Morena, PT y PVEM resulte derrotada.