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Alicia Bárcena, la futura canciller que estuvo al frente de Cepal por 14 años

13 Jun 2023
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Alicia Bárcena, la futura canciller que estuvo al frente de Cepal por 14 años Imagen tomada de: https://twitter.com/lopezobrador_
  • López Obrador detalló que Alicia Bárcena tardará 10 días en tomar el cargo de Ebrard, quien presentó su renuncia como canciller para buscar la candidatura presidencial por Morena

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este martes 13 de mayo que la actual embajadora de México en Chile, Alicia Bárcena, será la nueva secretaria de Relaciones Exteriores en reemplazo de Marcelo Ebrard.

 

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano detalló que Bárcena tardará aproximadamente 10 días en tomar el cargo de Ebrard, quien presentó su renuncia como canciller para buscar la candidatura presidencial por Morena.

 

¿Quién es Alicia Bárcena?

Alicia Bárcena cuenta con una amplia trayectoria en el campo de la diplomacia. Es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y cuenta con estudios en Harvard. Fue secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) por 14 años y ha tenido múltiples puestos dentro de Naciones Unidas.

 

Bárcena asumió como máxima representante de la Cepal el 1 de julio de 2008, designada en el cargo por el entonces secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, convirtiéndose en la primera mujer en ejercerlo.

 

En esta función lideró el trabajo de la Comisión como centro de investigación aplicada a políticas públicas sobre desarrollo sostenible, foro de diálogo regional inter-gubernamental y multi-actor sobre desarrollo sostenible y proveedor de cooperación técnica a los países.

 

El 30 de diciembre del 2022 inició funciones como embajadora de México en Chile. Bárcena Ibarra ha tenido cargos en la ONU, en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

 

 

La ONU destacó que fue una de las primeras en colocar la igualdad en sus múltiples manifestaciones como piedra angular del desarrollo sostenible y en destacar los desafíos específicos de los países de ingresos medios.

 

Es licenciada en Biología de la UNAM y una Maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard. También tomó cursos de Maestría en Ecología e inició estudios de doctorado en Economía en la UNAM.

 

Con información de: El Financiero

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El apunte del director

  • MAYO 2026
    **PACIFICACIÓN: SIN RENDICIÓN DE CUENTAS, NO HAY RUTA**

    La pacificación de México no admite atajos retóricos ni soluciones parciales. Es un objetivo legítimo, urgente y compartido, pero su cumplimiento exige algo más que despliegues operativos o ajustes discursivos: requiere reconstruir la confianza en las instituciones, cerrar espacios de impunidad y someter al escrutinio público a todos los niveles de gobierno.
    Durante años, la estrategia de seguridad ha oscilado entre la contención y la reacción. Se han fortalecido capacidades, sí, pero el fenómeno criminal ha demostrado una notable capacidad de adaptación. En ese contexto, la discusión de fondo no puede eludirse: ¿cómo garantizar que las autoridades —federales, estatales y municipales— actúen con integridad y sin interferencias indebidas?
    La respuesta pasa por un principio básico en cualquier Estado de derecho: rendición de cuentas efectiva. Esto implica investigaciones independientes, fiscalías con autonomía real, sistemas de inteligencia que funcionen y mecanismos de control que no dependan de la voluntad política del momento. No se trata de señalar sin pruebas, sino de construir condiciones para que cualquier sospecha fundada sea investigada con rigor y transparencia.
    El desafío es mayúsculo porque la percepción de impunidad sigue siendo uno de los principales factores que erosionan la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no se aplican de manera uniforme, que hay zonas grises o que ciertos actores están fuera del alcance de la ley, la confianza se diluye. Y sin confianza, cualquier política de seguridad está condenada a resultados limitados.
    En este punto, la coordinación entre niveles de gobierno es indispensable. La seguridad no es una competencia exclusiva de la federación ni puede resolverse desde un solo frente. Los estados y municipios juegan un papel central, tanto en la prevención como en la reacción. Sin embargo, esa coordinación debe ir acompañada de estándares claros y de la capacidad de intervenir cuando estos no se cumplen.
    La cooperación internacional también es un componente clave. México no enfrenta este problema en aislamiento. El tráfico de drogas, armas y dinero ilícito es transnacional por definición. De ahí que la colaboración con socios estratégicos deba centrarse en inteligencia, control de flujos financieros y combate a redes logísticas, más allá de discursos o tensiones coyunturales.
    Pero incluso con mejores herramientas y mayor coordinación, la pacificación no será posible si no se atienden las causas estructurales que alimentan la violencia. Desigualdad, falta de oportunidades, debilidad institucional y economías locales capturadas por el crimen forman parte del ecosistema que permite la reproducción del problema. Ignorarlos sería perpetuar el ciclo.
    El reto para el gobierno federal es doble. Por un lado, sostener una estrategia de seguridad eficaz y medible. Por otro, enviar señales claras de que no habrá tolerancia para conductas indebidas dentro del propio aparato estatal. Esto último es particularmente sensible, porque implica asumir costos políticos en aras de fortalecer el Estado de derecho.
    La narrativa importa, pero los resultados importan más. La pacificación no se decreta: se construye con instituciones que funcionen, con justicia que llegue a tiempo y con autoridades que rindan cuentas. En esa ecuación, el combate a la impunidad es el factor decisivo.
    El país no necesita más promesas grandilocuentes, sino una hoja de ruta clara, con metas verificables y mecanismos de seguimiento. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, no se conforma con diagnósticos. Exige soluciones.
    En síntesis, la pacificación de México pasa por un principio irrenunciable: nadie por encima de la ley y todos sujetos a escrutinio. Sin esa base, cualquier estrategia será, en el mejor de los casos, insuficiente. Con ella, se abre la posibilidad real de avanzar hacia un país más seguro y más justo.