Contáctanos: 5546 8746
Síguenos en:
Fecha:

‘Ley 3 de 3′ es oficial: Publican decreto para suspender cargos públicos en DOF

29 May 2023
368 veces
‘Ley 3 de 3′ es oficial: Publican decreto para suspender cargos públicos en DOF Imagen tomada de: https://twitter.com/50mas1edomex
  • Con el decreto, el Gobierno de México busca suspender el derecho para ocupar un cargo público a personas que hayan ejercido violencia sexual, familiar o de género

El Gobierno de México publicó este 29 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto que oficializa la suspensión de derechos para ocupar un cargo público en caso de ser prófugo de la justicia, tener sentencia por violencia familiar, sexual o de género, así como por incumplir con pensión alimenticia.

En el documento publicado en el DOF se establece una reforma al párrafo segundo del Apartado A del Artículo 102 y se adiciona una fracción VII al Artículo 38 de la Constitución para que las personas no puedan ser registradas como candidatas a cualquier cargo de elección popular, ni obtener cargos en el servicio público en caso de:

Estar prófugas de la justicia.

Obtener una sentencia por haber ejercido delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; contra el normal desarrollo psicosexual; violencia familiar equiparada o doméstica; violación a la intimidad sexual y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.

Ser declaradas como deudoras alimentarias.

Además, establece los requisitos para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía General de la República (FGR) como:

Tener, mínimo, 35 años cumplidos el día de la designación

Ser ciudadana mexicana por nacimiento

Antigüedad mínima de 10 años

Contar con título profesional de Licenciatura en Derecho

Gozar de buena reputación

No haber sido condenada por la comisión de delito doloso

La llamada “Ley 3 de 3″ fue avalada el pasado 28 de abril por el Pleno de la Cámara de Senadores después de haber obtenido la aprobación de la Cámara de Diputados casi un mes antes y entrará en vigor a partir del 30 de mayo.

“Con la reforma propuesta se busca incidir favorablemente en la ética pública y política, en beneficio de la sociedad en su conjunto”, indicó el dictamen aprobado por los Senadores.

En tanto que, en los 180 días siguientes, el Congreso y las legislaturas de las entidades federativas deberán ajustar sus respectivas constituciones para cumplir con las disposiciones señaladas.

Con información de: El Financiero
Valora este artículo
(0 votos)
Más en esta categoría: « Suprema Corte niega amparo para desbloquear sus cuentas Destaca Rosa Icela ante IP baja de delitos de alto impacto »
volver arriba

El apunte del director

  • MAYO 2026
    **PACIFICACIÓN: SIN RENDICIÓN DE CUENTAS, NO HAY RUTA**

    La pacificación de México no admite atajos retóricos ni soluciones parciales. Es un objetivo legítimo, urgente y compartido, pero su cumplimiento exige algo más que despliegues operativos o ajustes discursivos: requiere reconstruir la confianza en las instituciones, cerrar espacios de impunidad y someter al escrutinio público a todos los niveles de gobierno.
    Durante años, la estrategia de seguridad ha oscilado entre la contención y la reacción. Se han fortalecido capacidades, sí, pero el fenómeno criminal ha demostrado una notable capacidad de adaptación. En ese contexto, la discusión de fondo no puede eludirse: ¿cómo garantizar que las autoridades —federales, estatales y municipales— actúen con integridad y sin interferencias indebidas?
    La respuesta pasa por un principio básico en cualquier Estado de derecho: rendición de cuentas efectiva. Esto implica investigaciones independientes, fiscalías con autonomía real, sistemas de inteligencia que funcionen y mecanismos de control que no dependan de la voluntad política del momento. No se trata de señalar sin pruebas, sino de construir condiciones para que cualquier sospecha fundada sea investigada con rigor y transparencia.
    El desafío es mayúsculo porque la percepción de impunidad sigue siendo uno de los principales factores que erosionan la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no se aplican de manera uniforme, que hay zonas grises o que ciertos actores están fuera del alcance de la ley, la confianza se diluye. Y sin confianza, cualquier política de seguridad está condenada a resultados limitados.
    En este punto, la coordinación entre niveles de gobierno es indispensable. La seguridad no es una competencia exclusiva de la federación ni puede resolverse desde un solo frente. Los estados y municipios juegan un papel central, tanto en la prevención como en la reacción. Sin embargo, esa coordinación debe ir acompañada de estándares claros y de la capacidad de intervenir cuando estos no se cumplen.
    La cooperación internacional también es un componente clave. México no enfrenta este problema en aislamiento. El tráfico de drogas, armas y dinero ilícito es transnacional por definición. De ahí que la colaboración con socios estratégicos deba centrarse en inteligencia, control de flujos financieros y combate a redes logísticas, más allá de discursos o tensiones coyunturales.
    Pero incluso con mejores herramientas y mayor coordinación, la pacificación no será posible si no se atienden las causas estructurales que alimentan la violencia. Desigualdad, falta de oportunidades, debilidad institucional y economías locales capturadas por el crimen forman parte del ecosistema que permite la reproducción del problema. Ignorarlos sería perpetuar el ciclo.
    El reto para el gobierno federal es doble. Por un lado, sostener una estrategia de seguridad eficaz y medible. Por otro, enviar señales claras de que no habrá tolerancia para conductas indebidas dentro del propio aparato estatal. Esto último es particularmente sensible, porque implica asumir costos políticos en aras de fortalecer el Estado de derecho.
    La narrativa importa, pero los resultados importan más. La pacificación no se decreta: se construye con instituciones que funcionen, con justicia que llegue a tiempo y con autoridades que rindan cuentas. En esa ecuación, el combate a la impunidad es el factor decisivo.
    El país no necesita más promesas grandilocuentes, sino una hoja de ruta clara, con metas verificables y mecanismos de seguimiento. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, no se conforma con diagnósticos. Exige soluciones.
    En síntesis, la pacificación de México pasa por un principio irrenunciable: nadie por encima de la ley y todos sujetos a escrutinio. Sin esa base, cualquier estrategia será, en el mejor de los casos, insuficiente. Con ella, se abre la posibilidad real de avanzar hacia un país más seguro y más justo.