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Desde San Lázaro. Se acabó la luna de miel. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

24 Jul 2026
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Desde San Lázaro. Se acabó la luna de miel. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/PartidoMorenaMx

El tiempo vuela. A menos de once meses de las elecciones intermedias de 2027, los estudios demoscópicos comienzan a dibujar un escenario muy distinto al que prevalecía apenas hace unas semanas. Todavía falta un largo trecho por recorrer y cualquier pronóstico debe tomarse con prudencia; sin embargo, las primeras tendencias permiten advertir que la aparente invencibilidad electoral de Morena empieza a mostrar signos de desgaste.

Las encuestas ya no sólo miden la competencia entre partidos políticos. También comienzan a evaluar el peso específico de los aspirantes dentro de una misma fuerza política. En Morena, por ejemplo, dependiendo del perfil del candidato, las preferencias electorales suben o bajan de manera importante. Ello confirma una vieja máxima de la política: los partidos construyen estructuras, pero los candidatos ganan o pierden elecciones.

La selección de abanderados será determinante.

Si el oficialismo se equivoca en la designación de sus candidatos a gobernador, el costo político podría ser mucho mayor del que hoy calculan quienes despachan en Palacio Nacional.

La elección no será menor. En 2027 estarán en juego las gubernaturas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, además de la renovación total de la Cámara de Diputados federal y miles de cargos de elección popular. Será, en los hechos, el primer gran referéndum ciudadano sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum y sobre el desempeño territorial de Morena desde su llegada al poder.

Hasta hace poco, el escenario era ampliamente favorable para el oficialismo. Diversos analistas estimaban que Morena y sus aliados podían conquistar entre 13 o 14 de las 17 gubernaturas en disputa, dejando apenas tres al PAN y una al Partido Verde en caso de competir por separado.

Hoy ese panorama comienza a modificarse.

Las primeras mediciones muestran que varias entidades ya no aparecen como triunfos seguros para el partido gobernante. Estados como Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Campeche y Nuevo León (actualmente de Movimiento Ciudadano) empiezan a registrar una competencia mucho más cerrada de la prevista originalmente. Falta mucho tiempo para la jornada electoral, pero las tendencias revelan que la llamada luna de miel entre el electorado y el oficialismo comienza a agotarse.

Las razones son diversas.

La primera es el desgaste natural del ejercicio del poder.

Morena dejó de ser un movimiento opositor para convertirse en el partido responsable de la seguridad, la economía, la salud, la educación, la infraestructura y el crecimiento del país. Los ciudadanos ya no evalúan promesas; ahora califican resultados.

Y esos resultados no siempre acompañan el discurso.

La inseguridad continúa encabezando las preocupaciones de los mexicanos; el sistema de salud sigue arrastrando carencias; el crecimiento económico permanece por debajo de las expectativas y varios gobiernos estatales emanados de Morena enfrentan severos cuestionamientos por su desempeño administrativo, financiero y en materia de seguridad pública.

A ese desgaste se suma un segundo factor que comienza a pesar políticamente.

Los señalamientos provenientes de Estados Unidos sobre presuntos vínculos de algunos actores políticos con organizaciones criminales han colocado en la agenda pública el tema de los llamados "narcopolíticos". Independientemente de que cada caso deberá resolverse conforme al debido proceso y respetando la presunción de inocencia, el impacto político es innegable. La oposición ha encontrado en esa narrativa un poderoso instrumento para desgastar al partido gobernante.

No es casualidad que desde Palacio Nacional se busque cambiar la conversación pública.

Diversos analistas interpretan que las recientes acciones judiciales emprendidas contra personajes vinculados con la oposición como el exgobernador panista, Ernesto Ruffo, forman parte de una estrategia política orientada a equilibrar el costo mediático de los señalamientos que pesan sobre algunos integrantes del oficialismo. Esa judicialización de la política es un bumerang que viene de regreso contra la 4T.

Dentro de Morena, léase Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, existe conciencia de que la elección de 2027 será mucho más competida de lo que originalmente se pensaba.

Los próximos meses serán decisivos. La definición de candidaturas, el desempeño de los gobiernos estatales, la evolución de la economía, la estrategia de seguridad y el desarrollo de las investigaciones que mantienen abiertas las autoridades estadounidenses influirán directamente en el ánimo del electorado.

Si hace apenas unas semanas el oficialismo se veía con posibilidades de ganar hasta 14 gubernaturas, hoy esa cifra comienza a ajustarse y nadie puede descartar que continúe reduciéndose conforme avance el calendario electoral.

En política, las victorias del pasado no garantizan los triunfos del futuro.

Las encuestas empiezan a enviar señales de advertencia. Morena conserva la estructura más poderosa del país, pero también carga con el peso de gobernar y con personajes de non grata reputación y puede equivocarse en la selección de aspirantes.

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El apunte del director

  • Octubre 2026

    Una decapitación orquestada desde la 4T

    La decapitación de la estatua del expresidente Felipe Calderón en Los Pinos no puede reducirse a una anécdota de protesta sindical ni mucho menos justificarse como un simple acto simbólico contra quien decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Lo ocurrido es un acto de vandalismo dentro de un recinto administrado por el Estado y, por ello, plantea una pregunta elemental: ¿cómo fue posible que un grupo de manifestantes ingresara, destruyera una escultura y se paseara con su cabeza sin que la seguridad del lugar lo impidiera?

    Los hechos están documentados. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, azuzados por Jesús Ramírez Cuevas, asesor presidencial, ingresaron al Complejo Cultural Los Pinos después de manifestarse contra Calderón, quien participaba en el Foro América Libre 2026. Los inconformes encontraron la estatua en el suelo, donde permanecía desde que un árbol la derribó en 2025, y procedieron a golpearla hasta desprenderle la cabeza. Uno de los participantes incluso caminó con ella antes de arrojarla contra el piso.

    La primera responsabilidad del gobierno es por omisión. Durante más de un año permitió que una pieza perteneciente al acervo histórico de Los Pinos permaneciera abandonada en el suelo. En julio de 2025, la dirección del complejo había anunciado que sería restaurada y reinstalada; eso no ocurrió.

    La segunda responsabilidad es todavía más grave: la incapacidad o falta de voluntad de la seguridad del recinto para impedir su destrucción. Los reportes disponibles señalan que durante el vandalismo no hubo intervención policial ni del personal encargado de proteger el Centro Cultural.

    Y allí aparece el problema político.

    No existe hasta ahora evidencia pública que permita asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la agresión o que Jesús Ramírez instruyó al SME para destruir la estatua. Afirmarlo como hecho sin pruebas desviaría la atención de algo que sí puede exigirse al gobierno: explicar por qué permitió que ocurriera dentro de un inmueble bajo responsabilidad federal y por qué nadie protegió un bien que formaba parte del recinto.

    Porque el Estado de derecho también se defiende cuando el personaje agraviado es un adversario político.

    Felipe Calderón puede ser cuestionado por sus decisiones de gobierno; el SME tiene todo el derecho de repudiar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, protestar contra el expresidente y exigir justicia por lo que considere agravios históricos. Lo que nadie tiene derecho a hacer es sustituir la protesta por la destrucción de bienes dentro de instalaciones públicas.

    Un gobierno democrático no puede administrar la legalidad dependiendo de quién sea la víctima. Si mañana un grupo contrario a López Obrador destruyera una estatua suya dentro de un recinto federal mientras los guardias observan pasivamente, el oficialismo reclamaría —con razón— la aplicación de la ley.

    Ese mismo principio debe valer para Calderón.

    La escena de Los Pinos es particularmente desafortunada porque convierte la intolerancia política en espectáculo: una estatua decapitada, una cabeza paseada como trofeo y una autoridad aparentemente incapaz de detener la destrucción.

    La Presidencia y la Secretaría de Cultura deberían explicar qué ocurrió, quién tenía bajo su responsabilidad la seguridad del complejo, por qué no intervino y qué consecuencias habrá.

    No hacerlo significaría enviar un mensaje peligroso: que en México existen actos de vandalismo tolerables dependiendo de contra quién se cometan.

    Y cuando el poder comienza a seleccionar qué patrimonio merece protección y qué adversario merece el abandono, lo que termina decapitado no es solamente una estatua.

    Es el principio elemental de que la ley debe aplicarse a todos por igual.