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Desde San Lázaro. De la soberanía energética a la ruta de extinción. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

19 May 2026
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Desde San Lázaro. De la soberanía energética a la ruta de extinción. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/Pemex

La salida de Víctor Rodríguez Padilla de la dirección general de Petróleos Mexicanos confirma lo que desde hace meses era evidente, su incompetencia impactó en los mercados, a proveedores, al interior del propio gobierno y por supuesto de la misma empresa; la petrolera del Estado atraviesa una de las crisis más profundas de su historia y el relevo en la cúpula no garantiza, por sí mismo, una solución.

Rodríguez apenas permaneció un año y medio al frente de Pemex. Su gestión pasará a la historia como una de las más breves y accidentadas, marcada por la caída de la producción, el deterioro financiero, los accidentes operativos y un episodio que sintetizó la magnitud de la descomposición administrativa: el reconocimiento público de que sus propios subalternos no le informaron con veracidad sobre el derrame de petróleo ocurrido en el Golfo de México.

En cualquier empresa del mundo, admitir que el director general desconocía la verdadera dimensión de un desastre ambiental equivaldría a una confesión de incompetencia institucional. En Pemex, esa declaración confirmó que el control interno es precario, la comunicación está fracturada y la capacidad de reacción es insuficiente.

La presidenta ha decidido sustituirlo con Juan Carlos Carpio, un perfil eminentemente financiero, de formación tecnócrata y con cercanía política con la mandataria. Su principal activo es la confianza presidencial. Su principal debilidad, la falta de experiencia directa en la compleja operación petrolera.

Y no recibe una empresa en dificultades menores. Hereda una estructura al borde del colapso.

La producción de crudo ronda apenas 1.4 millones de barriles diarios, muy lejos de las metas oficiales y a gran distancia de los niveles que alguna vez convirtieron a México en potencia energética. La deuda con proveedores supera los 375 mil millones de pesos, ahogando a miles de empresas contratistas y afectando cadenas productivas enteras.

A ello se suma el repunte del robo de combustibles. Durante 2025, los piquetes a ductos crecieron 43 por ciento, generando pérdidas estimadas en 60 mil millones de pesos. Es decir, el huachicol, que fue presentado como un problema prácticamente resuelto al inicio del sexenio pasado, sigue siendo una hemorragia financiera y operativa.

Las refinerías tampoco ofrecen mejores noticias.

Explosiones, fugas, paros no programados y bajos niveles de utilización reflejan el deterioro acumulado de instalaciones que requieren inversiones millonarias y una disciplina técnica que ha sido sustituida por decisiones políticas. La promesa de autosuficiencia en combustibles se ha topado con una realidad incuestionable: refinar más no ha significado refinar mejor ni con rentabilidad.

Dos Bocas se mueve entre los percances mortales y la baja productividad.

En paralelo, los derrames y contingencias ambientales incrementan los costos reputacionales y legales de la empresa. Cada incidente erosiona la credibilidad de la narrativa oficial y confirma que la infraestructura opera bajo una presión cada vez mayor.

Juan Carlos Carpio tendrá la oportunidad de intentar un rescate, pero también el riesgo de convertirse en el tercer integrante de una trilogía que podría ser recordada como la que le dio la puntilla a Pemex: Octavio Romero Oropeza, Víctor Rodríguez Padilla y ahora Carpio.

Romero heredó una empresa debilitada, pero apostó por una estrategia centrada en la soberanía energética como consigna política e hizo de la corrupción su modus vivendi. Rodríguez profundizó la crisis con una administración errática y falta de control. Carpio deberá demostrar, en muy poco tiempo, si cuenta con la capacidad para corregir el rumbo o si será apenas otro administrador de la decadencia.

El problema de fondo es que Pemex ya no enfrenta únicamente una crisis coyuntural. Su modelo de negocio muestra signos estructurales de agotamiento.

La empresa arrastra una pesada carga fiscal y financiera, enfrenta yacimientos maduros, opera instalaciones envejecidas y compite en un mercado energético global cada vez más exigente. Mientras otras petroleras estatales se modernizan y diversifican, Pemex sigue subordinada a decisiones políticas de corto plazo.

Legisladores y analistas coinciden en que el cambio de director no resolverá por sí solo los problemas de endeudamiento, productividad y gobernanza. Se requiere una estrategia integral, con disciplina presupuestal, transparencia, inversión eficiente y decisiones técnicas libres de dogmas ideológicos.

La narrativa de la soberanía energética prometió rescatar a la petrolera y devolverle su papel protagónico. Lo que hoy se observa es una empresa con menor producción, mayores deudas, infraestructura deteriorada y creciente vulnerabilidad operativa.

Juan Carlos Carpio todavía puede cambiar el desenlace. Pero el reto es mayúsculo y está atrapado en ideas ideológicas de izquierda que piensan que la égida del Estado es la razón de ser de PEMEX.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.