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Conquistas del magisterio impulsan derechos para todos los trabajadores al servicio del Estado Destacado

28 Abr 2026
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Conquistas del magisterio impulsan derechos para todos los trabajadores al servicio del Estado Imagen tomada de: https://snte.org.mx/blog/comunicado-15-2026

En vísperas del 1 de mayo, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), maestro Alfonso Cepeda Salas, afirmó que, como nunca antes, se está avanzando en la consolidación de los derechos de los trabajadores en México, y no hay marcha atrás en el impulso a la agenda que prioriza dignidad, certeza jurídica, libertad de organización, así como salarios justos y pensiones dignas.

 

Durante el XIV Pleno Extraordinario de la Sección 4 del SNTE, en Campeche, inaugurado por la gobernadora de la entidad, Layda Sansores San Román, el dirigente del SNTE destacó que, por ser la organización gremial con el mayor número de servidores públicos, el Sindicato ha logrado que sus conquistas no sólo beneficien al magisterio, sino que sienten precedentes en favor de todos los trabajadores al servicio del Estado.

 

Subrayó que uno de los avances más relevantes es la reforma en materia de autonomía sindical, que reconoce el derecho de las y los trabajadores a decidir libremente sobre la vida interna de sus organizaciones, además establece sanciones para autoridades y funcionarios que pretendan intervenir o vulnerar esa libertad.

 

El maestro Cepeda Salas reiteró que el SNTE seguirá impulsando la reforma a la Ley del ISSSTE para otorgar condiciones dignas de retiro a quienes han dedicado su vida al servicio público.

 

“Queremos que se reforme la Ley del ISSSTE, que se incremente el número de UMA como tope salarial y, si se puede, ese es nuestro sueño, que desaparezcan las cuentas individuales y que todos regresemos al sistema de beneficio definido”.

 

Al inaugurar el Pleno, la gobernadora Sansores San Román se dijo emocionada por participar con un gremio que ha apoyado a la transformación del país y se comprometió a corresponder con mejores condiciones para el desempeño de las funciones del magisterio.

 

“Yo vengo con esa emoción, me siento una de ustedes, me emociona verlos, su vibra, su solidaridad, su amor, lo que han dado a México en los momentos más difíciles”.

 

La gobernadora recordó que es maestra de vocación, “fui maestra y fui feliz entregando todos los días a los niños lo mejor de mí (…)  El privilegio del maestro es ese, siempre está enseñando y siempre está aprendiendo, quiénes mejor que los niños para darnos lecciones”.

 

Por su parte, el profesor Sergio Renán Flores Gutiérrez, secretario general de la Sección 4, reconoció al maestro Alfonso Cepeda por el apoyo que brinda a los trabajadores de la educación y por los resultados obtenidos “en el momento histórico que vive el país”.

 

Dijo que el SNTE va con rumbo firme, haciendo equipo con autoridades y sociedad, en favor de la escuela pública, “construyendo una agenda que pone al magisterio en el centro de la transformación”.

 

Asimismo, agradeció a la gobernadora Layda Sansores San Román, “por su disposición, sensibilidad y respaldo a las gestiones de la organización sindical”.

 

El Pleno Seccional estuvo presidido por el profesor José Luis Pérez Márquez, integrante del Colegiado Nacional de Asuntos Laborales.

 

Copresidieron los profesores Cuauhtémoc Valaguez Velásquez y Concepción Martínez Márquez, integrantes del Colegiado Nacional de Asuntos Laborales, y del Colegiado Nacional Jurídico, respectivamente.

 

En la ceremonia estuvieron los profesores Ricardo Francisco Espinosa Magaña y Freddy Santos Morales, representantes del Comité Ejecutivo Nacional en la Sección 4.

 

Asistieron, también, ex secretarios generales, rectores de distintas universidades en Campeche, funcionarios del gobierno estatal y alcaldes de la entidad, así como el profesor Alejandro Chulim Cimé, secretario general de la Sección 57 en Yucatán.

 

Con información de: https://snte.org.mx/blog/comunicado-15-2026

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El apunte del director

  • Octubre 2026

    Una decapitación orquestada desde la 4T

    La decapitación de la estatua del expresidente Felipe Calderón en Los Pinos no puede reducirse a una anécdota de protesta sindical ni mucho menos justificarse como un simple acto simbólico contra quien decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Lo ocurrido es un acto de vandalismo dentro de un recinto administrado por el Estado y, por ello, plantea una pregunta elemental: ¿cómo fue posible que un grupo de manifestantes ingresara, destruyera una escultura y se paseara con su cabeza sin que la seguridad del lugar lo impidiera?

    Los hechos están documentados. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, azuzados por Jesús Ramírez Cuevas, asesor presidencial, ingresaron al Complejo Cultural Los Pinos después de manifestarse contra Calderón, quien participaba en el Foro América Libre 2026. Los inconformes encontraron la estatua en el suelo, donde permanecía desde que un árbol la derribó en 2025, y procedieron a golpearla hasta desprenderle la cabeza. Uno de los participantes incluso caminó con ella antes de arrojarla contra el piso.

    La primera responsabilidad del gobierno es por omisión. Durante más de un año permitió que una pieza perteneciente al acervo histórico de Los Pinos permaneciera abandonada en el suelo. En julio de 2025, la dirección del complejo había anunciado que sería restaurada y reinstalada; eso no ocurrió.

    La segunda responsabilidad es todavía más grave: la incapacidad o falta de voluntad de la seguridad del recinto para impedir su destrucción. Los reportes disponibles señalan que durante el vandalismo no hubo intervención policial ni del personal encargado de proteger el Centro Cultural.

    Y allí aparece el problema político.

    No existe hasta ahora evidencia pública que permita asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la agresión o que Jesús Ramírez instruyó al SME para destruir la estatua. Afirmarlo como hecho sin pruebas desviaría la atención de algo que sí puede exigirse al gobierno: explicar por qué permitió que ocurriera dentro de un inmueble bajo responsabilidad federal y por qué nadie protegió un bien que formaba parte del recinto.

    Porque el Estado de derecho también se defiende cuando el personaje agraviado es un adversario político.

    Felipe Calderón puede ser cuestionado por sus decisiones de gobierno; el SME tiene todo el derecho de repudiar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, protestar contra el expresidente y exigir justicia por lo que considere agravios históricos. Lo que nadie tiene derecho a hacer es sustituir la protesta por la destrucción de bienes dentro de instalaciones públicas.

    Un gobierno democrático no puede administrar la legalidad dependiendo de quién sea la víctima. Si mañana un grupo contrario a López Obrador destruyera una estatua suya dentro de un recinto federal mientras los guardias observan pasivamente, el oficialismo reclamaría —con razón— la aplicación de la ley.

    Ese mismo principio debe valer para Calderón.

    La escena de Los Pinos es particularmente desafortunada porque convierte la intolerancia política en espectáculo: una estatua decapitada, una cabeza paseada como trofeo y una autoridad aparentemente incapaz de detener la destrucción.

    La Presidencia y la Secretaría de Cultura deberían explicar qué ocurrió, quién tenía bajo su responsabilidad la seguridad del complejo, por qué no intervino y qué consecuencias habrá.

    No hacerlo significaría enviar un mensaje peligroso: que en México existen actos de vandalismo tolerables dependiendo de contra quién se cometan.

    Y cuando el poder comienza a seleccionar qué patrimonio merece protección y qué adversario merece el abandono, lo que termina decapitado no es solamente una estatua.

    Es el principio elemental de que la ley debe aplicarse a todos por igual.