La próxima visita a México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ocurre en un momento incómodo para el gobierno federal. No es una visita protocolaria ni de cortesía diplomática: llega en el contexto de un informe elaborado por un Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas que ha puesto nuevamente en el centro del debate global la crisis de desapariciones en el país.

Y esa crisis, a diferencia de otros temas, no admite matices ni discursos evasivos.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora con Roberto Velazco, más de uno desearía que el Alto Comisionado emita una declaración que despresurice el tema, que baje el tono, que matice el diagnóstico. En términos coloquiales, que “ayude” a contener el impacto político de un problema que se ha vuelto estructural. Pero la realidad es mucho más contundente que cualquier esfuerzo diplomático.

México vive una crisis de desapariciones que no sólo persiste, sino que se profundiza.

A diario se descubren fosas clandestinas. Cotidianamente se reportan nuevos casos. Niños, mujeres, jóvenes y adultos: la tragedia no distingue edad, género ni condición social. Las cifras oficiales, aun con sus inconsistencias, reflejan una dimensión alarmante; pero más allá de los números, lo que pesa es la evidencia cotidiana de un fenómeno que ha rebasado la capacidad del Estado.

Y cuando el Estado es rebasado, el problema deja de ser estadístico para convertirse en una crisis de derechos humanos.

El informe que detonó la atención de la ONU no hace sino recoger lo que colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y familiares de víctimas han denunciado durante años: la desaparición en México no es un fenómeno aislado ni circunstancial, sino una práctica extendida que combina la acción del crimen organizado con la omisión —y en algunos casos la complicidad— de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Ese es el núcleo del problema.

El discurso oficial insiste en matizar la gravedad del tema, resulta cada vez más difícil sostener la narrativa de control. Porque mientras en los informes se ajustan cifras y se afinan metodologías, en el terreno las madres buscadoras siguen excavando con sus propias manos.

La distancia entre el discurso y la realidad es abismal.

El gobierno ha optado por una estrategia que combina tres elementos: control narrativo, centralización institucional y militarización de la seguridad pública. Sin embargo, ninguno de estos componentes ha logrado contener el fenómeno de las desapariciones. Por el contrario, la evidencia sugiere que la crisis se mantiene y, en algunos indicadores, se agrava.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de Piedra, que debería ser una voz crítica y vigilante, ha optado por un silencio ominoso. Su papel en este tema ha sido, por decir lo menos, marginal frente a la magnitud del problema.

Y ese silencio también es político.

Porque reconocer plenamente la crisis implicaría aceptar fallas estructurales en la política de seguridad y en la capacidad institucional del Estado. Implicaría, además, asumir costos en un contexto donde la narrativa gubernamental apuesta por la estabilidad y el control.

La militarización, presentada como una solución para recuperar la seguridad, no ha logrado frenar las desapariciones. Los operativos pueden contener ciertos delitos, pero no han desmantelado las redes que permiten la desaparición sistemática de personas. Sin investigación efectiva, sin fiscalías fortalecidas y sin coordinación real entre niveles de gobierno, el problema persiste.

De hecho, la militarización conlleva la violación sistemática de los derechos humanos de la población y el abuso indiscriminado de la fuerza del Estado.

El elemento que suele quedar fuera del discurso es el presupuestal. Las políticas públicas en materia de búsqueda, identificación forense y atención a víctimas requieren recursos presupuestales, capacidades técnicas y voluntad política. Sin ese soporte, cualquier estrategia se reduce a esfuerzos fragmentados que no logran incidir en la magnitud del fenómeno.

Se pueden maquillar cifras. Se puede intentar desactivar la presión internacional. Se puede contener el debate en el ámbito interno. Pero no se pueden ocultar las fosas.

En la medida que organismos internacionales como la ONU intensifiquen su atención sobre México, la presión para adoptar medidas más contundentes aumentará. Y con ella, la necesidad de mostrar resultados reales, no sólo compromisos que se quedan en el discurso y en el papel.

Las desapariciones forzadas, las que hace el Estado (aun por omisión o por negligencia) no son un indicador más en la agenda de seguridad. Son una herida abierta que cuestiona la capacidad misma del gobierno para garantizar lo más básico: la vida y la integridad de sus ciudadanos.

Y frente a esa realidad, ninguna declaración diplomática —por más matizada que sea— podrá sustituir la urgencia de una respuesta efectiva.

La presidenta de México ha replicado la estrategia de su antecesor con los colectivos de la sociedad en el tema de desaparecidos; insultar, estigmatizar y soslayar el problema.