La revocación de mandato se ha querido vender como un avance democrático, pero en realidad es uno de los instrumentos más sofisticados del populismo contemporáneo para consolidar el poder, no para limitarlo. Su origen moderno no es precisamente un modelo de institucionalidad liberal, sino el experimento político impulsado por Hugo Chávez en Venezuela, posteriormente perfeccionado por Nicolás Maduro. En ambos casos, lejos de servir como mecanismo ciudadano para remover gobernantes, se convirtió en herramienta de movilización, propaganda y legitimación del régimen.

México no es Venezuela, pero hay señales que preocupan.

La figura de la revocación de mandato, establecida en el artículo 35 constitucional, fue diseñada en teoría como un derecho ciudadano para terminar anticipadamente el encargo de un gobernante por pérdida de confianza. Es decir, un mecanismo excepcional. No una consulta para ratificar popularidad, ni mucho menos una plataforma para hacer campaña política desde el poder.

Sin embargo, la discusión actual en torno a la reforma electoral —particularmente el llamado “plan B”— apunta en sentido contrario. La intención de empatar la revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027 no sólo distorsiona el espíritu constitucional, sino que abre la puerta a un uso faccioso del instrumento.

Seamos claros: hoy por hoy es difícil encontrar en México una demanda social significativa que exija la remoción anticipada de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por el contrario, diversas mediciones coinciden en que la mayoría de los mexicanos desea que concluya su mandato en 2030.

Entonces, ¿para qué insistir en la revocación?

La respuesta no está en la democracia participativa, sino en la lógica electoral. Adelantar y empatar este ejercicio con los comicios intermedios permitiría a la presidenta participar activamente en la arena política, influir en las campañas y, en los hechos, encabezar la movilización electoral del oficialismo.

Eso no es revocar el mandato. Es ratificar el poder.

El problema no termina ahí. El tránsito del llamado “plan A” al “plan B” en materia electoral refleja una preocupante degradación legislativa. De una propuesta que planteaba cambios estructurales —como la revisión del sistema de representación proporcional y el costo de la democracia— se pasó a un ajuste menor: reducción de estructuras locales, recortes administrativos y poco más. Un bodrio legislativo que no resuelve los problemas de fondo.

Peor aún, el nuevo paquete contempla modificaciones constitucionales —entre ellas al artículo 35— donde la manzana de la discordia sigue siendo la revocación de mandato. No por su esencia, sino por su uso político.

En paralelo, la discusión ha dejado al descubierto fisuras dentro de la propia coalición gobernante. El Partido del Trabajo ha condicionado su respaldo a cambios en el calendario de la revocación, evidenciando tensiones internas y una rebelión que no es menor.

Este episodio deja en el ánimo colectivo una percepción delicada: la dificultad del Ejecutivo para mantener cohesionados a sus aliados.

Y si el PT muestra los dientes, el Partido Verde tampoco se queda atrás. Sus decisiones en los estados, como la intención de impulsar candidaturas familiares en San Luis Potosí, chocan frontalmente con el discurso presidencial contra el nepotismo. En política, las contradicciones pesan más que los discursos.

Por eso, el debate de fondo no es jurídico, sino político.

México no necesita una revocación de mandato adelantada ni convertida en espectáculo electoral. Necesita estabilidad institucional, reglas claras y un respeto estricto al principio de neutralidad del poder. La democracia no se fortalece cuando el árbitro se convierte en jugador, y mucho menos cuando el jugador tiene todo el aparato del Estado detrás.

La presidenta debe concluir su mandato en 2030. Sin atajos, sin simulaciones y sin campañas encubiertas desde el poder.

Si en verdad existe respaldo popular —como sugieren las encuestas— no hay razón para someterlo a una ratificación disfrazada. Y si no lo hubiera, la revocación debería surgir desde la ciudadanía, no desde el interés estratégico del gobierno.

En otras palabras: la revocación no es para que el poder se mida a sí mismo, sino para que la sociedad lo limite.

Convertirla en herramienta electoral es traicionar su razón de ser.

Y en ese terreno, México no debería repetir historias que ya demostraron —en otras latitudes— hacia dónde conducen. La ruta es simple: presidenta hasta 2030. Sin trampas. Sin propaganda. Sin confundir participación con manipulación.

Más allá de la discusión política de coyuntura, los políticos deberían enfocar sus baterías a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y resolver sus problemas más acuciantes.  Buena parte de la agenda legislativa del Congreso se van en temas que tienen que ver con la lucha por el poder en detrimento de la atención de los grandes temas nacionales como, por ejemplo, los desaparecidos que ya es un problema a nivel nacional y que a estas alturas no existe un padrón oficial.