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Desde San Lázaro. 97 años después, al borde de la extinción. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

05 Mar 2026
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Desde San Lázaro. 97 años después, al borde de la extinción. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/PRI_Nacional

Este 4 de marzo el Partido Revolucionario Institucional cumple 97 años de haber sido fundado en 1929, cuando bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario comenzó la historia del partido que dominaría la vida pública de México durante siete décadas. Fue el 4 de marzo de 1929 cuando Plutarco Elías Calles impulsó la creación de una maquinaria política destinada a dar estabilidad al país posrevolucionario. Lo que nació como instrumento de cohesión terminó convertido en sinónimo de poder y, con el tiempo, de excesos.

Hoy, a casi un siglo de distancia, el otrora partidazo celebrará una sesión solemne en su sede nacional. Los tricolores se alistan para una ceremonia que, en otras épocas, habría paralizado la agenda política y convocado a gobernadores, líderes sindicales, sectores campesinos y representantes populares de todo el país. Esta vez, el acto se anticipa más como un ejercicio de nostalgia que como demostración de fuerza.

Está prevista la presencia —si la agenda lo permite— del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas (con claroscuros en su gobierno) hoy por hoy el único mandatario estatal que milita en el PRI sin alianzas formales que diluyan el rojo, blanco y verde. El caso de Durango es distinto: Esteban Villegas Villarreal llegó al poder cobijado por una coalición donde también ondea el azul. En los hechos, el priismo puro gobierna una sola entidad, una realidad impensable hace apenas dos décadas.

La conmemoración número 97 encuentra al PRI en su momento más reducido en representación legislativa. En el Senado apenas suma 13 escaños; en la Cámara de Diputados, 37 curules. Números que contrastan brutalmente con aquellas legislaturas en las que la mayoría calificada era rutina y el trámite parlamentario dependía de la disciplina de bancada.

El problema no es únicamente cuantitativo, sino político. El PRI enfrenta una crisis de identidad que no ha logrado resolver desde la alternancia del año 2000. Tras el regreso fugaz al poder presidencial en 2012 y la posterior derrota de 2018, el partido no ha construido una narrativa convincente para las nuevas generaciones. La marca pesa más que sus propuestas, y el pasado se convierte en carga cuando el electorado demanda futuro.

De cara a los comicios intermedios de 2027, el panorama luce desalentador. Si las tendencias actuales se mantienen, su presencia en la Cámara baja podría reducirse todavía más. Y si prospera la reforma electoral impulsada desde Palacio Nacional, particularmente en el punto que plantea la eliminación de las diputaciones plurinominales, el golpe sería demoledor para partidos medianos y pequeños que dependen de esa vía para garantizar representación.

En ese escenario, figuras como Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional, enfrentarían mayores dificultades para mantenerse en el tablero político. Las listas plurinominales han sido históricamente el salvavidas de las dirigencias partidistas, el espacio donde se resguardan liderazgos cuestionados o se asegura presencia estratégica. Sin esa herramienta, el priismo tendría que competir en territorio abierto, distrito por distrito, con una estructura que ya no es la de antaño.

La sesión solemne, por tanto, tendrá más simbolismo que músculo. Se hablará de historia, de la construcción de instituciones, del México moderno que el PRI ayudó a edificar. No faltarán referencias al desarrollo estabilizador, a la expansión de la infraestructura, a la consolidación del Estado mexicano. Pero también, aunque sea en voz baja, pesarán los escándalos de corrupción, las derrotas electorales y la fuga constante de cuadros hacia otras fuerzas políticas.

En los pasillos de San Lázaro, el PRI ya no impone condiciones. Negocia, acompaña o se suma. Su capacidad de veto es limitada y su margen de maniobra depende, casi siempre, de lo que decidan sus aliados coyunturales. La bancada tricolor se mueve entre la disciplina histórica y la necesidad de sobrevivencia. Sabe que cada votación es también un mensaje hacia su base, una base que se ha reducido pero que aún conserva enclaves territoriales y lealtades locales.

Ahora son más protagonistas de escándalos que generadores de propuestas legislativas.

El aniversario 97 no es cualquier fecha. Es la antesala del centenario, esa cifra redonda que obliga a balances profundos. De aquí a 2029, el PRI tendrá que decidir si quiere llegar a los cien años como una fuerza testimonial o como un partido capaz de reinventarse. La historia demuestra que ha sabido transformarse —del PNR al PRM y luego al PRI—, pero el contexto actual es radicalmente distinto: competencia real, ciudadanía crítica y un ecosistema digital que no perdona.

La pregunta de fondo es si el priismo asumirá que su crisis es estructural y no solo coyuntural. Porque no se trata únicamente de liderazgos, sino de proyecto. Sin una propuesta clara frente a los grandes temas nacionales —seguridad, crecimiento económico, desigualdad, institucionalidad democrática— cualquier celebración corre el riesgo de convertirse en acto protocolario sin eco social.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.