En dos palacios, el Nacional y el de Covián, en donde despacha Rosa Icela Rodríguez como titular de la Segob, se cocina una reforma electoral que, bajo el discurso de “perfeccionar la democracia”, tiene una consigna clara: impedir la alternancia en el poder con un entramado jurídico que acote los espacios legislativos a los adversarios políticos. El objetivo de fondo, según se comenta en corrillos legislativos, es valerse de las mayorías calificadas que tienen en el Congreso en estos momentos, para aprobar la reforma electoral del Ejecutivo que disminuya el financiamiento público a los partidos políticos, bajarle al número de senadores y diputados federales y establecer un nuevo esquema de poder donde la hegemonía oficialista no dependa únicamente del arrastre electoral del momento.
La narrativa pública hablará de austeridad, simplificación administrativa y combate a los “excesos” del Instituto Nacional Electoral. Se insistirá en que el país necesita elecciones más baratas y autoridades más cercanas al pueblo. Pero detrás de esa retórica se perfila una operación de mayor calado: redibujar las reglas del juego antes de las elecciones intermedias de 2027 y, sobre todo, antes de la sucesión presidencial de 2030.
En San Lázaro corren todo tipo de versiones que apuntan a modificar la integración del INE y del Tribunal Electoral, reducir el número de consejeros y magistrados, y establecer nuevos mecanismos de designación con mayor peso de la mayoría legislativa. Aunque formalmente se mantendría la autonomía constitucional, en los hechos el árbitro quedaría más expuesto a presiones políticas. No sería una captura frontal, sino una colonización gradual, envuelta en reformas legales y ajustes presupuestales.
El otro eje de la reforma apunta a los partidos políticos. Morena, como fuerza dominante, no sería el blanco directo; el rediseño afectaría, sobre todo, a sus aliados coyunturales. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, por ejemplo, podrían enfrentar nuevas reglas de financiamiento, mayores requisitos de votación para conservar el registro o limitaciones en la transferencia de votos en coaliciones. El mensaje es inequívoco: el bloque en el poder no quiere intermediarios incómodos ni cacicazgos que condicionen la gobernabilidad.
Desde luego, habrá generosas concesiones para los aliados, pero de ninguna manera claudicaciones.
Paradójicamente, la reforma que se presenta como democratizadora podría convertirse en un instrumento para concentrar aún más el poder. Si se reducen los espacios de representación proporcional y se fortalece un sistema mayoritario puro, el partido con mayor estructura territorial —hoy Morena— tendría una ventaja estructural difícil de revertir. La oposición, fragmentada y sin narrativa común, quedaría atrapada en una cancha dispareja.
En el plano jurídico, el diseño no sería burdo. Se apelaría a precedentes internacionales, a criterios de la Corte Interamericana y a estándares de “eficiencia democrática”. Se incorporaría un lenguaje técnico que haría complejo impugnar la reforma en tribunales. La experiencia reciente ha demostrado que el oficialismo aprende de los reveses judiciales y ajusta la redacción para blindar sus iniciativas frente a eventuales controversias constitucionales, aunque con el control total de la SCJN y del TEPJF que tiene la presidenta de la República, pues no tendría ningún obstáculo para instaurar un régimen totalitario.
Con los aceleres para aprobar la reforma electoral se observa un cierto temor de la 4T de perder espacios en el Congreso y algunas gubernaturas en el 2027 y ello ocurre en un contexto donde el oficialismo supuestamente mantiene altos niveles de respaldo social. Esa fortaleza política le permite impulsar cambios estructurales sin enfrentar una resistencia significativa. Sin embargo, la apuesta no es únicamente para el corto plazo. Se trata de garantizar que el proyecto político dominante trascienda el sexenio y que, aun con un eventual desgaste natural del poder, las reglas sigan favoreciendo al bloque gobernante.
En la oposición el diagnóstico es claro, pero la reacción ha sido tibia. Sin una estrategia legislativa sólida ni una movilización social articulada, los partidos contrarios al oficialismo parecen resignados a debatir detalles técnicos mientras el diseño general avanza. Algunos incluso confían en que las divisiones internas de Morena hagan innecesario cualquier blindaje legal. Es una apuesta arriesgada.
En este tablero, los aliados del oficialismo enfrentan su propio dilema. Si respaldan sin matices la reforma, podrían estar firmando su futura irrelevancia. Si se oponen, arriesgan perder los espacios que hoy ocupan gracias a la coalición. El bloque mayoritario juega con esa tensión: necesita mayoría calificada para concretar cambios constitucionales, pero también busca reducir la dependencia de partidos satélite.
La pregunta de fondo es si México está transitando hacia una democracia de partido dominante. No se trata de una ruptura abrupta del orden constitucional. Es un proceso más sutil: reformas legales acumulativas, ajustes institucionales y control narrativo. Cada cambio, por sí solo, puede parecer razonable; en conjunto, configuran un sistema donde la competencia se vuelve cada vez más desigual.
