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Desde San Lázaro. Represión y autoritarismo. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

21 Nov 2025
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Desde San Lázaro. Represión y autoritarismo. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/LOVREGA

La represión tiene muchos rostros que van desde el uso de los granaderos y grupos de choque como el Bloque Negro, hasta la judicialización de la protesta con detenciones y consignaciones arbitrarias contra manifestantes que no participaron en las agresiones a policías.

La marcha convocada por la Generación Z fue pacífica, hasta llegar al zócalo en donde se infiltró gente embozada que iba armada con esmeriles y diversos instrumentos para tirar las vallas y atacar a las fuerzas del orden.

En las marchas organizadas por opositores al sistema, la izquierda radical manda al Bloque Negro para violentar las protestas y con esa etiqueta etiquetar a los manifestantes.

Cuando la manifestación es a favor del oficialismo, nunca se aparecen los grupos de choque.

Usted recuerda estimado lector, alguna manifestación organizada por el oficialismo, tanto en tiempos de AMLO y ahora con Sheinbaum, en donde se haya aparecido el Bloque Negro u otros grupos violentos, por supuesto que no, y ello además de ser una clara evidencia sobre el patrocinio y la formación de estos grupos, habla de que es el mismo gobierno quien los maneja.

Los sistemas de inteligencia de la Sedena y Marina, así como los chicos de Omar García Harfuch tienen toda la información relativa a los halcones de la 4T, incluso de sus patrocinadores y líderes, pero no hay hecho nada para detenerlos por una simple razón, son de casa.

La marcha Z se pretendió desacreditar con la irrupción violenta de los halcones de la 4T y por la participación de opositores provenientes, incluso de partidos políticos, la Marea Rosa y de ciudadanos que están hasta la madre de la violencia y la inseguridad que campea en buena parte del territorio nacional.

“Fueron muy pocos jóvenes”, “están pagados por la derecha internacional”, “son boots” y una serie de calificativos que buscan denostar a esos mexicanos que no comulgan con el actual gobierno.

Un estadista busca tender puentes de diálogo y negociación con sus detractores, un dictador arremete con toda la fuerza del Estado para apaciguar a los revoltosos.

La presidente no ha entendido que con represión no se contiene a los disidentes, al contrario, aviva más la flama de la violencia y la polarización que tarde que temprano, impacta en la gobernabilidad.

Los organismos que tienen los ciudadanos para denunciar el abuso del poder público como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que preside una Piedra, no ha dicho una solo palabra del abuso de policías contra manifestantes, al contrario, mantiene un silencio de complicidad que llama la atención de organismos internacionales de protección de los derechos humanos.

El asesinato del ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo y ahora la represión contra la marcha de la Generación Z le quitó el disfraz de demócratas a la 4T, para dejar al descubierto su verdadero rostro de tiranos.

Al fiel estilo de otras dictaduras de la región como Cuba, Venezuela y Nicaragua, se reprimió a punta de golpes, de expedientes judiciales y cárcel a los manifestantes.

Falta ver, caso por caso, qué tantas culpas tienen los acusados por la fiscalía capitalina en donde cobra como titular la hermana de la dirigente nacional de Morena.

Bertha María y Luisa María, entre Alcaldes te veas.

Por cierto, en todo este affaire represivo, en dónde queda la Jefa del Gobierno Capitalino, Clara Brugada, quien fue una de las responsables de operar la estrategia de choque para ponerles en la madre a los asistentes a la marcha Z.

Mucho tendrá que explicar esta funcionaria y Cesar Cravioto, Secretario General del gobierno capitalino, por el diseño de todo el operativo desplegado por los granaderos y el Bloque Negro. Ambos grupos, uno oficial y otro, con el rostro cubierto, fueron parte de un mismo esquema de represión.

Con el autoritarismo no se detendrán las movilizaciones y menos apagar las voces disidentes, sino al contrario, es un acicate para los opositores al régimen en seguir con el empeño de derrocar a la 4T.

Ojalá todas las inconformidades sean pacíficas y que el gobierno muestre tolerancia y altura de miras, ya que caer en el juego de la provocación afecta la gobernabilidad y la paz social.

El que convocó a la violencia no fueron los manifestantes del 15 de noviembre, fue el gobierno y sus grupos de choque y ello lo saben, incluso, los gobiernos democráticos del mundo. Tal vez por eso está tan preocupado el presidente Donald Trump por la instauración de un régimen represor en sus vecinos del sur.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.