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Desde San Lázaro. La eutanasia cobra impulso hacia el Congreso. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

31 Oct 2025
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Desde San Lázaro. La eutanasia cobra impulso hacia el Congreso. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/Mx_Diputados

El añejo debate en México sobre la eutanasia tiene implicaciones legales, éticas, morales, religiosas, familiares e incluso políticas y por supuesto la voluntad última de los pacientes, y que  debe encontrar un punto medio para aprobarla en el Congreso, por encima de innumerables consideraciones que dejan de lado el dolor insoportable DE LOS ENFERMOS; la carencia de motivos para vivir por un daño irreversible en la salud y que se prolonga con mecanismos médicos y de tecnología asistida; o, de plano, por  el deseo indeclinable de morir.

Hace unos días diversos activistas y organizaciones entregaron al Senado, en particular a tres legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano y PRI, menos al PAN, la propuesta sobre la “Ley Trasciende” que modifica diversos artículos de la Ley General de Salud que prohíben la práctica de la eutanasia entendida como homicidio por piedad, así como suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal.

En la Ley Trasciende se agrega el artículo 166 Ter para establecer el derecho a la eutanasia en México, garantizando que quienes padezcan de una enfermedad en etapa terminal o una enfermedad o condición crónico-degenerativa incapacitante y amenazante para su salud, sin posibilidad de cura, puedan acceder si es su voluntad a los medicamentos que les cause la muerte   de manera anticipada, sin dolor.

Para la presentación de iniciativas ciudadanas, la Constitución establece en su artículo 71 que al menos 0.13% de los ciudadanos registrados en la lista nominal electoral podrán presentar propuestas para reformar las leyes y en este contexto los activistas señalaron que alrededor de 130 mil personas los apoyaron y para ello entregaron nombres, credencial de electoral y firma de ellos, lo que implica que han cumplido con el ordenamiento legal en la materia porque superaron el umbral de las 129, 942 firmas que exige la Carta Magna.

Ahora el INE realizará la verificación correspondiente y dentro de un plazo no mayor a 30 días naturales emitirá los resultados de la verificación y si está todo en regla continuará la iniciativa rumbo al Congreso para ser discutida y en su caso aprobada.

Como se aprecia se requiere para su aprobación la voluntad política de la presidenta de la República y no porque sea un requisito legal, sino porque el tema tiene tantas aristas políticas y sociales que necesariamente los legisladores de Morena, PT y PVEM requieren de la línea presidencial para votar a favor o en contra de la eutanasia.

Como están las cosas en este momento se vislumbra que se pueda dar luz verde para la aprobación de la Ley Trasciende y con ello equipar la legislación en la materia con otras existentes en el mundo occidental.

Veremos un debate ensuciado por atavismos, dogmas religiosos, ignorancia y posturas políticas, sin embargo, el reclamo social por la aprobación de la eutanasia es una realidad que se debe atender de inmediato.

El principal partido de oposición, el PAN, se ha pronunciado reiteradamente contra la eutanasia por considerarla atentatoria  contra sus principios ideológicos y  plataforma política; en contraparte, el oficialismo por su agenda progresista, Movimiento Ciudadano e incluso el PRI ven con buenos ojos su aprobación.

Por ello decimos que la bandera política de estar a favor o en contra de la eutanasia pasa por el crisol político electoral.

El investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diego Valadez,  ha comentado que es previsible que en el curso de los próximos lustros y máximo en las siguientes décadas, en la mayor parte del mundo este derecho sea regulado y garantizado para quienes deseen acceder a él.

Permitir la muerte medicamente asistida “empodera a las personas, porque nadie debe usarla si no quiere y ningún médico está obligado a aplicarla. Es un Ley que respalda las libertades de todos”, advirtió Asunción Álvarez del Río, profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Desde los 17 años, Samara Martínez Montaño ha enfrentado diagnósticos de diferentes enfermedades, entre ellas, Lupus e insuficiencia renal crónica, que hoy padece en etapa terminal. Su experiencia la ha llevado a defender la muerte digna y a impulsar el proyecto de Ley Trasciende, para legalizar la eutanasia en México.

Ella impulsa y comanda el movimiento por  la Ley Trasciende. “Mi iniciativa surge después de que medicamente lo intente todo. Me dijeron que voy a depender de una máquina de por vida, sentí que me arrebataban parte de mi autonomía y pensé en hacer algo por quienes sufrimos en silencio y buscamos trascender de la forma más humana”.       

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.