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Desde San Lázaro. Oposición ignorada y derrotada. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

09 Sep 2025
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Desde San Lázaro. Oposición ignorada y derrotada. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/liderfiscal

Cada vez que se presenta la oportunidad a Claudia Sheinbaum de golpear al PRIAN y a sus dirigentes, lo hace sin resquemor alguno, ello no sería relevante sino fuera porque es la presidenta de todos los mexicanos y no solo de sus simpatizantes y correligionarios.

Al más fiel estilo de AMLO, se acrecientan  las agresiones permanentes a todos los detractores, sin respetar a voces disidentes que tal vez tengan razón en sus reclamos como las madres buscadores, los padres de niños con cáncer o los habitantes de Culiacán, eso no importa y lo más grave es que el totalitarismo no acepta la menor crítica o denuncias debidamente soportadas con documentos y datos duros.

Los señalamientos sobre corrupción de mandos de la Marina en torno al huachicoleo, llevan varios meses en los principales escritorios del gabinete de seguridad y por supuesto de AMLO y no obstante las denuncias, incluso en medios de comunicación, no se hizo absolutamente nada, hasta ahora.

No obstante los grandes esfuerzos que hace el oficialismo para callar las voces de los críticos de sistema, por fortuna sobreviven varios, aun con la presión del aparato gubernamental para callar sus voces.

Ahora, los contrapesos al poder absoluto ya no están en áreas específicas del gobierno, sino en algunos sectores de la sociedad civil, los medios de comunicación, los mercados y la comunidad internacional, en especial el gobierno de los Estados Unidos y ello es debido a las amenazas que representan los narcos mexicanos coludidos con autoridades, a su seguridad interior.

Toda crítica al gobierno es barrida de inmediato con descalificaciones e insultos emitidos no solo desde Palacio Nacional, sino de todos los frentes que tiene el oficialismo como el Poder Legislativo y en unas semanas más, también desde el Poder Judicial.

Los coletazos del régimen autoritario son mayores para evitar que los enanos del tapanco crezcan en sus aspiraciones político-electorales en las elecciones intermedias del 2027.

En unas semanas conoceremos los primeros esbozos de la reforma electoral que dinamitará los puentes por donde pasó el PRD y Morena para acceder al poder y con ello impedir que la oposición tenga posibilidades de triunfos significativos en los próximos comicios.

La agenda legislativa de la 4T con sus momentáneos aliados del PVEM y PT,  es impulsar con todo el Paquete Económico del próximo año que les permita seguir fondeando los programas de asistencia social y cumplir con los compromisos de la deuda, transferencias a los estados, gasto corriente, salvamento de Pemex y mantener a los elefantes blancos que medio construyó López Obrador.

De igual manera, la reforma electoral es otra de las grandes prioridades del obradorato para apretar aún más a los opositores hasta el grado de desaparecerlos.

El PAN enfrenta uno de sus retos más relevantes de su historia, luego, de la apabullante derrota padecida en las elecciones del año pasado y ahora, su dirigencia está estigmatizada con razón o sin ella de  pertenecer a un cártel inmobiliario, por ello  reman más a contracorriente.

Todos los intentos que está haciendo Jorge Romero, dirigente nacional, para despertar al partido del letargo se diluye entre sus propias limitaciones y de los principales cuadros políticos de los azules, quienes se hunden entre la mediocridad y la pasividad.

Salvo algunas honrosas excepciones, los panistas carecen del poder de convocatoria para llenar las plazas públicas del país y menos de aglutinar a los ciudadanos inconformes y molestos con la actual administración.

Son políticos de salón,  rara vez se ensucian los zapatos para recorrer las poblaciones y ciudades del territorio nacional.

Mientras que el oficialismo lleva a cabo una labor integral de proselitismo que incluye el barrido de casa por casa, brindando todo tipo de apoyos económicos; Acción Nacional se refugia en la comodidad de participar en algunos debates y de criticar al gobierno desde las tribunas legislativas.

Con ello no les alcanza para quitarle la mayoría a Morena en el Congreso y menos recobrar la presidencia en el 2030.

Algunos optimistas cifran sus esperanzas en que la Marea Rosa alcance el registro como partido político el próximo año  y con ello abrir el abanico de opciones de la oposición para enfrentarse al todopoderoso gobierno.

Da vergüenza ajena decirlo, pero la oposición está derrotada ahora y en los próximos años y salvo que ocurra un milagro o que se de una cadena de errores graves desde la presidencia de la República para que los ciudadanos despierten de la borrachera que los invitó con engaños y dádivas López Obrador; están condenados al ostracismo.

Llama la atención que los grupos parlamentarios del PAN, PRI y MC en la Cámara de Senadores, ilusamente  llaman al dialogo al gobierno federal y al partido oficial para alcanzar acuerdos en el Poder Legislativo que permitan sacar reformas por consenso y no solo por mayoría, no han caído en cuenta que nadie los necesita.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.