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Desde San Lázaro. Qué pena con las visitas. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

01 Sep 2025
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Desde San Lázaro. Qué pena con las visitas. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/SecRubio

Ante el arribo a nuestro país del hombre más poderoso del presidente Donald Trump, Marco Rubio, Secretario de Estado, el gobierno mexicano lo recibe con una vestimenta de autoritarismo con la conformación de la Suprema Corte de la Nación, con puros ministros proclives a la presidenta de la República  y un Poder Judicial plegado a sus designios, al tiempo de que fluyen los apoyos económicos en supuesto respaldo  a los médicos de la Isla,  petrolíferos e incluso con libros de texto al régimen del sátrapa cubano Miguel Díaz-Canel,  además de reiterar la solidaridad con el gobierno del narcotraficante Nicolás Maduro.

Con el sometimiento del Poder Judicial,  llega Marco Rubio  a México,  el poderoso Secretario de Estado que viene en una misión diplomática con más preocupaciones que con expectativas positivas, ya que  ahora no solo están inquietos por los cárteles de la droga, sino por la abierta proclividad mostrada por el gobierno de Claudia Sheinbaum al régimen cubano y venezolano, entre otros, todo ello en detrimento  de la democracia real que se vive en México y de la seguridad interior de la Unión Americana.

No será un día de campo para la mandataria mexicana en su reunión con Rubio, de eso estamos seguros, aunque se matizará con las triunfalistas declaraciones que contrarrestarán con las de Washington.

Se habla de que viene el  funcionario estadounidense a signar  un acuerdo de seguridad, aunque en la realidad, el propósito de su visita es transmitirle diversas inquietudes de Trump en a torno diversos factores que inciden en la seguridad interior de Estados Unidos como el empoderamiento de los cárteles de la droga. 

En una semana que debería ser de fiesta para los cuatroteros, se convertirá en días aciagos, precisamente por la visita de la delegación norteamericana a nuestro país que no solo tiene a su favor la aplicación de aranceles y toda clase de sanciones a los productos mexicanos, sino que,  tiene también,  información privilegiada del Mayo Zambada y de los Chapos que comprometen a varios colaboradores cercanos de López Obrador y a varios miembros connotados de la 4T, entre ellos gobernadores, legisladores y uno que otro familiar incómodo.

Debido al talante autoritario del gobierno de la presidenta Sheinbaum, los grupos opositores al gobierno están cada vez más cerca de  Estados Unidos que  de la doctora y ello de suyo, le mete muchísima más presión a la relación bilateral.

Paralelo a ello, vemos que, por fin, llegó el anhelado día en que AMLO logró su propósito de tener una Suprema Corte de Justicia de la Nación y un Poder Judicial sometido plenamente a sus caprichos y a los de la 4T, lo que significa que  han quedado en indefensión todos aquellos opositores al régimen que ahora no solo serán perseguidos con el nuevo entramado legal represor que se conformó recientemente con la Ley espía y la de Censura, entre otras,  en el Congreso, sino que  serán castigados por juzgadores que tienen por consigna castigarlos incluso, penalmente.

En un retroceso al pasado  en donde la voluntad del presidente estaba por encima de la división de poderes y de la democracia, se pretende revivir la dictadura perfecta del PRI que agobiaba a todos los mexicanos en el siglo pasado y que López Obrador la trajo de regreso acompañada  con una tarea de zapa de las instituciones y del orden constitucional.

Ha surgido el clon de los tricolores con Morena, partido político integrado, por cierto, con un buen número de expriistas como el mismo tabasqueño.

A partir de hoy se tendrá a un máximo tribunal de la Nación sometido a la voluntad de la Jefa del Ejecutivo Federal, quien además controla totalmente al Poder Legislativo y a las pocos organismos que fueron concebidas para acotar y servir de contrapeso como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde una Piedra se interpone para proteger a los ciudadanos del omnipotente poder presidencial.

Con un presidente de la Corte de origen indígena, aunque eso no sea una garantía de que por fin se haga justicia a los aborígenes, se pretende argumentar que la Suprema Corte estará al servicio del pueblo, cuando en realidad servirá para consolidar el régimen totalitario en México tal como sucede como en otras dictaduras de la región.

Qué pena con las visitas, ya que, en lugar de sacar nuestros mejores trapos para presumirlos, tenemos las ropas puestas de una dictadura y con alianzas incomodas con regímenes totalitarios   que violentan todos los días los derechos humanos de sus habitantes

Con qué cartas va a equilibrar la presidenta Sheinbaum todas las presiones que pretende imponer la Casa Blanca, si cada vez más se dan más pretextos para amenazar la seguridad interior del país más poderoso del planeta.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.