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Desde San Lázaro. Gran fiesta por la nueva Corte. Por: Alejo Sánchez Cano. Destacado

25 Ago 2025
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Desde San Lázaro. Gran fiesta por la nueva Corte. Por: Alejo Sánchez Cano. Imagen tomada de: https://x.com/HugoAguilarOrti

El próximo 1 de septiembre tomarán posesión los juzgadores que resultaron electos en los comicios más fraudulentos de la historia, en donde la música de los acordeones los acompañará hasta el final de la duración de sus cargos.

Será la Mesa Directiva del Senado quien tome la protesta a las 881 personas que integrarán parte del Poder Judicial de la Federación, entre los que destacan los nueve próximos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los cuales tres repetirán en el cargo y los otros seis llegan por el dedo flamígero de López Obrador.

Acuerpados por la mayoría de los consejeros del INE y por magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Mónica Soto y los dos Felipes), la nueva Corte estará alineada plenamente a los designios de la Presidenta de la República y por eso es un día de fiesta porque  se terminaron los días de la anterior Corte comandada por Norma Piña, quien rechazó tajantemente las presiones del Ejecutivo para alinear sus resoluciones al gusto de AMLO, lo que significó la gestación del odio  tabasqueño y por ello se encapricho para desplazar a todos los jueces con la  reforma judicial

Alrededor de las 20:00 horas del 1 de septiembre   se tomará protesta a las y los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a juezas y jueces federales.

Todo ello en la Cámara Alta y se espera la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum para festejar entre todos la instauración de una autocracia que captura a todos los poderes de la República en una sola persona.

Tanto poder concentrado para mantener el poder por varios lustros, merced a la joya de la corona del totalitarismo que será la reforma electoral que se avecina y en la que cierran todas las puertas para la oposición de alcanzar la alternancia en el poder.

 Las y los próximos ministros de la Corte tienen una responsabilidad muy grande,  no solo por la falta de legitimidad en el proceso electoral que los encumbró a esas posiciones, sino que en el día a día se observará que tanto el estado de derecho prevalecerá en México

La línea de trabajo del presidente ministro,  Hugo Aguilar será la limitante de tener  “más margen que lo que la ley establece, pero con un acento social”.

En momentos en que Nicolás Maduro tiene los días contados como presidente de Venezuela por constituir un narco gobierno que ha pretendido atentar contra la seguridad interior de Estados Unidos, en México, avanza el régimen de la 4T alineado precisamente a esas dictaduras de la región como es el caso precisamente de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Brasil, entre otros.

No han faltado voces de prominentes miembros del oficialismo para defender al dictador venezolano, aunque lo hacen más por temor que por convicción propia, toda vez se apegan al dicho popular de que “cuando veas la barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”.

En tanto se concreta la extracción de Maduro por el ejército norteamericano y la mayoría de los venezolanos, aquí celebrarán la existencia de un máximo tribunal que no tocará  a la señora presidenta ni con el pétalo de una rosa, al contrario cerrarán filas ante los embates de los partidos políticos de oposición y diversos grupos de la sociedad civil que buscarán cobijo ante los abusos del poder.

Precisamente con la reforma electoral que se avecina, se pisarán los derechos de las minorías por tener voz y voto en el Congreso mediante los plurinominales, además de que las prerrogativas se verán reducidas de manera significativa para todas las franquicias políticas, aunque para la oposición será un golpe de muerte.

“Nos tardamos tanto tiempo en llegar al poder y ahora que lo tenemos no habrá fuerza divina o poder humano que nos obligue a entregarlo a los opositores”, advirtió Pablo Gómez, flamante coordinador presidencial del equipo de la reforma electoral que está integrado por una buena parte de resentidos sociales.

Así que, si tiene tiempo y ganas, estimado lector, de sumarse a la fiesta de la 4T, es tiempo, otra vez de sacar los acordeones y las serpentinas para festejar que tendremos a una Suprema Corte, la más democrática del mundo, aunque en conocimientos, experiencia e imparcialidad quede mucho a deber.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.