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Desde San Lázaro. Resiliencia empresarial para Acapulco. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

14 Nov 2023
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Desde San Lázaro. Resiliencia empresarial para  Acapulco. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://twitter.com/edelamadrid

Como sabemos, los diputados de Morena, PT y PVEM no aprobaron ni un solo peso en el presupuesto 2024 para la reconstrucción de Acapulco, por ello, han quedado a la deriva no solo la población del puerto, sino también los otros 45 municipios de Guerrero dañados por Otis.

Los tres niveles de gobierno, el federal y estatal y municipal, en los que gobierna Morena, realizan esfuerzos dispersos para apoyar a los damnificados, empero estos se constriñen a las zonas turísticas del puerto dejando al margen a las regiones que están lejos de los reflectores.

Por ello Acapulco y las zonas devastadas por el meteoro dependen, una vez más, de lo que haga la iniciativa privada y la sociedad civil en cuanto a la activación de la planta productiva que permita generar rápidamente los empleos temporales y permanentes que posibiliten ocupar a  miles de trabajadores.

Además de habilitar toda la infraestructura que permite funcionar a los hoteles y a todos los negocios del ramo turístico, se requiere atender un problema que le corresponde al gobierno resolver y que es brindar la seguridad pública a todos los habitantes de Guerrero.

Los empresarios, piden diversos apoyos que van desde exenciones fiscales, préstamos a tasa cero, apoyo inmediato de las aseguradoras, así como el diferimiento a  un año como mínimo de sus obligaciones con el estado, sin embargo todo esto no es suficiente sin  seguridad pública.

Hasta antes del paso de Otis por la entidad, el puerto estaba en manos de los criminales y ahora se ha puesto peor, porque estos malandros marcan las condiciones de operación de los establecimientos comerciales que empiezan a operar.

Todos están obligados a pagar el derecho de piso, sin considerar las pérdidas que tuvieron con la devastación que dejó a su paso el huracán Categoría 5.

Por ello, es rescatable cualquier iniciativa que se haga para abatir los índices delincuenciales en Acapulco.

Es menester destacar el esfuerzo que hacen los sectores empresariales para conminar a  las autoridades municipales, estatales y federales que planean la reconstrucción de Acapulco, para que adopten  medidas estratégicas que prevengan mayores pérdidas y garanticen la supervivencia y continuidad de los negocios porque, de lo contrario, solo lograrán el crecimiento exponencial de todos los males, principalmente en la operación del narcotráfico y delincuencia común.

Francisco Daniel Herrera Lau, director de Inteligencia Corporativa de Cyber Black, expresó  que la devastación de Acapulco y zonas aledañas, marcada por un desastre natural y la consolidación de la delincuencia organizada tiene, entre los desafíos actuales, la resiliencia empresarial en la reconstrucción.

Ante este panorama, agrega Herrera Lau, es crucial que las empresas, independientemente de su tamaño, adopten medidas estratégicas para prevenir más pérdidas y garantizar su supervivencia y continuidad de negocio, razón por la que propone 7 medidas urgentes para desarrollar al sector empresarial y social:

❖ Reevaluación y planificación: Después de evaluar daños y necesidades, desarrollar un nuevo plan que integre información útil y precisa para tomar decisiones efectivas con el fin de evitar nuevas pérdidas, especialmente en la cadena de suministro.

❖ Seguridad y protección: Garantizar la seguridad de empleados y activos mediante servicios de seguridad privada, medidas físicas y tecnológicas como alarmas, cámaras y control de acceso, siempre acompañados de datos que permitan identificar amenazas y riesgos.

❖ Ciberseguridad reforzada: Ante posibles amenazas, fortalecer la seguridad cibernética para proteger datos y sistemas informáticos.

❖ Coordinación frente a la delincuencia: Los grupos criminales y el narcotráfico intentarán aprovecharse de la situación, ello agudizará el denominado “cobro de derecho de piso” e incluso impactará en la cadena de suministro, por lo que deberán instalarse mecanismos de coordinación, colaboración e intercambio de información corporativa para mitigar esta amenaza.

❖ Copia de seguridad y recuperación: Realizar copias de seguridad de datos y sistemas críticos (redundancia), y asegurarse de contar con sistemas de recuperación de desastres para restablecer la funcionalidad rápidamente.

❖ Apoyo emocional y comunicación transparente: Implementar programas de apoyo emocional y mantener una comunicación transparente con personal, clientes, proveedores y partes interesadas.

❖ Gestión de crisis: Mantener un equipo de gestión de crisis activo para tomar decisiones rápidas y efectivas ante nuevas situaciones de emergencia.

Con una planificación meticulosa, medidas de seguridad adecuadas y colaboración con la comunidad y autoridades locales a partir de acciones clave para empresas post-desastre,  es posible superar la adversidad y continuar operando con éxito, además de garantizar la continuidad del negocio.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.