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Desde San Lázaro. La sobremesa en palacio nacional. Por: Alejo Sánchez Cano. Destacado

16 Ene 2020
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Después de la comida con el presidente López Obrador, a los gobernadores y la jefa de gobierno de la CDMX les quedaron varias cosas muy claras, la primera es que todo el entramado jurídico con las respectivas reglas de operación del INSABI, fue de una irresponsabilidad mayúscula del Congreso por lo que tardará un tiempo para que este nuevo organismo se encargue del cuidado y atención de la salud de los sectores más vulnerables de la sociedad, por lo que el Seguro Popular seguirá operando en algunas de la entidades. De hecho, ya se prepara en la cámara de diputados federal, por parte de todos los partidos políticos, emprender los ajustes legislativos necesarios para que funcione a cabalidad.

Segundo; en el tema de la seguridad pública no hay avances significativos mientras no se destinen mayores recursos presupuestales y se carezca de una estrategia de seguridad con objetivos en la recuperación de territorios que están en manos del hampa, y que esta, la estrategia, esté articulada entre los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno.

Los nuevos lineamientos que aprobó la Conago que normarán las mesas de seguridad en las entidades del país, señalan que no será obligatoria la presencia de los gobernadores, no serán forzosamente “mañaneras”, ni se llevarán a cabo en las zonas militares de los Estados e incluso podrá prescindirse de los superdelegados.

Este es el resultado del balconeo que se hizo en Palacio Nacional a los gobernadores “incumplidos” lo que, sin duda, causó gran malestar entre ellos, y por eso se determinó por  ambas partes, terminar la diferencia con estos nuevos lineamientos.

Anteponer la neutralidad política en materia de seguridad pública al hacer prevalecer la unidad, el respeto y el trabajo conjunto, fue una línea discursiva expresada por Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán,  que fue bien recibida.

Desde luego, el ambiente de la comida con el presidente fue cordial y respetuoso, “fue una convivencia plagada de cordialidad, nada de temas de gobierno a decir del gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz,  aunque prevalece el recelo, decimos nosotros,  por parte de los mandatarios estatales, particularmente del PAN, MC, PRD y el gobernador independiente de Nuevo León.

El frente de gobernadores azules ahora lo comanda Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes y por la belicosidad mostrada en affaire contra el gobierno federal, habrá otros capítulos fuertes sobre los desencuentros con el gobierno de la 4T.

Las croquetas de pejelagarto servidas en la comida, aplacaron el ánimo de los belicosos y tal grado que la plática central versó sobre el béisbol y algunos chistoretes que relajaron el ambiente.

Se habla que en la comida hubo reclamos de gobernadores, lo cual es una absoluta mentira, ya que durante la degustación del menú tabasqueño, las cosas estaban más que tranquilas.

Veremos que tanto sirvió la comida cumbre para limar las asperezas, seguramente no de mucho, ya que la ruta política electoral rumbo al 2021 ya empezó y por ello toda estará contaminado por las aspiraciones políticas y de poder de los protagonistas y partidos políticos.

Así que mientras el presidente tiene muy clara la ruta rumbo al 21, después,  la revocación de mandato y la elección presidencial del 2024, los gobernadores solo atisban su horizonte local, aunque algunos ya ven posibilidades de seguir en la refriega política con nuevos proyectos políticos de mayor envergadura.

 

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.