Con una votación unánime, ayer el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 397 votos de todas las bancadas, la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la turnó al Ejecutivo para su publicación en el DOF, y entrada en vigor el instrumento jurídico que prevé penas de 40 a 60 años de prisión y de 10 mil a 20 mil días multa a quien comete el delito de desaparición forzada y fija penas de 20 a 30 años de prisión y de 500 a 800 días de multa a quien omita entregar a la autoridad o familiares, al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas durante el periodo de ocultamiento.
Hasta ahora, el tema era un pendiente legislativo a pesar de que en los últimos años diversos organismos internacionales, como la ONU, señalaban que la desaparición forzada de personas es una técnica de terror. Las víctimas no desaparecen voluntariamente o por accidente. Son las víctimas de un delito y un crimen internacional. En América Latina las desapariciones forzadas han sido tradicionalmente parte de la estrategia en contra de los llamados grupos subversivos o terroristas, una estrategia utilizada por las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, los servicios de inteligencia, o de grupos paramilitares que actúan con la cooperación, la tolerancia, o la aquiescencia del Estado. En general, en nuestra región, las desapariciones forzadas se utilizaron como una política de Estado a raíz de la doctrina de seguridad nacional, como sucedió en México durante la llamada “Guerra Sucia” en los años 60 y 70.
El nuevo ordenamiento establece la distribución de competencias y coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas y esclarecer los hechos, así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en la materia. Asimismo, fija los tipos penales en la materia, los delitos vinculados y sus sanciones, se crea el Sistema y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Entre sus objetivos está garantizar la protección integral de los derechos de estas personas hasta que se conozca su paradero.
Al presentar sus posturas, los partidos políticos resaltaron que después de dos años de discusión finalmente se logra una ley que atiende – argumentaron– el dolor de las familias, y señalaron que la desaparición de mexicanos y ciudadanos de Centro y Sudamérica se cuenta por miles.
Cabe señalar que en el informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en 2016, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, reporta nuevas desapariciones en 21 países, entre los que se encuentra México. Y el Grupo de Trabajo también informó que en su base de datos tiene casos de desapariciones de 88 países. Y concluye que, el caso del Estado mexicano, existe una disposición para atender el tema, que había diálogo, monitoreo y asistencia. “Esta disposición, muy saludable por cierto, refleja el grado de madurez tanto del Estado como de la sociedad mexicana para buscar, en línea con la cooperación de los actores internacionales, las mejores respuestas a los desafíos que perduran en materia de desapariciones forzadas”, apunta el reporte internacional.
En ese sentido, al fundamentar el dictamen de las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos, Álvaro Ibarra (PRI) subrayó que México se convierte en el primer país con una legislación especializada en materia de desaparición forzada. “Desde hace tiempo México enfrenta un problema serio en materia de desapariciones”, e indicó que “se tiene una constancia de más de 32 mil personas desaparecidas y diversos organismos internacionales han establecido que el delito de desaparición forzada en nuestro país no responde a estándares internacionales, lo que impacta en la investigación, persecución y sanción”, dijo.
En general, todas las bancadas coincidieron con el fatal diagnóstico que sobre el tema existe en México, como también avalaron que en las leyes mexicana se pongan los puntos sobre la íes y sean las herramientas jurídicas el punto de partida para atacar este fenómeno social que tanto ha lastimado a las familias mexicanas y eso representa una esperanza para las víctimas que hasta ahora no encuentran la verdad en su búsqueda. En fin, ante un grave problema, siempre será importante el primer paso, aunque pequeño, de solución.
