Contáctanos: 5546 8746
Síguenos en:
Fecha:

MANCERA REVIRA SOBRE CONSTITUCIÓN DE LA CDMX

18 Mar 2017
241 veces
  •   El Jefe de Gobierno critica a quienes firmaron la Carta Magna local y ahora la impugnan.
  •   Convirtió un evento social en un mitin político en defensa del nuevo ordenamiento jurídico.

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, no perdió oportunidad para revirar en contra de quienes han impugnado la Constitución de la Ciudad de México, al cuestionar porque entonces la firmaron.

Fue tajante en afirmar que “Esa no nos la quita nadie” y llamó a defender de manera seria la Constitución de la Ciudad de México, aunque señaló que se respetará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante la promulgación de la Ley de Aparatos Auditivos de la Ciudad de México, en el Antiguo Palacio de Ayuntamiento, Mancera garantizó que en la Ciudad se seguirán protegiendo con un marco jurídico los derechos de los capitalinos, pues eso, reiteró, es precisamente lo que distingue a la CDMX de otros estados de la República.

El Jefe de Gobierno citó: “Como se decía en los pasajes de la literatura, ‘déjalos, si hacen esos ruidos es porque estamos andando, cuando pases por una ranchería y entonces escuches…, qué es lo que escuchas? [a los perros)]’. Se escuchan muchas cosas cuando pasas por aquí, entonces quiere decir que estamos andando, no se había podido conseguir una Constitución y hoy ya la tenemos”, aseveró.

Fue enfático al exponer que en la capital del país es donde se ha construido un andamiaje jurídico sólido, “muy grande, muy potente” que ha servido de ejemplo en otros países. Aclaró, que “está bien” la oposición, pero cuestionó que los que están impugnando primero firmaron y ahora se sorprenden de lo aprobado.

Cabe señalar que las controversias y acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas por la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Tribunal Superior de Justicia, los partidos de Morena y Nueva Alianza. El Senado anunció que también impugnará.

Mancera consideró que tratar de desestimar una Constitución contraviene e los derechos de una población como lo estipula, por ejemplo el artículo 9 en materia de salud.

“¡Cómo no va a merecerse eso la Ciudad de México! ¿Cómo se le va a regatear o cómo se va a escatimar? ¿Qué quieren que digamos aquí, que tienes derecho a que a veces te atiendan y a veces no? ¡Claro que tenemos que poner lo mejor,! porque así debe ser la Constitución de la Ciudad de México”, arengó el mandatario local.

El evento de carácter social terminó convirtiéndose en un mitin  político en defensa de la nueva Constitución de la CDMX, cuyo documento base fue autoría del propio Mancera.

Cabe señalar que también el secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva, apuntó que capitalinos “no son tontos”, por lo que pidió defender esta Carta Magna para no permitir un retroceso en sus derechos. “No atenten en contra de nuestra Constitución”, dijo.

Manuel Granados, consejero Jurídico y de Servicios Legales, reiteró que hay una clara afrenta a la capital del país, la cual representa una falta de respeto no sólo al Gobierno de la Ciudad o a un partido político, sino a los capitalinos en general.

“Quienes hoy impugnan los derechos alcanzados fueron ellos mismos quienes votaron, consintieron los actos de una nueva vida democrática y normativa”, recordó el perredista.

Por lo que terminó diciendo: “¡Que viva la Ciudad y su Constitución!”. (Con información de El Universal)

INCONSTITUCIONALIDAD, CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

Y UN AMPARO RONDAN A LA NUEVA CARTA MAGNNA

A un mes que se aprobó la Constitución capitalina, ya presentaba siete impugnaciones: cuatro acciones de inconstitucionalidad, dos controversias constitucionales y un amparo contra el proceso que se siguió para la aprobación de ésta.

Los tres últimos recursos legales presentados ante la SCJN fueron de la CNDH, del TSJCDMX y la Consejería Jurídica de la Presidencia, cuyo titular, Humberto Castillejos, mencionó que se pide analizar estos artículos porque se observa la invasión de facultades exclusivas de la Federación. En su caso, el ombudsman, Luis Raúl González, presentó una acción de inconstitucionalidad.

El 10 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación  admitió a trámite cuatro de siete acciones de inconstitucionalidad promovidas contra más de 40 preceptos contenidos en la Constitución capitalina. Los recursos promovidos por la PGR, la CNDH, Morena y NA se turnaron al ministro Javier Laynez, y están pendientes las acciones de inconstitucionalidad que presentaron la Presidencia, el TSJ capitalino y una del exdiputado constituyente Javier Quijano.

Al respecto, el Presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, informó que el ministro Laynez resolverá a quién notifica para responder y probablemente sea a la ALDF, aunque también podría ser al Gobierno de la Ciudad de México.

LA RUTA CRÍTICA

· La Constitución Política de la Ciudad de México entrará en vigor el 17 de septiembre del 2018, con la salvedad de que el Congreso adecuará la totalidad del orden jurídico de la ciudad a la Constitución a más tardar el 31 de diciembre de 2020.

· Las normas del poder legislativo entrarán en vigor el 17 de septiembre del 2018; las del poder ejecutivo el 5 de diciembre del 2018 y las del poder judicial el 1 de junio del 2019.

· Las normas del Consejo Judicial Ciudadano y el Consejo de la Judicatura iniciarán su vigencia a partir del 1 de octubre del 2018; mientras que las de la Sala Constitucional a partir del 1 de enero del 2019.

· Al aprobarse los artículos transitorios se estableció que la Constitución entrará en vigor el 17 de septiembre del 2018, excepto por lo que hace a la materia electoral, para lo cual estará vigente a partir del día siguiente al de su publicación, es decir regirá para los comicios siguientes.

Valora este artículo
(0 votos)

El apunte del director

  • Octubre 2026

    Una decapitación orquestada desde la 4T

    La decapitación de la estatua del expresidente Felipe Calderón en Los Pinos no puede reducirse a una anécdota de protesta sindical ni mucho menos justificarse como un simple acto simbólico contra quien decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Lo ocurrido es un acto de vandalismo dentro de un recinto administrado por el Estado y, por ello, plantea una pregunta elemental: ¿cómo fue posible que un grupo de manifestantes ingresara, destruyera una escultura y se paseara con su cabeza sin que la seguridad del lugar lo impidiera?

    Los hechos están documentados. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, azuzados por Jesús Ramírez Cuevas, asesor presidencial, ingresaron al Complejo Cultural Los Pinos después de manifestarse contra Calderón, quien participaba en el Foro América Libre 2026. Los inconformes encontraron la estatua en el suelo, donde permanecía desde que un árbol la derribó en 2025, y procedieron a golpearla hasta desprenderle la cabeza. Uno de los participantes incluso caminó con ella antes de arrojarla contra el piso.

    La primera responsabilidad del gobierno es por omisión. Durante más de un año permitió que una pieza perteneciente al acervo histórico de Los Pinos permaneciera abandonada en el suelo. En julio de 2025, la dirección del complejo había anunciado que sería restaurada y reinstalada; eso no ocurrió.

    La segunda responsabilidad es todavía más grave: la incapacidad o falta de voluntad de la seguridad del recinto para impedir su destrucción. Los reportes disponibles señalan que durante el vandalismo no hubo intervención policial ni del personal encargado de proteger el Centro Cultural.

    Y allí aparece el problema político.

    No existe hasta ahora evidencia pública que permita asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la agresión o que Jesús Ramírez instruyó al SME para destruir la estatua. Afirmarlo como hecho sin pruebas desviaría la atención de algo que sí puede exigirse al gobierno: explicar por qué permitió que ocurriera dentro de un inmueble bajo responsabilidad federal y por qué nadie protegió un bien que formaba parte del recinto.

    Porque el Estado de derecho también se defiende cuando el personaje agraviado es un adversario político.

    Felipe Calderón puede ser cuestionado por sus decisiones de gobierno; el SME tiene todo el derecho de repudiar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, protestar contra el expresidente y exigir justicia por lo que considere agravios históricos. Lo que nadie tiene derecho a hacer es sustituir la protesta por la destrucción de bienes dentro de instalaciones públicas.

    Un gobierno democrático no puede administrar la legalidad dependiendo de quién sea la víctima. Si mañana un grupo contrario a López Obrador destruyera una estatua suya dentro de un recinto federal mientras los guardias observan pasivamente, el oficialismo reclamaría —con razón— la aplicación de la ley.

    Ese mismo principio debe valer para Calderón.

    La escena de Los Pinos es particularmente desafortunada porque convierte la intolerancia política en espectáculo: una estatua decapitada, una cabeza paseada como trofeo y una autoridad aparentemente incapaz de detener la destrucción.

    La Presidencia y la Secretaría de Cultura deberían explicar qué ocurrió, quién tenía bajo su responsabilidad la seguridad del complejo, por qué no intervino y qué consecuencias habrá.

    No hacerlo significaría enviar un mensaje peligroso: que en México existen actos de vandalismo tolerables dependiendo de contra quién se cometan.

    Y cuando el poder comienza a seleccionar qué patrimonio merece protección y qué adversario merece el abandono, lo que termina decapitado no es solamente una estatua.

    Es el principio elemental de que la ley debe aplicarse a todos por igual.