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Información de los Estados: 03 de noviembre de 2025

03 Nov 2025
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Información de los Estados: 03 de noviembre de 2025 Información de los Estados: 03 de noviembre de 2025

Frente frío 12 y masa de aire polar en el país provocarán heladas, lluvias y vientos: SMN
(03-11-2025) La Jornada

Se espera oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y los litorales de Tamaulipas, Veracruz y el Golfo de Tehuantepec, y de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

 

 

Descarta CDMX aplicar por ahora la vacuna Patria
(03-11-2025) Milenio Diario

La secretaria de Salud de la CDMX, Nadine Gasman Zylbermann, confirmó que aplicarán exclusivamente vacunas actualizadas de Pfizer y Moderna contra el Covid durante la temporada invernal. La funcionaria destacó que la red hospitalaria del IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE está preparada para atender casos de neumonía, influenza y Covid que se presenten en el invierno.

 

 

¿Suspensión indefinida?
(03-11-2025) El Economista

Al amparo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, un grupo de jóvenes empresarios han ganado notoriedad, pero no por las mejores razones. ¿Ejemplos? José Eduardo López Portillo, señalado por influencia sobre el mandatario morenista y su riqueza, con propiedades de lujo en la Ciudad de México y Morelos, además de vehículos de alta gama y un centro ecuestre en construcción. También destaca Harry Córdova, ex funcionario de IMSS Bienestar en la entidad fronteriza.

 

 

Sube a 83 cifra de muertos en La Huasteca
(03-11-2025) La Razón de México

A 23 días de las intensas lluvias e inundaciones que arrasaron con varias comunidades en la región de La Huasteca, ya suman 83 personas sin vida y 16 siguen sin ser localizadas. De acuerdo con el micrositio habilitado por el Gobierno federal para dar a conocer los avances de esta emergencia, hasta este 1 de noviembre ya sumaban 22 muertos en Hidalgo, 23 en Puebla, 37 en Veracruz, uno en Querétaro y cero en San Luis Potosí. Sobre el censo que levanta la Secretaría de Bienestar en los 119 municipios dañados, ya van 103 mil 245 viviendas visitadas por los servidores de la nación.

 

 

CNTE alista nuevo paro nacional y plantón en CDMX
(03-11-2025) La Razón de México, pág. 11

Entre los planteamientos está la abrogación a la Ley del ISSSTE de 2007, que se reinstale la mesa entre la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como una mayor asignación presupuestal a servicios de salud y seguridad social. También se mantendrá la demanda para revertir la reforma educativa. Según el acuerdo, la CNTE cercará Palacio Nacional el 13 de noviembre y luego partirá rumbo al Congreso de la Unión, donde se instalará un nuevo plantón permanente.

 

 

El año oscuro de Rutilio Escandón
(03-11-2025) Reporte Índigo, pág. 1, 12, 15

El ejercicio de recursos federalizados de 2024 colocó a Chiapas en el segundo sitio de los estados con irregularidades por presuntos desvíos millonarios en áreas prioritarias como la educación y la salud, según la revisión de la Cuenta Pública de 2024 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El registro de contrataciones públicas de ese año del gobierno chiapaneco con recursos federalizados arroja, según una búsqueda de Reporte Índigo en Compras MX, una suma de 915 millones 587 mil 56 pesos. De acuerdo con la ASF, la entidad debe aclarar a dónde fueron a parar 678.5 millones de pesos; es decir el 74.1% de los contratos públicos registrados en datos abiertos.

 

 

Herencia anticipada
(03-11-2025) Excélsior

Conforme el tiempo avanza los perfiles que proliferaron con la llamada 4T dejan cada vez más dudas y preocupaciones Bajo el grito de fuera asesino un nutrido grupo de habitantes del municipio de Uruapan corrió al gobernador Alfredo Bedolla del funeral de Carlos Manzo. Pese a la tan cacareada estrategia de Sembrando Vida, con unos 40 mil millones de pesos invertidos anualmente, miles de agricultores de 10 estados del país bloquearon carreteras con la intención de visibilizar la crisis del sector ante el incremento de los costos de producción y exigir al gobierno federal precios justos para los granos. Los agricultores cerraron vialidades federales y estatales con tractores, trascabos, camionetas y trilladoras; además, permitieron el paso libre en casetas de cobro en Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Baja California.

 

 

Michoacán desafía la política de seguridad de México
(03-11-2025) El País

El recrudecimiento de la violencia en Michoacán ha abierto una grieta en los esfuerzos del Gobierno de México contra la delincuencia. Los asesinatos registrados en este estado del centro del país en las últimas semanas desafían la política de seguridad del Ejecutivo, que dirige Claudia Sheinbaum, de Morena, centrada en los últimos meses en Sinaloa, y la guerra entre facciones del Cartel del Pacífico. Los ataques mortales contra el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el líder de productores de limón, Bernardo Bravo, golpean de lleno la narrativa optimista del Gabinete de Seguridad, insistente en destacar reducciones en delitos de alto impacto, principalmente los asesinatos.

 

 

Diputados exigen a autoridades esclarecer asesinato de alcalde de Uruapan
(03-11-2025) El Independiente, pág. 10

Los coordinadores de los partidos Morena, PAN, PRI, MC, PT y PVEM en la Cámara de Diputados instaron a las autoridades al cabal esclarecimiento del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez. Mediante una esquela signada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán; el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal; el coordinador del PAN, José Elías Lixa; el coordinador del PVEM, Carlos Puente; el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval Flores; el coordinador del PRI, Rubén Moreira, y la coordinadora de MC, Ivonne Ortega, los líderes partidistas exigieron el castigo de los responsables para garantizar justicia pronta.

 

 

Pide también apoyo Edil de Chilpancingo
(03-11-2025) Reforma

El alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, denunció que al igual que el asesinado edil de Uruapan, Carlos Manzo, él también ha solicitado a la Federación que refuerce la seguridad en la capital guerrerense, pero tampoco le hacen caso.

 

 

Llegan los diálogos a Tamaulipas
(03-11-202) El Heraldo de México

Tamaulipas será sede de los foros Diálogos de Consulta para la Reforma Electoral 2025, el 6 y 7 de noviembre, en seis municipios de la entidad, en coordinación de la Comisión Presidencial del gobierno federal. Bajo el lema “Infórmate. Participa. Dialoga. Transforma, los foros se llevarán a cabo en el campus de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico y El Mante.

 

 

HR Ratings anticipa fortaleza económica del país para 2026
(03-11-2025) Excélsior, pág. 20

La calificadora HR Ratings anticipa mantener la nota soberana de México en un periodo de nueve a 12 meses, así como la perspectiva estable, ante un escenario de mejor crecimiento económico y los esfuerzos por lograr una consolidación fiscal y manejo prudente de la deuda. En entrevista con Excélsior, Álvaro Rodríguez, director de Finanzas Públicas y Deuda Soberana en HR Ratings, dijo que “el mensaje del presupuesto para 2026 es que Hacienda mantendrá la prudencia fiscal con niveles de endeudamiento sostenibles, eso abona a mantener la calificación soberana” 

Con información de: Excélsior, Milenio Diario, La Razón de México, Reforma, El Economista, La Jornada, El Independiente, El Heraldo de México, Reporte Índigo.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.