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Desde San Lázaro. La peor derrota para el PRI. Por Alejo Sánchez Cano Destacado

03 Jul 2018
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“Quien bien tiene y mal escoge, del mal que le viene no se enoje”

El Quijote.

La estrepitosa derrota sufrida por el PRI lo pone en la cuenta regresiva de su extinción con la actuación más desastrosa en competiciones presidenciales. Vamos ni con Francisco Labastida ni Roberto Madrazo se hizo un papel tan lamentable.

Con apenas el 15.7 por ciento de la votación nominal, el PRI parece haber llegado al ciclo final de su longeva historia.

En el año 2000, el candidato del PRI, Francisco Labastida perdió con el 36.11%, con 13 millones 571 mil votos; en el 2006, Roberto Madrazo alcanzó 9 millones 301 mil, con el 22.03% y ahora José Antonio Meade apenas roza los 16 puntos porcentuales de la votación nacional, quedando en un vergonzoso tercer lugar.

Las causas de la derrota son múltiples, pero la mayoría de las culpas recaen en el huésped de Los Pinos que no supo estar a la altura de las circunstancias y mucho menos tomar las decisiones más sensatas, primero para despedir a la mayoría de los integrantes del gabinete priista, por claras deficiencias y corruptelas; segundo, mantener una estructura de gobierno inoperante para atender el gravísimo problema de la inseguridad y tercero, dejar que Luis Videgaray y Aurelio Nuño asumieran el control del gabinete, la dirigencia del PRI y la nominación del candidato presidencial tricolor.

Las políticas de gobierno fueron inoperantes en temas torales como el combate a la corrupción, a la pobreza y a la marginación y no obstante que sistemáticamente el reclamo de la sociedad era persistente para aplicar los correctivos necesarios, se soslayaron y se desoyeron.

La política de comunicación social en donde está el manejo de las redes sociales del presidente Peña fue un fiasco al ser operada por improvisados y simuladores que preocupados más por proyectos personales y de grupo, descuidaron su tarea fundamental como fue el difundir correctamente las bondades de las reformas estructurales, porque para nadie es un secreto que con el tiempo las reformas energética, educativa y telecomunicaciones, entre otras, la historia les tendrá que reconocer su implementación en el desarrollo nacional.   

Y qué decir del ánimo de malestar que prevalece en los medios de comunicación por el maltrato sufrido en este sexenio, comparada esta etapa solo con el sexenio lopezportilllista donde la máxima era “te pago para que no me pegues”, dando como resultado este insano ejercicio el enojo, el rompimiento y el alejamiento de dueños, directivos y reporteros, quienes vieron en esa praxis un atentado a la libertad de expresión y el derecho a la información.

Hemos insistido en este espacio que el arribo de Enrique Ochoa Reza al PRI fue un error mayúsculo que dio al traste con un ya de por sí vilipendiado partido, pero que aún mantenía una estructura fuerte en varias entidades del país, con liderazgos locales leales al tricolor  y arraigo bien ganado entre la militancia, estructura que el propio Ochoa se encargó de aniquilar o simplemente bloquear para dar entrada a aviesos intereses de colocar a los suyos, a sus compadres o a sus cuates.

Los múltiples casos de corrupción de gobernadores priistas, aunque varios de ellos ya están recluidos, pegaron en la línea de flotación del tricolor y obviamente lo único que conseguía entre la ciudadanía era rechazo y repulsión.

El PRI apestaba y olía a difunto, aun así  lo tomó Meade, quien por cierto es el menos culpable del desastre, y como candidato caminó con un cadáver que tenía varios meses de muerto. La peor derrota, para muchos lo que sigue en esta triste historia es la extinción.

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El apunte del director

  • MAYO 2025

    A días de la elección de jueces, magistrados y ministros, el engrudo no solo se le hizo bolas a la 4T, sino que ya se cuajó con el desastre que ha implicado todo el proceso de selección de los aspirantes que ha encontrado su epítome de la ineptitud con la filtración de ciertos personajes de mala reputación que, incluso, están vinculados con criminales, tal como lo denunció el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el  morenista Gerardo Fernández Noroña, quien reconoció que hubo fallas en los filtros para elegir a los candidatos al Poder Judicial en donde  se incluyeron “perfiles ligados con el narco o con personajes que defendieron públicamente a Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo”.

    Lo denunciado por Noroña tan solo es la punta del iceberg que oculta a licenciados que son promovidos por grupos empresariales, religiosos, partidistas, sindicales y por supuesto del crimen organizado y que, por lo tanto, cuentan, con el respaldo económico y de movilización para ganar la elección en los Circuitos y juzgados en donde fueron promovidos

    Así que “el sistema judicial más democrático del mundo” estará conformado en su mayoría, por juzgadores que resolverán los casos que lleguen a sus manos por consigna y no por un estricto apego al orden Constitucional.

    En este contexto, se alista en los estados y municipios gobernados por el oficialismo a cumplir con sus cuotas de votantes para el día de la elección, es decir, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena y sus aliados políticos, aceitan la maquinaria desde ahora para llevar el mayor número de acarreados el próximo 1 de junio a su cita con la elección más truculenta que haya organizado el INE.

    No obstante que está expresamente prohibido que los partidos políticos intervengan en el proceso de elección de los juzgadores, el gobierno está echando toda la carne al asador sin escatimar recursos públicos para “convencer” a los ciudadanos a acudir a votar.

    Sin ese acarreo del gobierno federal, la elección sería un total fracaso en cuanto a la abstención, sin embargo, con la puesta en marcha de la maquinaria electoral de la 4T se garantiza que acudan a votar entre un 15% y 20 por ciento del padrón electoral, lo que, para efectos del discurso oficial, sería un éxito, aunque sería una de las elecciones con mayor abstención, incluso por arriba de la revocación de mandato de AMLO.

    Como se sabe, los ciudadanos no contarán los votos emitidos en las casillas electorales, sino que, la boletas se concentrarán para que, sean los propios funcionarios del INE quienes realicen el cómputo para determinar a los candidatos ganadores a convertirse en ministros, magistrados y jueces, por supuesto, la mayor parte de ellos alineados a los designios del principal huésped de Palacio Nacional.

    Si consideramos que las arcas del gobierno federal, estatal y municipal están muy acotados en su manejo presupuestal por la escasez de presupuesto, con los gastos extraordinarios que representa la elección judicial, pues  muchas instancias de gobierno están imposibilitados a cumplir con las cuotas asignadas y por lo tanto, ante la negativa de conseguir los recursos necesarios que se requiere para el acarreo, seguramente no se alcanzarán las metas fijadas en cuanto al número de votantes que participen en la jornada electoral.

    El primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum presenta indicios de una recesión económica presidida, ya, de un estancamiento económico que inhibe la generación de empleos y por supuesto de desarrollo económico que incide en la captación tributaria, que es la principal fuente de ingresos que tiene el gobierno para solventar sus gastos.

    En este contexto se les ocurrió la genial idea de reformar el Poder Judicial que no solo acabó con la confianza de los inversionistas en México, sino que le metió más carga fiscal a las atribuladas finanzas públicas.

    Este es el escenario en el cual se va a llevar la farsa de la elección judicial que, en términos de gobernabilidad no aporta nada y en cambio, trastoca todo el sistema judicial a mover toda la estructura del Poder Judicial con la incrustación de jueces de pacotilla a modo del régimen que, en la mayoría de los casos, carecen de la experiencia necesaria para dictaminar con pleno apego a la Constitución.

    Y todavía falta, además de la jornada electoral, observar cómo opera en el día a día, con miles de casos judiciales, el nuevo Poder Judicial con una Suprema Corte de Justicia de la Nación con clara proclividad a la 4T y ciertos magistrados y jueces coludidos con criminales.

    En medio de la salvaje presión ejercida por Donald Trump sobre el gobierno de la presidenta, se mantiene el capricho de llevar a cabo la elección judicial que en el fondo permite consolidar un régimen autoritario alineado a otras dictaduras de la región como Cuba y Venezuela.