El combate a la corrupción sigue siendo una deuda pendiente y una prioridad en todos los ámbitos de la administración pública. El tema es una de las principales exigencias de la sociedad y cualquier acción que permita cerrar la llave a la deshonestidad, a la impunidad y a la simulación en el manejo de los recursos gubernamentales siempre será bienvenida, por lo que entre más rápido se instrumenten y eficaces sean, los resultados en materia de transparencia y rendición de cuentas serán mejores.
Lo que nos llama la atención es que a unos meses de que concluyan los trabajos de la LXIII Legislatura e igualmente a meses de que el Poder Ejecutivo entregue cuentas por cierre de gestión, ahora si exista el empeño e interés por combatir la corrupción en las compras gubernamentales y hasta anden organizando foros, como el que en estos días se realizó con la idea de modificar las leyes de Adquisiciones y de Obras.
La diputada Claudia Sofía Corichi García (MC), presidenta de la Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del Gobierno federal, al participar en el foro referido resaltó que la normatividad en esta materia tiene lagunas que pueden ser riesgosas y permitir la deshonestidad, por tal motivo propuso reformas a las leyes mencionados con el propósito de prevenir y disuadir los actos de corrupción en los contratos celebrados entre particulares y los órganos de la administración pública.
Lo que señala la legisladora no es nuevo, los huecos en el andamiaje legal aludido es un grito a voces entre los proveedores, como es también una denuncia constante que los encargados de las finanzas cobran un porcentaje en la adjudicación de contratos sea para realizar obra o para adquirir un bien o servicio.
Entonces cuando ante la opinión pública nos exponen ese interés para detener por la vía legal actos que hablan de corrupción, muchos nos preguntamos por qué hasta ahora, por qué la tardanza para actuar, por qué el legislativo se tardó tres años en hacer una propuesta al respecto, por qué, ya que si de algo acusan al servicio público es precisamente por la oscuridad y de manera discrecional se celebran los contratos y de igual manera se manejan muchas partidas presupuestales.
Al respecto, a la propuesta de la legisladora Corichi, el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), José Gabriel Carreño Camacho, admitió que es necesario hacer ajustes al marco normativo, ya hasta declaró que la dependencia a la cual el pertenece no está en zona de confort, ya que realiza acciones para combatir la corrupción y perfeccionar las disposiciones en compras públicas. Pero reconoció que se requieren reformas legislativas en las materias señaladas para poder aterrizar todas las propuestas que son necesarias en este momento.
El funcionario de la SFP destacó que las iniciativas presentadas pretenden dar un marco general al tema de las compras públicas, pero están detenidas en este momento, aunque aclaró que “eso no nos puede impedir que tomemos acciones y decisiones en la materia”.
No hay duda, las reformas propuestas en el legislativo pueden ser parte de la solución a problemas como los moches, sobreprecios, entres, comisiones, desvíos, omisiones, complicidades o vistas gordas, solo que en eta ocasión, aunque nunca es tarde para atacar la corrupción, en esta ocasión se estima que llegan demasiado tarde, el daño está hecho, y para que la administración pública se reencuentre con la credibilidad y la confianza ciudadana, para eso habrá que trabajar más. Con propuestas como la de Corichi, sí, pero queda a la siguiente legislatura ese reto y se tendrá que trabajar desde el primer día. Conste.
