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Reforma Energética con potencial para generar más de 900 mil empleos Destacado

28 Jun 2018
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A casi tres años de haberse llevado a cabo la primera ronda petrolera bajo el marco de la Reforma Energética, son 73 compañías provenientes de 20 naciones las que realizan trabajos para la exploración y extracción de hidrocarburos en territorio nacional, gracias a la firma de 107 contratos entre el Estado y empresas petroleras mexicanas e internacionales, además de los tres farmouts de Pemex.

De acuerdo con Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, las inversiones estimadas en el caso de que todas las áreas adjudicadas en los nueve procesos de licitación alcanzaran éxito en todas sus etapas de exploración, ascenderían a más de 160 mil millones de dólares y un potencial para generar más de 900 mil empleos.

Destacó además que estos contratos garantizarán una utilidad promedio al Estado del 74 por ciento sobre la utilidad operativa.

Para el titular de la Sener, la signatura ayer de los 16 contratos de la Ronda 3.1, que puso a disputa 35 áreas contractuales en aguas someras “representa un paso más hacia la consolidación del nuevo modelo de hidrocarburos y se avanza en la tarea de reactivar la actividad en regiones con vocación petrolera”, dijo durante un acto en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Igualmente, con la firma se reafirma la participación de Pemex en el sector al adjudicarse en esta última Ronda seis contratos en consorcio y uno en individual.

Coldwell también señaló que la primera producción de las 16 áreas podría materializarse hacia el año 2022, alcanzando una producción máxima de 264 mil barriles diarios de petróleo crudo equivalente al día en el año 2025, volumen que representaría el 9.7 por ciento de la producción.

Por su parte, Juan Carlos Zepeda, presidente de la CNH, destacó el pago en efectivo por empate de tres de los licitantes ganadores al Fondo Mexicano del Petróleo (FMP), el cual sumó 124 millones 45 mil 220 dólares a sus arcas. Señaló que las garantías de cumplimiento correspondientes a cada contrato suman un total de 331 millones 621 mil 231 dólares, mientras que las garantías corporativas equivalentes a 40 mil millones de dólares.

De cara a la elección presidencial, Alberto de la Fuente, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) señaló que es prioritario que México cuente con seguridad energética para lo cual es vital mantener la disciplina y la continuidad de las rondas de licitación de exploración de hidrocarburos.

“Esto es un requisito para poder garantizar la competitividad del sector y el desarrollo y crecimiento de México”, aseguró.

En ese sentido, Aldo Flores Quiroga, subsecretario de Hidrocarburos de la Sener, calificó como pieza clave dar continuidad al modelo de hidrocarburos actual cuyo propósito se concentra en reactivar la actividad petrolera en México.

“Ya no podíamos seguir en un modelo que descansaba en una sola empresa (…) debemos continuar con éste en el que nuestra empresa nacional sigue siendo clave y un eje para la seguridad energética del país”, sostuvo en entrevista con El Financiero-Bloomberg.

Cuestionado por el futuro y los ánimos que las últimas dos licitaciones a cargo de la administración han generado entre las empresas petroleras, Quiroga señaló que por la Ronda 3.2 hay entusiasmo, así como en la Ronda de Pemex y sus asociaciones, sin embargo, la convocatoria por la 3.3 ha sido difícil por ser una novedad.

“No vamos a bajar la guardia, en términos del entusiasmo y esfuerzo; el gran potencial del país está en los proyectos de no convencionales”, afirmó el subsecretario de Hidrocarburos.

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El apunte del director

  • MAYO 2025

    A días de la elección de jueces, magistrados y ministros, el engrudo no solo se le hizo bolas a la 4T, sino que ya se cuajó con el desastre que ha implicado todo el proceso de selección de los aspirantes que ha encontrado su epítome de la ineptitud con la filtración de ciertos personajes de mala reputación que, incluso, están vinculados con criminales, tal como lo denunció el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el  morenista Gerardo Fernández Noroña, quien reconoció que hubo fallas en los filtros para elegir a los candidatos al Poder Judicial en donde  se incluyeron “perfiles ligados con el narco o con personajes que defendieron públicamente a Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo”.

    Lo denunciado por Noroña tan solo es la punta del iceberg que oculta a licenciados que son promovidos por grupos empresariales, religiosos, partidistas, sindicales y por supuesto del crimen organizado y que, por lo tanto, cuentan, con el respaldo económico y de movilización para ganar la elección en los Circuitos y juzgados en donde fueron promovidos

    Así que “el sistema judicial más democrático del mundo” estará conformado en su mayoría, por juzgadores que resolverán los casos que lleguen a sus manos por consigna y no por un estricto apego al orden Constitucional.

    En este contexto, se alista en los estados y municipios gobernados por el oficialismo a cumplir con sus cuotas de votantes para el día de la elección, es decir, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena y sus aliados políticos, aceitan la maquinaria desde ahora para llevar el mayor número de acarreados el próximo 1 de junio a su cita con la elección más truculenta que haya organizado el INE.

    No obstante que está expresamente prohibido que los partidos políticos intervengan en el proceso de elección de los juzgadores, el gobierno está echando toda la carne al asador sin escatimar recursos públicos para “convencer” a los ciudadanos a acudir a votar.

    Sin ese acarreo del gobierno federal, la elección sería un total fracaso en cuanto a la abstención, sin embargo, con la puesta en marcha de la maquinaria electoral de la 4T se garantiza que acudan a votar entre un 15% y 20 por ciento del padrón electoral, lo que, para efectos del discurso oficial, sería un éxito, aunque sería una de las elecciones con mayor abstención, incluso por arriba de la revocación de mandato de AMLO.

    Como se sabe, los ciudadanos no contarán los votos emitidos en las casillas electorales, sino que, la boletas se concentrarán para que, sean los propios funcionarios del INE quienes realicen el cómputo para determinar a los candidatos ganadores a convertirse en ministros, magistrados y jueces, por supuesto, la mayor parte de ellos alineados a los designios del principal huésped de Palacio Nacional.

    Si consideramos que las arcas del gobierno federal, estatal y municipal están muy acotados en su manejo presupuestal por la escasez de presupuesto, con los gastos extraordinarios que representa la elección judicial, pues  muchas instancias de gobierno están imposibilitados a cumplir con las cuotas asignadas y por lo tanto, ante la negativa de conseguir los recursos necesarios que se requiere para el acarreo, seguramente no se alcanzarán las metas fijadas en cuanto al número de votantes que participen en la jornada electoral.

    El primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum presenta indicios de una recesión económica presidida, ya, de un estancamiento económico que inhibe la generación de empleos y por supuesto de desarrollo económico que incide en la captación tributaria, que es la principal fuente de ingresos que tiene el gobierno para solventar sus gastos.

    En este contexto se les ocurrió la genial idea de reformar el Poder Judicial que no solo acabó con la confianza de los inversionistas en México, sino que le metió más carga fiscal a las atribuladas finanzas públicas.

    Este es el escenario en el cual se va a llevar la farsa de la elección judicial que, en términos de gobernabilidad no aporta nada y en cambio, trastoca todo el sistema judicial a mover toda la estructura del Poder Judicial con la incrustación de jueces de pacotilla a modo del régimen que, en la mayoría de los casos, carecen de la experiencia necesaria para dictaminar con pleno apego a la Constitución.

    Y todavía falta, además de la jornada electoral, observar cómo opera en el día a día, con miles de casos judiciales, el nuevo Poder Judicial con una Suprema Corte de Justicia de la Nación con clara proclividad a la 4T y ciertos magistrados y jueces coludidos con criminales.

    En medio de la salvaje presión ejercida por Donald Trump sobre el gobierno de la presidenta, se mantiene el capricho de llevar a cabo la elección judicial que en el fondo permite consolidar un régimen autoritario alineado a otras dictaduras de la región como Cuba y Venezuela.