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Pide diputado expedir Ley Nacional de Fomento y Protección al Maíz Blanco Destacado

26 Jun 2018
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26-06-2018.- El diputado Evelio Plata Inzunza (PRI), integrante de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, dijo que con el fin de frenar la importación del maíz blanco y generar superávit en su producción, planteó, ante la Comisión Permanente, una iniciativa para expedir la Ley Nacional de Fomento y Protección al Maíz Blanco.

El legislador expuso que el objetivo es contar con un instrumento legal que incentive mayor cultivo e industrialización del grano; además, de garantizar la demanda interna. “Se busca tener precios competitivos y desde luego, soberanía alimentaria, como medida fundamental para alcanzar mayores niveles de desarrollo y bienestar entre la población”.

Puntualizó que México aún presenta déficit en su producción, situación que, ante la demanda creciente, obliga a la importación anual de 1.4 millones de toneladas del grano en promedio.

“Diversas organizaciones nacionales de productores, insisten en la necesidad de poner freno a las importaciones de grano y generar condiciones de precios de garantía realmente competitivos”, afirmó.

El documento, turnado a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego para su análisis, cita que la presente Ley declara a este producto patrimonio alimentario de México y su propósito es fomentar el desarrollo sustentable del grano, promoviendo su productividad y competitividad.

También, normar las actividades asociadas a los procesos de siembra, cultivo, cosecha, industrialización y comercialización del maíz, así como sus productos, subproductos, co-productos y derivados. Señala que son sujetos de esta Ley los productores, industriales y comercializadores de esta planta.

El ordenamiento también plantea establecer mecanismos de protección, en lo referente a su producción, comercialización y consumo como patrimonio alimentario de México; constituir las instituciones y procedimientos para que las autoridades del ámbito federal, de manera coordinada con las entidades federativas y los municipios, tramiten y obtengan las declaraciones correspondientes a la protección del grano.

Además, regular el almacenamiento, distribución y comercialización en cualquiera de sus etapas en materia de sanidad; promover las actividades de comunidades y productores que se dedican al cultivo, e iniciar la conservación, mejoramiento y preservación del hábitat y de las tierras de cultivo.

Las líneas de política para la agroindustria del maíz deberán ser consideradas y previstas en el Programa de Fomento a la Agricultura para productores de maíz y frijol, con carácter especial, contemplando los objetivos, las metas, las estrategias y las líneas de acción propuestas en el mismo.

En términos de lo dispuesto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se propone constituir el Comité Nacional de Fomento y Protección al Maíz Blanco como un organismo público descentralizado, dependiente de la Administración Pública Federal, cuyo objeto será la coordinación y la realización de las actividades previstas en esta ley relacionadas con la agroindustria del maíz. Su domicilio legal sería la Ciudad de México.

Se sugiere crear el Centro de Investigación Científica y Tecnológica del Maíz Blanco para orientar los proyectos de investigación y desarrollo, y otorgarle más competitividad y rentabilidad a la agroindustria del grano.

El diputado Plata Inzunza consideró que de aprobarse la iniciativa se beneficiará al sector maicero, quien año con año, demanda al gobierno aplicar una política de estímulos al cultivo que se caracterice por elevar la productividad, incrementando la siembra y rendimientos a partir de innovaciones tecnológicas.

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El apunte del director

  • MAYO 2025

    A días de la elección de jueces, magistrados y ministros, el engrudo no solo se le hizo bolas a la 4T, sino que ya se cuajó con el desastre que ha implicado todo el proceso de selección de los aspirantes que ha encontrado su epítome de la ineptitud con la filtración de ciertos personajes de mala reputación que, incluso, están vinculados con criminales, tal como lo denunció el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el  morenista Gerardo Fernández Noroña, quien reconoció que hubo fallas en los filtros para elegir a los candidatos al Poder Judicial en donde  se incluyeron “perfiles ligados con el narco o con personajes que defendieron públicamente a Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo”.

    Lo denunciado por Noroña tan solo es la punta del iceberg que oculta a licenciados que son promovidos por grupos empresariales, religiosos, partidistas, sindicales y por supuesto del crimen organizado y que, por lo tanto, cuentan, con el respaldo económico y de movilización para ganar la elección en los Circuitos y juzgados en donde fueron promovidos

    Así que “el sistema judicial más democrático del mundo” estará conformado en su mayoría, por juzgadores que resolverán los casos que lleguen a sus manos por consigna y no por un estricto apego al orden Constitucional.

    En este contexto, se alista en los estados y municipios gobernados por el oficialismo a cumplir con sus cuotas de votantes para el día de la elección, es decir, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena y sus aliados políticos, aceitan la maquinaria desde ahora para llevar el mayor número de acarreados el próximo 1 de junio a su cita con la elección más truculenta que haya organizado el INE.

    No obstante que está expresamente prohibido que los partidos políticos intervengan en el proceso de elección de los juzgadores, el gobierno está echando toda la carne al asador sin escatimar recursos públicos para “convencer” a los ciudadanos a acudir a votar.

    Sin ese acarreo del gobierno federal, la elección sería un total fracaso en cuanto a la abstención, sin embargo, con la puesta en marcha de la maquinaria electoral de la 4T se garantiza que acudan a votar entre un 15% y 20 por ciento del padrón electoral, lo que, para efectos del discurso oficial, sería un éxito, aunque sería una de las elecciones con mayor abstención, incluso por arriba de la revocación de mandato de AMLO.

    Como se sabe, los ciudadanos no contarán los votos emitidos en las casillas electorales, sino que, la boletas se concentrarán para que, sean los propios funcionarios del INE quienes realicen el cómputo para determinar a los candidatos ganadores a convertirse en ministros, magistrados y jueces, por supuesto, la mayor parte de ellos alineados a los designios del principal huésped de Palacio Nacional.

    Si consideramos que las arcas del gobierno federal, estatal y municipal están muy acotados en su manejo presupuestal por la escasez de presupuesto, con los gastos extraordinarios que representa la elección judicial, pues  muchas instancias de gobierno están imposibilitados a cumplir con las cuotas asignadas y por lo tanto, ante la negativa de conseguir los recursos necesarios que se requiere para el acarreo, seguramente no se alcanzarán las metas fijadas en cuanto al número de votantes que participen en la jornada electoral.

    El primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum presenta indicios de una recesión económica presidida, ya, de un estancamiento económico que inhibe la generación de empleos y por supuesto de desarrollo económico que incide en la captación tributaria, que es la principal fuente de ingresos que tiene el gobierno para solventar sus gastos.

    En este contexto se les ocurrió la genial idea de reformar el Poder Judicial que no solo acabó con la confianza de los inversionistas en México, sino que le metió más carga fiscal a las atribuladas finanzas públicas.

    Este es el escenario en el cual se va a llevar la farsa de la elección judicial que, en términos de gobernabilidad no aporta nada y en cambio, trastoca todo el sistema judicial a mover toda la estructura del Poder Judicial con la incrustación de jueces de pacotilla a modo del régimen que, en la mayoría de los casos, carecen de la experiencia necesaria para dictaminar con pleno apego a la Constitución.

    Y todavía falta, además de la jornada electoral, observar cómo opera en el día a día, con miles de casos judiciales, el nuevo Poder Judicial con una Suprema Corte de Justicia de la Nación con clara proclividad a la 4T y ciertos magistrados y jueces coludidos con criminales.

    En medio de la salvaje presión ejercida por Donald Trump sobre el gobierno de la presidenta, se mantiene el capricho de llevar a cabo la elección judicial que en el fondo permite consolidar un régimen autoritario alineado a otras dictaduras de la región como Cuba y Venezuela.