Ahora resulta que nadie agregó el transitorio que señala que la retroactividad en la Ley de Amparo es procedente, aun cuando el artículo 14 Constitucional señale lo contrario.

Parece que fue un duende y no alguien de la oficina de Arturo Zaldivar o de Ernestina Godoy y menos de Adán Augusto, Noroña, Corral o alguien más.

A la misma presidenta de la República le sorprendió que una barrabasada como ésta la hubieran aprobado los senadores del oficialismo, sin reparar la grave contradicción que existe con la Carta Magna.

Con el jalón de orejas dado por la mandataria a los legisladores de Morena, PT y PVEM, seguramente será excluido ese transitorio, aunque ello es pecata minuta, ante todo el dictamen aprobado de la nueva Ley de amparo en donde se hace pedazos a una figura jurídica que era la envidia de todo el mundo, pero que ahora servirá para proteger al Estado ante las inconformidades de los ciudadanos por  acciones arbitrarias del gobierno,   como por ejemplo una  expropiación, daños ambientales o afectación de derechos a comunidades indígenas.

El error de los senadores del oficialismo en torno a la retroactividad de una ley por encima de lo que señala la Carta Magna, pinta de cuerpo entero a estos legisladores quienes ni siquiera se toman la molestia de leer lo que aprueban o desaprueban.

El dictamen de la Ley de Amparo fue turnado a la Cámara de Diputados y se espera  que en esa instancia se modifiquen algunos rubros que son violatorios incluso al T-MEC y otros artículos que son propios de una dictadura como la cubana o la venezolana.

Mientras tanto el Senado de la República aprobó el dictamen con proyecto de decreto para reformar la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y lo envió a la Cámara de Diputados para que continúe con el proceso legislativo.

El  Grupo Parlamentario de MC insistió en el debate parlamentario  que la reforma es regresiva, desnaturaliza el amparo y forma parte de un proceso de aniquilación de los mecanismos de defensa de personas, los colectivos y los derechos humanos, además de que se debilita la figura ante abusos de autoridad.

La emecista  Alejandra Barrales Magdaleno, advirtió que esta reforma aleja a los ciudadanos de los mecanismos de defensa y protección de sus derechos que tenían con la Ley de Amparo y, por el contrario, la modificación fortalece el abuso, los excesos y la arbitrariedad de las autoridades.

Carolina Viggiano Austria, del PRI, acusó que los últimos ajustes al dictamen no modificaron nada sustantivo, con lo que se pretende debilitar al Poder Judicial, anular los contrapesos constitucionales y dar “manos libres” al Ejecutivo para “consolidar un régimen autoritario que desprecia las libertades y que no tolera límites”.

Por el PAN, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, afirmó que la reforma contraviene la Constitución en materia de progresividad de los derechos humanos, pues debilita la suspensión del acto reclamado, cuando el amparo nació para poner un alto al abuso del poder, por ello no fortalece al amparo, sino favorece la concentración de poder en las autoridades y reduce los contrapesos ciudadanos.

En tanto, con la reforma se implementa el uso de las tecnologías de la información para garantizar un juicio de amparo en línea, a través de reglas más uniformes y vinculantes que refuercen las certezas de las partes, en cuanto al valor y equivalencia de los expedientes electrónicos y físicos.

En materia de cumplimiento de las ejecutorias de amparo, se recobró el texto de la ley vigente para que se mantenga la posibilidad de sancionar a los servidores públicos que incumplan las resoluciones de las y los órganos jurisdiccionales, con la intención de velar por la certeza, pues la iniciativa proponía cobrarle al Estado o a la sociedad el pago de la multa.

Aunque en el  mismo texto aprobado se menciona que si carecen de los recursos económicos esos servidores públicos,  no tendrán obligación de subsanar los daños

Al final del día, de nada sirvieron las aportaciones que hicieron los expertos en las audiencias públicas que convocó el senado y menos los reclamos de los legisladores del PAN, PRI  y MC.

La figura del amparo de la 4T avasalla los derechos humanos de los mexicanos.