Van cinco meses de la gestión de la presidenta y cada vez enfrenta más problemas, al tiempo de que se agotan las soluciones. Veamos: mientras que en la Cámara de Diputados los legisladores de Morena alineados a la presidenta, como Alfonso Ramírez Cuellar tratarán de revertir lo aprobado por la colegisladora en torno a la entrada en vigor de la reforma de nepotismo y no reelección hasta el 2030; al regresar a la propuesta original de que sea en el 2027; el escenario nacional e internacional se complica por diversas manifestaciones, entre ellas del magisterio por la molestia por el doble cobro en su cuenta de pensiones y por supuesto los manotazos del Tío Sam, encarnado en Donald Trump, al amenazar con aplicar dos tipos de aranceles; uno, que se aplicará luego del mes de plazo que otorgó el magnate inmobiliario que se vence el 4 de marzo,  relacionados por la incapacidad del gobierno mexicano por frenar los flujos migratorios y el trasiego de drogas sintéticas; y los otros, son de tipo comercial y que se van hasta el 2 de abril.

La visita a Washington de la delegación mexicana en materia económica y de seguridad pública, representa el mayor esfuerzo hecho por nuestro gobierno en los últimos seis años para reestablecer una agenda bilateral que permita alcanzar acuerdos mutuos en ambas materias, además de abrir el dialogo que de paso a una reunión a la brevedad entre  Trump y su contraparte mexicana.

En todo este coctel molotov hay que incorporar lo que subyace en el fondo que impide a la presidenta reencauzar el rumbo de México, luego del desastre heredado por su antecesor; la crisis económica, con un déficit presupuestal asfixiante y con la inseguridad pública en niveles que han puesto en riesgo la gobernabilidad y la relación con el gobierno de Estados Unidos.

A todo esto hay que agregar el inminente colapso de Pemex, sobre todo con el desplome de la producción, la deuda más grande del mundo en el ramo petrolero, la calificación de basura a los bonos que emite y la peor pérdida de la última década alcanzada en 2024, el último año de AMLO, que es del orden de 30 mil millones de dólares y que como se aprecia y más ahora con el tope en el precio de las gasolinas de 24 pesos por litro, pues no se necesita tener habilidades de adivinador para vislumbrar el desastre, aún con la reforma energética aprobada hace unos días por el Congreso.

Van cinco meses de la gestión de  Sheinbaum y se ha notado un viraje de 180 grados en la estrategia de seguridad  con el combate real a los capos de la droga y los criminales de alto rango y ello, de suyo, merece un reconocimiento, ya que el contraste entre la estrategia de abrazos no balazos con el combate real a los delincuentes, es notable y aunque va a llevar años observar resultados reales, se transita por el camino de imponer la fuerza del estado de derecho.

Lo mismo ocurre con la migración ilegal que atraviesa el país para alcanzar territorio estadounidense y que, con López Obrador, se alentó con permitir a los polleros y a las autoridades de migración de imponer tarifas para el cruce, con el resultado que todos conocemos.

Ahora, se redujo el tránsito de ilegales en su intento de ingresar a Estados Unidos

La doctora está jugando con las pocas canicas que tiene y con los pocos colaboradores que le son leales totalmente, ya que, como es del conocimiento público, la gran mayoría de los integrantes de su gabinete, lideres camarales, gobernadores y la cúpula del morenismo, están alineados a  López Obrador,  lo que dificulta de sobremanera la gestión de la presidenta.

Aunque la Jefa del Ejecutivo Federal no quiera, tarde que temprano, tendrá que romper con su mentor y no porque así lo aconseje la comentocracia, sino porque si quiere tener una gestión aunque  sea, medianamente exitosa, debe quitarse el yugo  y la correa de mando.

La luna de miel de la que goza con la ciudadanía se terminará hasta que los recursos públicos empiecen a faltar para fondear los programas sociales que regalan dinero y ello se dará por la recesión económica y por el golpe de los  aranceles que impactarán en la pérdida de empleos formales e informales, inflación y mayor inseguridad pública y con ello, la reducción de ingresos tributarios.