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Desde San Lázaro. La oposición democrática, gana al oficialismo. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

26 Jun 2023
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Desde San Lázaro. La oposición democrática, gana al oficialismo. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://twitter.com/PRI_Nacional

Mientras que López Obrador escogió el camino del “dedazo” mediante la modalidad de la corcholata destapada con la simulación en la aplicación de encuestas, la oposición escoge un camino democrático e incluyente para que, incluso, pueda ser nominado como candidato presidencial alguien de la sociedad civil.

Con el método híbrido anunciado por la alianza Va por México Conformada por el PAN, PRI, PRD y el Frente Cívico Nacional, en donde firmas de respaldo,  encuestas y los resultados de una elección primaria acotada, determinarán al ungido por una oposición a quien solo le faltaría Movimiento Ciudadano para presentarse cohesionadas en los comicios del próximo año; en apariencia se torna más competitivo  el candidato opositor y con posibilidades de ganarle a la corcholata elegida por AMLO.

Y decimos que en apariencia, porque todavía falta constatar que tanto Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, permitirán que el proceso de selección de los finalistas para competir por la candidatura para “la grande”, sea totalmente transparente y no, como siempre, hagan trampa para imponer a algún miembro de su camarilla por encima de otros aspirantes que, en estos momentos, lucen como favoritos  para ganar la nominación.

Se habla que en el PAN todo está pavimentado para que pasen a la siguiente etapa, Santiago Creel y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila; por parte del PRI, no descarte a Enrique de la Madrid,  Miguel Ángel Gurría y Beatriz Paredes,  aunque también se querrá anotar Alito; en tanto, por parte del Frente Cívico Nacional hay que anotar a Lilly Téllez, que aunque es panista no jugará por esta franquicia; al senador del Grupo Plural, Germán Martínez y no hay que descartar a la senadora Xóchitl Gálvez, quien si bien es cierto que pertenece al grupo parlamentario del PAN, lo cierto es que no está afiliada a este partido.

Se mencionan otros nombres de la sociedad civil  que pudieran pasar a la siguiente etapa como Gustavo de Hoyos o incluso, Carlos Loret de Mola, empero, en la realidad, los interesados deben tener un grupo importante de colaboradores y los recursos para, primero, recabar las firmas de 150 mil personas que los respalde; y segundo, tener recursos monetarios importantes para promoverse en los medios de comunicación, en redes sociales y en bardas, espectaculares y otros medios de publicidad, para que la ciudadanía los conozca y los apoye.

Todo lo anterior lo deben hacer con pleno respeto a las leyes electorales que prohíben expresamente hacen campañas políticas anticipadas con recursos públicos o con otro tipo de apoyos económicos, pero vamos, si los de la casa de enfrente llevan por lo menos un año violando estos ordenamientos, porque no hacerlo desde la oposición; total, el INE de Guadalupe Taddei, es omiso cuando se trata de sancionar a Morena y sus corcholatas.

Decíamos que estamos ante un proceso inédito de la oposición en la selección de su candidato presidencial, ya que será a través de unas “elecciones primarias acotadas”, en donde participarían un sector de la población que sea militante de los tres partidos políticos y de las diversas organizaciones civiles que integran el Frente Cívico Nacional.

El resultado de este ejercicio caminará en la delgada fila que divide la simulación y la autenticidad del proceso democrático. De hecho hay más amenazas para que, al final del día, se aborte este método de selección porque desde el oficialismo harán todo lo posible para que fracase.

No hay que olvidar que AMLO tiene incrustado a su Caballo de Troya en los terrenos de la oposición, con Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, que por tratarse de un personaje traicionero por antonomasia, siempre habrá la desconfianza sobre su proceder.

Si todo el proceso de selección y sobre todo el resultado del mismo, da un candidato o candidata de espolones, entonces diremos que, para la elección presidencial nada está decidido, sobre todo si la ciudadanía se decide a participar en las urnas, ya que, como es sabido, a menor abstencionismo, mayor posibilidad de que triunfe la oposición.

Por el bien de la democracia mexicana es deseable que el bloque opositor sorteé con éxito su periplo para escoger a un gran candidato o candidata y con ello, ponga a temblar a la corcholata de la nomenclatura morenista.

Como hemos dicho repetidamente en este espacio, la máxima prioridad del presidente no es pasar a la historia como un mandatario que cumplió con sus responsabilidades y su compromiso para sacar a México de la pobreza, la marginación y la ignorancia, sino de mantenerse en el poder mediante interpósita persona más allá de su sexenio que culmina el próximo 30 de septiembre del 2024.

Por lo menos en este arranque formal que no legal,  de los procesos de selección de aspirantes presidenciales de Morena y sus rémoras y del bloque opositor;  estos últimos le ganaron la partida a López Obrador y su partido político al hacer de la democracia el modo de selección de su abanderado presidencial.

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El apunte del director

  • MAYO 2026
    **PACIFICACIÓN: SIN RENDICIÓN DE CUENTAS, NO HAY RUTA**

    La pacificación de México no admite atajos retóricos ni soluciones parciales. Es un objetivo legítimo, urgente y compartido, pero su cumplimiento exige algo más que despliegues operativos o ajustes discursivos: requiere reconstruir la confianza en las instituciones, cerrar espacios de impunidad y someter al escrutinio público a todos los niveles de gobierno.
    Durante años, la estrategia de seguridad ha oscilado entre la contención y la reacción. Se han fortalecido capacidades, sí, pero el fenómeno criminal ha demostrado una notable capacidad de adaptación. En ese contexto, la discusión de fondo no puede eludirse: ¿cómo garantizar que las autoridades —federales, estatales y municipales— actúen con integridad y sin interferencias indebidas?
    La respuesta pasa por un principio básico en cualquier Estado de derecho: rendición de cuentas efectiva. Esto implica investigaciones independientes, fiscalías con autonomía real, sistemas de inteligencia que funcionen y mecanismos de control que no dependan de la voluntad política del momento. No se trata de señalar sin pruebas, sino de construir condiciones para que cualquier sospecha fundada sea investigada con rigor y transparencia.
    El desafío es mayúsculo porque la percepción de impunidad sigue siendo uno de los principales factores que erosionan la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no se aplican de manera uniforme, que hay zonas grises o que ciertos actores están fuera del alcance de la ley, la confianza se diluye. Y sin confianza, cualquier política de seguridad está condenada a resultados limitados.
    En este punto, la coordinación entre niveles de gobierno es indispensable. La seguridad no es una competencia exclusiva de la federación ni puede resolverse desde un solo frente. Los estados y municipios juegan un papel central, tanto en la prevención como en la reacción. Sin embargo, esa coordinación debe ir acompañada de estándares claros y de la capacidad de intervenir cuando estos no se cumplen.
    La cooperación internacional también es un componente clave. México no enfrenta este problema en aislamiento. El tráfico de drogas, armas y dinero ilícito es transnacional por definición. De ahí que la colaboración con socios estratégicos deba centrarse en inteligencia, control de flujos financieros y combate a redes logísticas, más allá de discursos o tensiones coyunturales.
    Pero incluso con mejores herramientas y mayor coordinación, la pacificación no será posible si no se atienden las causas estructurales que alimentan la violencia. Desigualdad, falta de oportunidades, debilidad institucional y economías locales capturadas por el crimen forman parte del ecosistema que permite la reproducción del problema. Ignorarlos sería perpetuar el ciclo.
    El reto para el gobierno federal es doble. Por un lado, sostener una estrategia de seguridad eficaz y medible. Por otro, enviar señales claras de que no habrá tolerancia para conductas indebidas dentro del propio aparato estatal. Esto último es particularmente sensible, porque implica asumir costos políticos en aras de fortalecer el Estado de derecho.
    La narrativa importa, pero los resultados importan más. La pacificación no se decreta: se construye con instituciones que funcionen, con justicia que llegue a tiempo y con autoridades que rindan cuentas. En esa ecuación, el combate a la impunidad es el factor decisivo.
    El país no necesita más promesas grandilocuentes, sino una hoja de ruta clara, con metas verificables y mecanismos de seguimiento. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, no se conforma con diagnósticos. Exige soluciones.
    En síntesis, la pacificación de México pasa por un principio irrenunciable: nadie por encima de la ley y todos sujetos a escrutinio. Sin esa base, cualquier estrategia será, en el mejor de los casos, insuficiente. Con ella, se abre la posibilidad real de avanzar hacia un país más seguro y más justo.