Siete de cada diez mexicanos consideran que el Instituto Nacional Electoral no es independiente, mientras que ocho de cada diez perciben corrupción extendida en su interior. Esta radiografía, presentada por la encuesta de EL UNIVERSAL, exhibe la magnitud de la crisis de credibilidad que enfrenta el árbitro electoral a escasos siete meses de las elecciones intermedias de 2027.

Los números son contundentes. El 68.6 por ciento de los entrevistados considera que el INE carece de independencia y actúa bajo la influencia de algún partido político o del gobierno; 62.2 por ciento manifiesta poca o ninguna confianza en su capacidad para organizar elecciones, mientras que 79.2 por ciento percibe corrupción muy o algo extendida en el manejo de los recursos y contratos del Instituto.

No se trata de pruebas de corrupción ni de subordinación gubernamental, sino de percepciones ciudadanas. Sin embargo, para una institución cuya principal fortaleza debe ser la confianza pública, esos porcentajes representan una advertencia institucional que no puede desestimarse.

La crisis tiene antecedentes políticos que se remontan al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando el entonces presidente sostuvo una confrontación permanente con el INE encabezado por Lorenzo Córdova y con consejeros como Ciro Murayama. Aquella disputa incluyó cuestionamientos a sus decisiones, críticas a sus integrantes y propuestas para modificar la estructura y el funcionamiento del organismo.

Desde el oficialismo se argumentaba que era necesario reducir costos y transformar una autoridad electoral considerada excesivamente onerosa. Los críticos de la 4t sostenían por su parte, que el gobierno pretendía acabar con la autonomía conquistada mediante sucesivas reformas democráticas.

Posteriormente llegó Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, mediante el procedimiento de insaculación realizado en la Cámara de Diputados en 2023. Su designación despertó cuestionamientos por sus vínculos políticos y familiares con figuras cercanas a Morena, así como por la relación que distintos actores políticos le atribuían con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Tales antecedentes alimentaron sospechas sobre su independencia.

Durante su administración también se produjo una reforma legislativa que amplió las facultades de la presidencia para designar directamente a funcionarios estratégicos, reduciendo la intervención colegiada del Consejo General. Aquella concentración de atribuciones generó controversias internas y abrió una discusión sobre los límites que deben existir dentro de un organismo constitucional autónomo

Ahora que ya se destapó la cloaca de Taddei, pues todo se ha ido al caño.

Las investigaciones sobre irregularidades en contrataciones, adjudicaciones y relaciones con proveedores durante la gestión de Taddei han profundizado los cuestionamientos. La renuncia de la expresidenta y la reorganización administrativa posterior obligan a esclarecer responsabilidades.

De acuerdo con la misma encuesta, 63 por ciento de los entrevistados se siente poco o nada seguro de que el INE pueda garantizar elecciones limpias y transparentes. Además, 33.8 por ciento afirma que su opinión sobre el Instituto empeoró durante los últimos meses.

A esta crisis se añade el problema presupuestal.

La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 con una reducción cercana a seis mil millones de pesos respecto de lo solicitado por el INE. La asignación deberá financiar sus actividades ordinarias, la organización de los comicios y las obligaciones relacionadas con los partidos políticos.

El recorte ocurre cuando estarán en disputa las 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y numerosos cargos locales. La dimensión de la elección exige recursos para capacitación, instalación de casillas, actualización del padrón, fiscalización y operación de sistemas electorales.

El conflicto laboral añade otra presión. Miles de trabajadores de los módulos de atención ciudadana han expresado inconformidades por sus remuneraciones y condiciones de trabajo. La atención de esas demandas requiere soluciones administrativas y presupuestales, especialmente porque los módulos cumplen funciones esenciales para garantizar el derecho al voto.

Frente a este panorama, la presidenta provisional Blanca Cruz García enfrenta el desafío de recuperar la colegialidad en las decisiones, reorganizar la estructura administrativa y garantizar que las investigaciones sobre presuntas irregularidades avancen sin afectar la operación del organismo.

También corresponde al Congreso revisar si las facultades extraordinarias otorgadas a la presidencia del INE deben permanecer vigentes o regresar al Consejo General, como han propuesto legisladores de distintas fuerzas políticas.

Una democracia necesita algo más que urnas, boletas y funcionarios electorales: requiere ciudadanos convencidos de que su voto será contado correctamente y de que las reglas se aplicarán por igual a todos los contendientes.

Está en riesgo legitimidad de todo el sistema electoral mexicano.