La guerra de acusaciones entre Morena y la oposición, desatada por el escándalo de presunta corrupción que terminó con la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral, apenas constituye el prólogo de lo que veremos durante los próximos meses, conforme se acerquen las elecciones intermedias de 2027. Una confrontación política en la que los partidos buscarán trasladar a sus adversarios las responsabilidades por las irregularidades denunciadas, mientras el verdadero problema, la pérdida de confianza en el árbitro electoral, amenaza con quedar sepultado bajo toneladas de propaganda y descalificaciones.

Lo cierto es que a Guadalupe Taddei la puso Andrés Manuel López Obrador al frente del INE a recomendación de Alfonso Durazo, lo demás es una mafufada de los asesores de la presidenta para endilgarle a la oposición los daños de este caso de corrupción que, junto con el huachicol fiscal, es uno de los casos más escandalosos de corrupción de la historia moderna de la política mexicana.

El asunto adquiere una dimensión mayor porque en junio de 2027 no solamente estarán en disputa 17 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados. También se definirá si Morena y sus aliados conservan una mayoría legislativa capaz de aprobar reformas constitucionales sin necesidad de negociar con los partidos opositores. Allí se encuentra uno de los principales intereses políticos de la próxima elección y la razón por la cual resulta indispensable revisar lo ocurrido en 2024.

Conviene recordar los números. En las elecciones federales del 2 de junio de 2024, Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo obtuvieron una mayoría amplia de votos y triunfos distritales. Sin embargo, la integración final de la Cámara de Diputados produjo una controversia sobre los límites constitucionales de la sobrerrepresentación, particularmente por la diferencia entre el porcentaje de sufragios de la coalición y el número de curules que terminó ocupando.

El bloque oficialista alcanzó 364 de las 500 diputaciones, equivalentes a 72.8 por ciento de la Cámara, mientras su votación nacional emitida para efectos de representación proporcional fue de aproximadamente 58.39 por ciento. La diferencia provocó un intenso debate jurídico y político, pues la Constitución establece límites de sobrerrepresentación para los partidos, pero la interpretación aplicada por las autoridades electorales los examinó individualmente y no como una coalición.

Ésa fue la clave.

El INE distribuyó las 200 diputaciones de representación proporcional conforme a la fórmula legal vigente. Morena recibió 75, el Partido Verde 20 y el PT 13. Sumadas a sus victorias de mayoría relativa, esas asignaciones permitieron al bloque oficialista superar ampliamente las dos terceras partes de la Cámara, necesarias para aprobar reformas constitucionales cuando se encuentran presentes sus 500 integrantes.

Los partidos opositores impugnaron la distribución al considerar que permitía una sobrerrepresentación excesiva de la coalición gobernante, sin embargo, El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de Mónica Soto y los Felipes, confirmó la asignación, al aplicar los límites previstos para cada partido político.

El antecedente es fundamental porque demuestra con las artimañas del oficialismo, que ganar una mayoría de votos no equivale necesariamente a obtener el mismo porcentaje de escaños, dicen que en los sistemas electorales mixtos, las victorias distritales, los convenios de coalición y las fórmulas de representación proporcional pueden producir diferencias significativas entre sufragios y curules. Precisamente por eso las reglas de asignación y su interpretación deben ser conocidas y discutidas antes de las elecciones, no improvisadas después de conocer sus resultados.

Ahora Morena enfrenta el desafío de conservar su fuerza legislativa en 2027, mientras PAN, PRI y Movimiento Ciudadano intentarán modificar la correlación de fuerzas.

Hay que decirlo con todas sus letras el oficialismo requiere tener el total control del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que, en caso de ser necesario, torcer la ley como se hizo en el 2024 para darle la mayoría calificada en la Cámara Baja a Morena y sus aliados políticos, PT y PVEM.

La elección de 2027 pondrá a prueba mucho más que la capacidad de los partidos para conservar o conquistar diputaciones. También examinará la fortaleza de las instituciones encargadas de transformar los votos en representación política.

En 2024, la interpretación de las reglas de sobrerrepresentación fue determinante para la integración de la Cámara de Diputados. En el Senado, las incorporaciones posteriores permitieron modificar la correlación de fuerzas inicialmente surgida de las urnas. Ambos antecedentes explican por qué la disputa por la mayoría calificada volverá a ocupar un lugar central en el debate público.