La resolución aprobada por unanimidad en la Organización de los Estados Americanos para exigir al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la celebración de elecciones libres, la liberación incondicional de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades civiles en Nicaragua colocó nuevamente al gobierno de Claudia Sheinbaum frente a una de las mayores contradicciones de su política exterior: invocar la soberanía y la no intervención cuando se trata de gobiernos ideológicamente cercanos, mientras proclama simultáneamente su compromiso con la democracia y los derechos humanos.

La OEA fue contundente. Además de reclamar elecciones libres, justas e inclusivas, exigió conocer el paradero de los desaparecidos, recuperar la separación de poderes y devolver la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella. El organismo estableció además un mecanismo para dar seguimiento a la crisis nicaragüense. No estamos hablando de diferencias ideológicas entre izquierdas y derechas, sino de principios elementales de cualquier democracia.

México decidió no acompañar la resolución.

Alejandro Encinas, representante mexicano ante la OEA, tuvo que construir una complicada argumentación diplomática para explicar que nuestro país manifiesta “profunda preocupación” por la decisión de Ortega de cancelar futuros comicios, pero al mismo tiempo rechaza que la situación nicaragüense pueda ser considerada una amenaza para la paz y la seguridad hemisféricas.

El argumento mexicano es que caracterizar de esa manera la crisis podría abrir la puerta a acciones que excedieran las facultades de la propia OEA y vulneraran la soberanía nicaragüense. Encinas apeló al artículo 89 constitucional, a la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y a la solución pacífica de controversias.

Jurídicamente puede discutirse esa posición. Políticamente resulta mucho más difícil explicar por qué México no pudo acompañar una resolución que exige algo tan elemental como devolverles a los nicaragüenses el derecho a elegir a sus gobernantes.

Porque la soberanía no puede convertirse en patente de corso para atropellar derechos humanos.

Daniel Ortega y Rosario Murillo han concentrado el poder mientras las libertades políticas y civiles han sufrido severas restricciones. Nicaragua abandonó formalmente la OEA en noviembre de 2023 y recientemente el gobierno prohibió a la oposición participar en futuras elecciones. La resolución aprobada el viernes precisamente intenta abrir una vía diplomática para recuperar condiciones electorales y libertades públicas.

La pregunta para el gobierno mexicano es sencilla: ¿hasta dónde llega la no intervención cuando un gobierno cancela elecciones?

México no necesita promover intervenciones militares, sanciones indiscriminadas ni operaciones para cambiar gobiernos extranjeros. Puede defender escrupulosamente el principio de no intervención y, simultáneamente, condenar sin ambigüedades la persecución de opositores, exigir la libertad de presos políticos y reclamar elecciones auténticas.

Ahí aparece inevitablemente Cuba. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha mantenido la tradicional cercanía de la Cuarta Transformación con La Habana y ha defendido el fin del embargo estadounidense. México está en todo su derecho de hacerlo y existe un amplio debate internacional sobre los efectos de esas sanciones, pero esa posición tampoco debería impedirle exigir respeto a las libertades políticas y los derechos humanos dentro de la isla.

Venezuela agrega otra dimensión al problema. Estados Unidos realizó el 3 de enero una operación militar para capturar y trasladar a Nicolás Maduro fuera del país, una intervención cuya legalidad internacional ha sido seriamente cuestionada. Pero rechazar una intervención extranjera tampoco obliga a ignorar los abusos y déficits democráticos que previamente existían bajo el gobierno venezolano.

Ese debería ser precisamente el principio rector de México: ni intervenciones extranjeras ni complacencia con gobiernos autoritarios.

Los derechos humanos no pueden depender de la orientación ideológica del gobierno que los vulnera.

Si México condena legítimamente abusos cometidos por gobiernos de derecha, tendría que mantener la misma exigencia frente a gobiernos que se reivindican de izquierda. De lo contrario, la política exterior deja de estar basada en principios universales y comienza a percibirse como una política de afinidades.

La posición adoptada por Alejandro Encinas en Washington refleja esa incómoda contradicción. México reconoce que la cancelación de elecciones en Nicaragua es preocupante, pero decidió apartarse de una resolución internacional que precisamente exige recuperarlas.

La defensa de la soberanía es indispensable. También lo es la no intervención.

Pero ninguna de las dos debería convertirse en excusa para guardar silencio frente a la supresión del voto, los presos políticos, los desaparecidos o la eliminación de las libertades civiles.