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Desde San Lázaro. El cinismo de la 4T. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

04 Sep 2026
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Desde San Lázaro. El cinismo de la 4T. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/InzunzaCazarez

Con la simulada renuncia a las filas legislativas de Morena, se pavonea en los pasillos de la sede de la Cámara de Senadores con una sonrisa burlona y con la autosuficiencia que da la protección de Palacio Nacional. Ese es el senador Enrique Inzunza, quien es acusado por cortes norteamericanas de estar coludido con grupos criminales y no obstante ello, luce confiado de que las acusaciones de los gringos se las pasará por el arco del triunfo.

Por supuesto el escarnio público en torno a su persona ha puesto una loza en su carrera política que ya se vio frustrada por el dedo flamígero de la justicia que provocó el perder la oportunidad de suceder a Rubén Rocha Moya en la gubernatura, ya que era el personaje más aventajado para alcanzar la candidatura de Morena y sus aliados para competir por la máxima posición política de Sinaloa.

De estar en las puertas del cielo ha caído a la antesala del infierno, ya que tarde que temprano los lazos de la justicia lo alcanzarán, mientras tanto, que goce del fuero que le otorga ser senador y de contar con la protección del obradorato, porque tan solo es cuestión de tiempo para estar en las cortes de Nueva York

Estamos ante un país de cínicos en donde se fustiga la ostentación, pero cotidianamente nos enteramos de los excesos de los miembros del oficialismo en eso de meterle mano al presupuesto y del tráfico de influencias.

Basta ver las andanzas de Andy López Beltrán y carnales para ratificar que eso de que son diferentes al PAN y el PRI, pero que en la realidad son peores y tal como lo hace Inzunza, hacen gala del derroche con recursos públicos y con la ganancia que obtienen de pingues negocios al amparo del poder, como precisamente el huachicoleo fiscal que se ha constituido como el delito que más ha dañado al erario por un monto que se antoja conservador de 600 mil millones de pesos.

No obstante, las graves imputaciones que pesan sobre el junior, este sigue haciendo sus bacanales con amigos empresarios que lo han usado para acrecentar su patrimonio mediante el otorgamiento de contratos públicos.

El ecosistema de amigos –parodeando a Luisa María Alcalde- que ha creado Andy en diversas dependencias de gobierno, permite a todo el clan operar adjudicaciones directas en favor de los cuates, al tiempo de vigilar que los negocios que han echado a andar caminen sin ningún contratiempo.

Mientras que en los informes gubernamentales de la 4T se presume de la austeridad y la humildad, en la realidad, aparece el uso frecuente de aeronaves privadas para su uso y el consumo de artículos de lujo que no corresponden a sus emolumentos y menos al nivel de vida que debe tener un servidor público que debe ubicarse en la justa medianía, tal como lo advertía el Benemérito de las Américas, Benito Juárez.

El amor, el poder y la riqueza no se pueden ocultar y tal vez por ello, transciende los excesos de una nueva clase gobernante que luce inepta en las tareas de gobernar, pero muy eficiente en eso de crear una riqueza inexplicable en muy corto tiempo.

Basta decir que Andy no tenía trabajo hace ocho años y ahora se da el lujo de pasearse por el mundo y de consumir las mejores viandas y los vinos más exquisitos con costos que son prohibitivos para el grueso de la población.

El apotegma de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, en realidad quiere decir, “chíngate todo lo que puedas porque los que vienen son más rateros”.

En dos años del actual gobierno en realidad no se ha visto en hechos palpables que el combate a la corrupción y la impunidad vaya en serio y menos, se ha visto sancionar a funcionarios públicos de Morena que están coludidos con los narcos.

La etiqueta impuesta por el presidente Trump a los cárteles de la droga y sus protectores en el gobierno como narcoterroristas, posibilita a que se les persiga con todo el poder militar de Estados Unidos, sin importar que se asienten en México o en otros países del mundo.

Si Andrés Manuel López Obrador y su estirpe, Rubén Rocha Moya, Adán Augusto López, Enrique Inzunza y otros gobernadores creen que han logrado librar la justicia, pues sencillamente están equivocados.

El tiempo pondrá a cada quien, en su lugar, mientras tanto seguirán sangrando las arcas públicas y haciendo negocios a costa del dinero de todos los contribuyentes.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.